Exhibir las cuentas de funcionarios o autoridades es un acto de responsabilidad pública, mucho más si están ligadas a negocios que de un modo u otro comprometan su gestión.

Si un ministro de Defensa tiene una fábrica de armas y esta le vende al Estado sus productos, hay un conflicto muy grave de intereses.

Si un alcalde preside una firma inmobiliaria y con su gestión obtiene información privilegiada para sus socios, evidentemente hay un factor ético en juego, más allá de las repercusiones legales.

Por encima de la coyuntura y del conflicto político actual, no puede ni debe quedar duda alguna sobre lo que hacen las autoridades ni en sus cargos ni en sus negocios particulares.

Eso ha sido un tema de larga reflexión política. Si alguien considera que se lo persigue por exigirle transparentar sus negocios particulares al ser autoridad pública se crea un pésimo precedente. Lo prudente y sano será -siempre- mostrar las cuentas personales, dejar a un lado los negocios particulares o simplemente desvirtuar con documentos la cero vinculación entre la gestión y esos negocios particulares. (O)