Un informe más consensuado sobre el proyecto de Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria llegará al pleno de la Asamblea la próxima semana para el segundo debate.

Este jueves 5 de diciembre de 2019 la Comisión de Régimen Económico aprobó el documento con 10 votos favorables (AP, SUMA, CREO y RC), y dos en contra (PSC).

El nuevo proyecto fue enviado a la Asamblea por el Ejecutivo el 21 noviembre, en reemplazo al proyecto de Ley de Crecimiento Económico, archivado el 17 de noviembre.

Su amplio análisis contó con la participación de gremios, organizaciones y actores privados. Diferentes autoridades, sobre todo del Ministerio de Finanzas y del Servicio de Rentas Internas, también acudieron a la Asamblea a explicar las bondades del proyecto legal.

El presidente de la mesa legislativa, Daniel Mendoza, agradeció a las bancadas y a quienes se sintonizaron y escucharon las demandas de los ecuatorianos.

El legislador explicó que se agregaron tres nuevos temas para el debate final del pleno: el 50% de deducibilidad de pólizas para créditos; el refinanciamiento de la deuda pública externa y la renegociación de la deuda pública interna del país.

Gabriela Larreátegui (SUMA) destacó la inclusión de la reducción del 15% del impuesto a los consumos especiales (ICE) a los  vehículos que tienen más de dos seguridades, como parte de una política pública de prevención de accidentes en las vías.
“El objetivo es lograr que estos carros bajen de precio e importarlos”, señaló.

La iniciativa incluye la exoneración de impuestos a vehículos que fueron chatarrizados, retenidos, o perdidos por accidentes y  siguieron generando impuestos. “Con esta ley vamos a solucionar este problema”, aseguró. El informe conserva los principales puntos propuestos por el Ejecutivo, como es la remisión de multas e intereses para los créditos estudiantiles.

Asimismo, la exoneración del 100% del capital, intereses y multas correspondientes al copago a los beneficiarios de los programas de construcción o reconstrucción de sus viviendas, luego del terremoto de 2016. Además se mantiene la eliminación del anticipo del impuesto a la renta en favor del sector productivo.

Adicionalmente, las empresas de Imbabura, Bolívar, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Cañar y Loja recibirán un descuento del 10% del impuesto a la renta. El beneficio aplica a aquellas que pertenecen a los sectores agrícola, ganadero, agroindustrial y turismo, perjudicados por el paro nacional.

Los asambleístas también apoyan la contribución única que cancelarán las compañías que hayan facturado más de $ 1 millón en 2018.  

El asambleísta Vicente Almeida (PSC) mostró su descontento frente al informe porque no se recogieron sus observaciones. Según él, la propuesta resta competitividad al país al agregarse más impuestos.

Larreátegui criticó la aplicación progresiva del impuesto a las bolsas plásticas. “Si el fin de este impuesto es que la gente cambie su conducta, lo lógico es que rija directamente en el 10% o 5%”.

En las diferentes comparecencias, las autoridades del frente económico del Gobierno manifestaron la importancia de esta ley para la reducción del déficit fiscal, ya que traerá ingresos por unos $ 600 millones para 2020. Además se dinamizará la economía. (I)