El jueves se prevé que el pleno de la Asamblea Nacional analice en primer debate el proyecto original de Ley de Crecimiento Económico que envió el Ejecutivo el 18 de octubre de 2019.

Esto después de que en la Comisión de Régimen Económico y Tributario, donde se analizó el documento, no  se llegara a “un acuerdo sobre una propuesta de texto del articulado que cuente con mayoría”.

Así lo indica el informe  aprobado por esta mesa legislativa el lunes. El escrito, que contiene recomendaciones, explicaciones y opiniones, tanto de los miembros del organismo legislativo como de todos los comparecientes que acudieron al llamado de los asambleístas, será adjuntado al proyecto de ley.

Patricio Donoso (CREO), miembro de la Comisión, dijo a este diario que los legisladores escucharon a más de 60 personas, entre actores públicos y privados, de por lo menos 42 organizaciones.

Y si bien no llegaron a acuerdos en todo el contenido del proyecto, hubo puntos con los que sí coincidió  la mayoría.

Por ejemplo, apoyaron la eliminación del anticipo del impuesto a la renta (IR) y la remisión de intereses, recargos, multas y gastos administrativos de los becarios.

Otros acuerdos a los que llegaron fue poner una tasa de 4,99% a 25 años plazo a los créditos hipotecarios del sector agrícola, así como disminuir la discrecionalidad del Gobierno en la modificación del Presupuesto General del Estado del 15% al 5%, durante su ejecución.

El proyecto de ley establece varias reformas con las que el Ejecutivo pretende -entre varios objetivos- aumentar la recaudación tributaria e incentivar el emprendimiento.

Pese a que hubo algunos acuerdos, la Comisión consideró importante escuchar los puntos de vista del resto de legisladores de la Asamblea.

El asambleísta Luis Pachala (CREO), miembro de la mesa, aseguró que si no se enviaba el informe al pleno en cumplimiento de los plazos dispuestos, había la posibilidad de que el documento entrara por el ministerio de la ley y fuera aprobado sin ninguna modificación.

“No podemos permitir que un proyecto pase sin la discusión necesaria, sin recoger la opinión de todos”, comentó  Donoso. 

La legisladora Gabriela Larreátegui (SUMA), también integrante de la Comisión, dijo a EL TELÉGRAFO que justamente por la premura del tiempo, pues es un proyecto de carácter económico urgente, no se cambió nada del documento original, sino que más bien se le adjuntaron todas las posiciones, sugerencias y quejas.

“Se votó por un informe con el fin de que baje al pleno y ahí se hagan todas las discusiones y debates correspondientes porque finalmente es el pleno el que va a decidir qué camino toma la ley”, dijo Larreátegui.

Cambios sugeridos por los miembros de la Comisión

Los asambleístas coincidieron en que se trata de un proyecto de ley que se puede perfeccionar, de modo que propusieron la ejecución de cambios.

Donoso, por ejemplo, cree que se debe eliminar por completo el impuesto a la salida de divisas (ISD).

El proyecto plantea disminuir del 5% al 2,5% el ISD a la importación de insumos, materias primas y bienes de capital. Quienes apliquen esta reducción ya no accederán al crédito tributario ni podrán solicitar la devolución de impuestos.

Larreátegui dijo que la eliminación de esta propuesta es uno de los principales pedidos del sector productivo.

Sus representantes solicitaron que si no se elimina el ISD es mejor que se quede como se aplica actualmente.

Donoso también plantea que se cambie el impuesto de $ 0,10 a cada funda plástica.

Propone que se lo haga de forma progresiva entre $ 0,03 y $ 0,10 según el tamaño de la funda.

Si bien los legisladores aprueban que el Banco Central del Ecuador (BCE) sea independiente, Pachala comentó que debe haber “pesos y contrapesos” al interior del directorio que se propone en el proyecto. 

Considera que los cinco miembros del directorio del BCE deben ser asignados por la Asamblea y no por el Presidente de la República, como plantea el proyecto.   

Donoso cree que el primer debate del proyecto por parte del pleno finalizará el 9 de noviembre para que el documento regrese a la Comisión.

Allí se elaborará el nuevo escrito y se lo enviará antes del 16 de noviembre para que pase a segundo debate en el pleno. (I)