Ayer, a través de una rueda de prensa, Sandra Naranjo, titular de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades); Omar Bello, coordinador de la unidad de Desarrollo Sustentable y desastres de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal); Diego Zorrilla, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador (ONU); y José Rosero, director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), presentaron los resultados de la estimación de los impactos del evento sísmico del 16 de abril y el costo de la reconstrucción.

Durante el evento, la ministra Naranjo señaló que se requerirán $ 3.344 millones para solventar los costos de reconstrucción. De este monto, el 67% ($ 2.253 millones) será asumido por el sector público y el 33% ($ 1.091 millones) por el sector privado.   

La valoración del costo emergió de una metodología internacional

Aquellas cifras surgieron mediante una ‘Evaluación Posdesastre de Necesidades’ (PNDA, por sus siglas en inglés), que se realizó durante 6 semanas con el apoyo técnico de 45 expertos nacionales e internacionales de la Cepal, la ONU, la Unión Europea (UE) y el Banco Mundial.  

El monto calculado por este equipo multitécnico es similar al estimado por el  Gobierno Nacional y que motivó la expedición de la ‘Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas’.

En el proyecto de ley enviado a la Asamblea Nacional por el Ejecutivo, se estimaba que los costos de la reconstrucción estarían en el rango de $ 2 mil millones y $ 3 mil millones, es decir, en un equivalente entre el 2% y 3% del Producto Interno Bruto (PIB).

La metodología PNDA contempló el costo de la restitución mejorada de los activos dañados o destruidos; las pérdidas por los bienes que se dejaron de producir y por los servicios que se dejaron de prestar; y los costos adicionales equivalentes al gasto para la primera recuperación. Entre estos últimos se encuentran los rubros  requeridos para restablecer los sistemas de salud y educación mediante iniciativas como la implementación de unidades médicas y escuelas móviles.

El levantamiento de información partió de una recolección primaria de datos realizada por los distintos ministerios. También se requirió la implementación de dos instrumentos por parte del INEC. El primero fue una encuesta dirigida a empresas agrícolas, ganaderas, pesqueras, acuícolas, comerciales, manufactureras, hoteleras y restaurantes.             

El segundo consistió en el ‘Registro Único de Damnificados’ que se efectuó en albergues, refugios y viviendas de los damnificados. Además, el equipo multitécnico liderado por Senplades mantuvo reuniones con los principales actores de los sectores sociales, productivos y políticos.

Entre ellos, se encontraron los titulares de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), empresarios y representantes de las cámaras de la producción.

La evaluación proporciona una guía para la reconstrucción  

A partir de los resultados de la PNDA, se estima que la siguiente etapa de la reconstrucción podría tomar entre meses y años, según las características de cada sector. “Más allá de las cifras macro está el impacto social que ha tenido el desastre sobre las familias y la comunidad. Por ello quisiera comprometer el apoyo continuado del sistema de Naciones Unidas y los socios de cooperación para apoyar al Estado en los proceso de recuperación y reconstrucción”, dijo Zorilla.

El ‘Plan para Reconstruir Mejor las Zonas Afectadas’ estará orientado a aumentar la resiliencia y a disminuir la vulnerabilidad de los territorios.

Por esta razón, entre las consideraciones de la política pública se encuentran: promover la construcción de infraestructuras con tecnología antisísmica; evitar los asentamientos en zonas de riesgo; y promover el mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado. Para esto último se harán ajustes a la planificación que ya existía en los GAD.

El estudio presentado por Senplades considera la diferencia entre los costos de una reconstrucción similar a la que existía antes del terremoto versus una que incorpore mejoras. Una reconstrucción en las condiciones originales sería de $ 2.500 millones, mientras que lo establecido para incorporar ajustes es de $ 3.344 millones.  

Las zonas afectadas tenían condiciones precarias

Durante su exposición, la ministra Naranjo resaltó que Manabí y Esmeraldas ya eran altamente vulnerables antes del sismo. Según la ‘Encuesta de Condiciones de Vida 2014’, la pobreza por consumo en Esmeraldas era del 43,1% y en Manabí del 31,3%.

En ambas provincias, solo la mitad de  la población tenía acceso a agua de la red pública y más del 85% de las viviendas carecía de techos construidos con hormigón.

