Ratificación al texto original

El Gobierno Nacional, con el fin de alcanzar el cumplimiento de la regla de deuda y otras obligaciones, propuso en el veto parcial que el ente rector de las finanzas públicas debería reducir progresivamente el indicador de deuda pública y otras obligaciones.

Hasta el año 2025 dicho indicador no debería pasar el 57% del Producto Interno Bruto (PIB); para el 2030 debería bajar al 45% y del 2032 en adelante, ser inferior al límite establecido legal del 40%.

El informe de la Comisión indica que si se determina un límite del 57% al 2025, al aprobar este artículo se estaría aceptando tácitamente dicho endeudamiento público y se reconocería que no se ha cumplido con lo que determina la ley.

La norma vigente establece que el saldo y consolidado de la deuda pública y otras obligaciones no podrá superar el equivalente al 40% del PIB.
Además, la comisión asegura que no se cuenta con los datos que establezcan que la deuda está por encima del 57% del PIB, porque al tener 12 años, que son tres periodos presidenciales, “no se podría asegurar que se siga endeudando y no se podría tener un control sobre los futuros endeudamientos”.

En función a esta observación, la comisión se ratifica al texto original del proyecto e insiste en que a 2022 el límite de la deuda pública debe llegar al 40% del PIB.

Allanamientos de la ley

Patricio Donoso, asambleísta de CREO, indicó que la normativa permitirá poner en orden las finanzas públicas al establecer límites de deuda en relación al PIB.

El proyecto pone techos presupuestarios en los planes de inversión de todas las instituciones del Estado. Además, garantiza la autonomía de las instituciones de la seguridad social y los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) con patrimonio y fondos propios que no forman parte del presupuesto general del Estado (PGE).

Sobre la reducción del uso de los Certificados de Tesorería (Cetes), se precisa que dentro de los primeros 90 días del ejercicio fiscal 2021 se presentará la estrategia para reducir y eliminar los saldos de Cetes que hayan sido colocados hasta el 31 de diciembre de 2020 y con aprobación del Ministerio de Finanzas. Además, baja la discrecionalidad del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), del 15% al 5%, en cuanto a modificar o incrementar el PGE.

Emisión de bonos

El proyecto de ley propone modificaciones para transparentar las transacciones de título de valores entre instituciones públicas.

Para Rodolfo Kronfle, presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil, es valioso que se haya bloqueado el intento por establecer una plataforma transaccional que pretendía administrar el MEF para sus emisiones y en general, para los valores del sector público.

Afirmó que “lamentablemente el veto presidencial mantiene la excepción a la regla general, que establece que las colocaciones e inversiones en valores del sector público deben realizarse a través de las Bolsas de Valores del país; se sigue permitiendo las negociaciones directas entre entidades públicas sin transparencia”.

Ministro comparece

El ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz, señaló ante la Comisión de Desarrollo Económico que el problema de la sobrefacturación eléctrica ya fue resuelto.

Si bien dijo que no se devolverá en dinero en efectivo, el cambio aparecerá en la planilla correspondiente a junio. Remarcó que no se permitirán abusos, pues todas las empresas de electricidad están en la obligación de realizar el proceso de refacturación a escala nacional. (I)