Esta mañana se inició el primer debate del proyecto de Ley de Telecomunicaciones en la Asamblea Nacional. Un total de 92 asambleístas estuvieron presentes en el pleno.

La normativa fue aprobada por la Comisión de Gobiernos Autónomos, presidida por el asambleísta Richard Calderón.

Calderón explicó que la normativa logra solucionar los problemas de la estructura institucional dispersa en materia de telecomunicaciones.

Según el legislador, la norma se actualiza y guarda relación con la Constitución, donde se estipula que el Estado debe garantizar el acceso a las nuevas tecnologías. Diferencia entre telecomunicaciones y espectro radioeléctrico. Este último, el proyecto de ley define como el recurso natural y estratégico, usado para los servicios de transmisión.

Calderón detalló que la normativa busca establecer un régimen general de las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico como un bien estratégico del Estado.

De esta manera, la ley buscará promover el desarrollo de las telecomunicaciones y que todos los ecuatorianos puedan acceder a las tecnologías, así como la convergencia de redes y servicios.

Además, promueve derechos de calidad a precios y tarifas. "Obliga a los prestadores de servicios a cumplir con las regulaciones tarifarias", dijo Calderón.

En la normativa -enfatizó Calderón- se establece el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (Fodetel) que buscará la masificación de las tecnologías.

"Evita prácticas monopólicas y oligopólicas de las telecomunicaciones", apuntó.

El legislador Cristián Viteri señaló que la norma garantiza a las telecomunicaciones como un servicio público y estratégico. "Regula tarifas en favor de los usuarios", sostuvo.

El legislador Fabián Solano propuso una inmediata revisión de los contratos con operadoras, a fin de rebajar costos de telefonía y lograr mejor calidad.

El debate al interior de la Asamblea giró en torno a la propuesta sobre el pago por participación en el mercado.

La propuesta presentada por la legisladora Paola Pabón (PAIS) consiste en que “las operadoras  de servicio de telecomunicaciones pagarán al Estado anualmente un porcentaje de sus ingresos totales en función de su participación en el mercado, de acuerdo al número de usuarios del servicio concedido”.

Para el efecto se establece una tabla que va del 35% al 75% en la participación en el mercado, por lo que deberán pagar entre el 1% y 9% de sus ingresos totales. De esa manera se dejaría de lado el tema de la reducción de las utilidades a los trabajadores de las telefónicas.