Guayaquil y Quito.-

Con 21 artículos más, de los 9 iniciales, y tras más de 10 horas de debate, la Asamblea Nacional aprobó la noche del martes el proyecto de Ley Orgánica de Incentivos para las Asociaciones Público-Privadas, y la Inversión Extranjera (APP). El marco legal viabilizará las alianzas estratégicas entre el Estado y el sector privado para la ejecución de proyectos de interés público.

En la ley se excluye a los sectores estratégicos, salvo los nuevos proyectos contemplados en materia energética, como nuevas hidroeléctricas, y de energías alternativas, que en primera instancia estaban blindados.   

Virgilio Hernández, miembro de la Comisión de Desarrollo Económico, recordó que los sectores estratégicos están protegidos por la Constitución y por una normativa propia, por tanto el actual documento no posibilita la privatización.

Por lo demás, tal y como fue concebida la ley, los empresarios que se alíen con el sector público se beneficiarán con exenciones de tributos como el Impuesto a la Renta (IR), durante un período de 10 años, y también al impuesto a la salida de divisas (ISD), entre otros incentivos. Uno de los puntos que desde el inicio ocasionó dudas es el de la resolución de controversias.

Ahora la ley aprobada establece que los posibles conflictos durante el desarrollo de los proyectos se resolverán en instancias legales regionales latinoamericanas. El asambleísta Ramiro Aguilar dijo que bajo tales circunstancias la inversión extranjera no llegaría al país, ya que Ecuador no puede someterse a jurisdicciones arbitrales que no sean regionales, como por ejemplo, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).              

De su parte Lídice Larrea, presidenta de la Comisión, argumentó que cada una de las partes, al momento de que se firmen los contratos, podrá definir la instancia donde se resolverá cualquier inconveniente, aunque considera que las ‘cartas del juego’ se están poniendo lo suficientemente claras como para necesitar arbitrajes.      

Lo cierto es que no todo está dicho aún, puesto que el documento deberá pasar por la revisión del Ejecutivo antes de que sea publicado en el Registro Oficial para su entrada en vigencia.   

Entre 2007 y 2014 el Estado ecuatoriano ha invertido cerca de $ 7.712 millones en infraestructura, y se estima que bajo la modalidad de APP podrían ejecutarse en los próximos 3 años proyectos de infraestructura portuaria por $ 576 millones, infraestructura vial por $ 1.737 millones, y $ 831 millones en vivienda social, según información de la Senplades, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y de la Empresa Pública de Vivienda.

Ventajas y observaciones

Los empresarios del sector de la construcción consultados por este diario han visto con agrado el espíritu de esta normativa.

José Macchiavello, presidente ejecutivo de Etinar, afirmó que cualquier ley que promueva la participación del sector privado en el desarrollo de proyectos de todo nivel en el país es positiva.

El constructor recordó que en el país ya existe la Ley de Modernización en donde se contemplan estos incentivos, pero cree que es importante que el nuevo marco legal recoja los campos en donde el sector privado puede incursionar.

Señaló además que uno de los beneficios se verá en la vialidad del país, pues en un momento en que el Gobierno atraviesa por una disminución de ingresos debido al bajo precio del petróleo, el Ministerio de Obras Públicas podrá reducir su presupuesto sabiendo que  el sector privado se hará cargo de estos trabajos.

Incluso, la importancia de las obras viales ya realizadas por el régimen, agregó Macchiavello, se reflejará en las APP porque el mantenimiento de carreteras, por ejemplo, será menos costoso y le permitirá al constructor ejecutar ampliaciones o construir círculos de tránsito alrededor de las ciudades, que son inversiones “normalmente complicadas cuando un país tiene problemas presupuestarios”.

Durante la sesión legislativa, la normativa obtuvo 96 votos afirmativos, 24 negativos y una abstención.

La aprobación de la ley no estuvo exenta de controversia. Sectores sociales, institucionales y gremiales  hicieron en total de 98 observaciones al proyecto que fue presentado como económico urgente, entre ellas, que se incluya en el Comité Interinstitucional, órgano encargado de coordinar y articular las políticas, un representante del sector privado.

Los parlamentarios del bloque AP indicaron que la propia Constitución impide tal participación, pues los empresarios no pueden actuar como juez y parte.

El Comité, entonces, quedó conformado por la máxima autoridad de los ministerios coordinadores de la producción; de la política económica; y de Senplades. Los tres tienen derecho a voz y voto. Además participarán en las sesiones, con voz pero sin voto, la máxima autoridad de la entidad promotora del proyecto de alianza; y el titular del Servicio de Rentas Internas (SRI).

Larrea informó que se creará una Secretaría Técnica, cuyas funciones serán definidas por el Comité mediante un reglamento.

Para facilitar y simplificar la tramitología, el Presidente de la República tendrá la potestad de modificar o suprimir permisos o licencias mediante Decreto Ejecutivo, con excepción de licencias ambientales.

Con respecto al impuesto del 2 x 1000, Larrea explicó que la Asamblea no revivió el tributo, que está vigente, “lo que se hizo en el proyecto fue aclarar y establecer que si se quiere derogarlo debe venir en otra normativa legal”.

Remisión de multas y recargos

La Asamblea aprobó también un capítulo completo dedicado a la remisión de multas y recargos por mora patronal con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), así también en el caso de microcréditos entregados por la Corporación Financiera Nacional (CFN) a los pescadores con acreencias.

Se estima que esto beneficiará a  más de 162 mil empleadores.

Macchiavello señaló que esta decisión fue justa porque muchos contratistas tienen pagos incumplidos con el Estado, y la falta de liquidez  hace que se incumplan con tales obligaciones.

En cuanto a la remisión para los pescadores artesanales, la autora de la propuesta, Vanessa Fajardo, asambleísta de Alianza PAIS, señaló que este sector es vulnerable a problemas climáticos, robo de motores, embarcaciones, entre otras calamidades.  

Para beneficiarse de esta Ley, la CFN deberá corroborar la información dada por los deudores. (I)