A puertas de cumplirse el plazo de la resolución de la Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP), con carácter de económico urgente, ayer en el pleno de la Asamblea Nacional se efectuó el segundo y definitivo debate sobre el contenido del informe final que presentó importantes modificaciones al texto original.

Entre las modificaciones que destacan se encuentran la participación de la iniciativa privada en hidroeléctricas, remisión de intereses por mora patronal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), condonación de intereses en la banca pública, arbitraje regional para resolución de conflictos, la creación de una secretaría técnica, entre otros temas.

El cuerpo legal contiene 16 considerandos, 30 artículos, 8 disposiciones reformatorias, 2 disposiciones generales, 2 disposiciones transitorias, 3 disposiciones derogatorias y una disposición final. Se hizo un total de 98 observaciones de diferentes sectores sociales, institucionales y gremiales.

Lídice Larrea, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, expuso que el objetivo de la ley es crear las condiciones necesarias para atraer inversión privada.

A lo largo del tratamiento de la ley, sectores de oposición y gremios productivos reclamaban la inclusión de un representante del sector en el  Comité Interinstitucional, que será el órgano encargado de coordinar y articular políticas, lineamientos y regulaciones vinculadas a las asociaciones app.

Sin embargo, desde la bancada de PAIS se ha recalcado que la propia Constitución impide tal participación justificando que los empresarios no pueden actuar como juez y parte.

El comité queda conformado por la máxima autoridad de los ministerios coordinadores de la Producción, de Política Económica y de Senplades. Los tres tienen derecho a voz y voto.

Además, participarán en las sesiones, con voz pero sin voto, la máxima autoridad de la entidad promotora del proyecto de alianza, y el titular del Servicio de Rentas Internas (SRI).

Hasta el cierre de esta edición (16:30) continuaban las intervenciones de los legisladores sobre sus observaciones al cuerpo legal. (I)