Esta situación de vulnerabilidad apareció reflejada durante y después del terremoto. Según los datos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), se registran 85.532 personas afectadas por el siniestro, 663 fallecidos, 12 desaparecidos, 4.859 personas atendidas durante las 72 primeras horas y 80.000 desplazados por pérdida o daño de su vivienda.

El PIB disminuiría en 0,7 puntos porcentuales a causa del sismo

Sin considerar las políticas activas para la reconstrucción, se estima que el impacto del sismo generará una variación de -0,7 puntos porcentuales en el crecimiento del PIB esperado para 2016. Además, a nivel nacional, se prevé una pérdida del 0,26% del stock de capital.

En cambio, en Manabí, donde se concentra el 95% de los daños, se espera una reducción de 9,8 puntos porcentuales del PIB provincial y una pérdida del 4,5% de su stock de capital durante 2016.

En términos de empleo, el estudio concluyó que se perdieron 21.823 puestos de trabajo formales e informales a causa del sismo. Esto implica que la tasa de desempleo incrementaría en 3,45 puntos porcentuales en Manabí.

En cuanto a las exportaciones, el sector camaronero es uno de los más golpeados y tendría una reducción de $ 35 millones en ventas en 2016. También se indicó que se requerirán $ 175 millones para las importaciones adicionales necesarias para la actividades de recuperación.

Los sectores social y productivo registran las mayores pérdidas

Según la evaluación efectuada por el equipo de especialistas, con respecto al total de los costos, el 41% corresponde al sector social ($ 1.369 millones), el 31% al sector productivo ($ 1.032 millones), el 26% al sector de infraestructuras ($ 862 millones) y el 2% a otros sectores ( $ 81 millones).

En el sector social, el 48% de los costos corresponde a vivienda, el 32% a educación, el 17% a salud y el 39% a patrimonio.  

En el sector productivo, el 22% de las perdidas será asumido por el sector público y el 78% por el sector privado. Las pérdidas en las actividades comerciales suman $449 millones en agricultura; silvicultura y caza representan $ 316 millones; en manufactura $ 170 millones; y en servicios turísticos $ 97 millones.

En lo relativo a infraestructura, los costos de reconstrucción serán asumidos en un 92% por el sector público. En este sector, se perdieron 83 kilómetros de vías cuya reparación y reconstrucción implicará $ 244 millones. También se registraron afectaciones en el puerto y aeropuerto de Manta.  

En agua y saneamiento se calcula un valor de $ 269 millones para la reconstrucción; en electricidad, $ 196 millones, y en telecomunicaciones, $ 153 millones. Los costos de seguridad y atención a la emergencia así como los relacionados con el medio ambiente suman $ 81  millones y están siendo canalizados por el Estado.

$ 1.060 millones provendrán de financiamiento externo  

Para solventar los costos de la reconstrucción y las pérdidas ocasionadas por el sismo, se estima que las necesidades de financiamiento  ascienden a $ 2.253 millones.

De este total, $ 1.000 millones provendrán de los recursos recaudados a través de la Ley de Solidaridad, $ 660 millones saldrán de líneas de créditos contingentes proporcionadas por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF); $ 400 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI); y $ 193 millones emanarán del Presupuesto General del Estado (PGE) y otras fuentes, una de las cuales son los seguros contratados.  

Para promover la reactivación del sector productivo, el Estado ha abierto líneas de crédito específicas entre las que se encuentran las iniciativas de la Corporación Financiera Nacional (CFN) y BanEcuador.

Al finalizar el encuentro con los medios de comunicación, la ministra Naranjo destacó que la reconstrucción de las zonas afectadas será  una tarea compleja que solo podrá lograrse con el esfuerzo conjunto de los sectores público y privado. También señaló que, para fomentar alternativas de reactivación económica, se privilegiará la contratación de trabajadores locales y empresas nacionales durante el proceso de reconstrucción.     

Entre los mecanismos para transparentar la inversión que se efectuará en las zonas afectadas se prevé que el Ministro de Finanzas realice una rendición de cuentas trimestralmente para informar cómo se están ejecutando los recursos que provengan de los mecanismos tributarios contemplados en la Ley Solidaria. (I)