Con 7 votos a favor, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe no vinculante con allanamiento total al veto parcial del Ejecutivo a la Ley de Alianzas Público-Privadas (APP). La normativa fue aprobada por el Legislativo el pasado 27 de octubre.

El presidente de la República, Rafael Correa, hizo 10 objeciones a cinco disposiciones reformatorias de las disposiciones transitorias relacionadas a las reformas al Código de la Producción, a las leyes reformatorias a la Equidad Tributaria, de Empresas Públicas, de Salud y de Remisión de Intereses, Multas y Recargos.

Una de la objeciones fue a la extensión del plazo de la Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos del Banco Nacional de Fomento (BNF), cuyo plazo venció el 5 de mayo (180 días después de emitida) y que la Asamblea aprobó que se amplíe hasta el 31 de diciembre.

Otro cambio dispuesto a través del veto es el 100% de remisión a los microcréditos otorgados por Corporación Financiera Nacional (CFN) hasta diciembre de 2013 y que se encuentren registrados como cartera castigada.

Entre 2007 y 2014 el Estado ha invertido cerca de $ 7,712 millones en infraestructura, se estima que bajo la modalidad de asociaciones público-privada podrían ejecutarse en los próximos 3 años proyectos de infraestructura portuaria por $ 576 millones, infraestructura vial por $ 1,737 millones, y $ 831 millones en vivienda social, según información de la Senplades, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y de la Empresa Pública de Vivienda, recogidos en el informe final de la ley. (I)