El proyecto de Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas pasará por el ministerio de la ley si hasta el 15 de julio de 2020 el pleno de la Asamblea Nacional no vuelve a sesionar para votar por la ratificación del texto original. El 2 de julio, el veto parcial del Ejecutivo no obtuvo los votos necesarios de los legisladores para su allanamiento.

El asambleísta Esteban Melo (Revolución Ciudadana) explicó que convocar al pleno para hacer esa votación es una decisión del Presidente de la Asamblea y del Consejo de Administración Legislativa. Patricio Donoso (Creo) asegura que están a la expectativa para ver qué acciones se toman en estos días hasta que se cumpla el plazo de 30 días, desde que el Ejecutivo entregó su veto (15 de junio), para que la Asamblea dé un pronunciamiento.

Para ratificar el texto original se requerirán 91 votos. De no conseguirlos, el documento igualmente pasaría por el ministerio de la ley, explica Donoso.

Uno de los temas más discutidos fue la autonomía del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  (IESS), del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del Ecuador, del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, de los Gobierno Autónomos Descentralizados y de las empresas públicas.

La bancada de CREO votó a favor del allanamiento al veto, porque -según Donoso- se mejora el concepto de poner en orden las finanzas públicas. Considera que las medidas que establece la ley no afectan la autonomía de estas instituciones. Cree que son necesarios los techos presupuestarios a los planes de inversión porque ayudan a que el dinero sea bien gastado. “Esta es la forma de actuar cuando hay crisis económica”, asegura.

A criterio de Melo, esta ley tendrá demandas de inconstitucionalidad porque sí afecta la autonomía de estas instituciones.  Detalla que la Constitución señala que los presupuestos de estas entidades no están dentro del Presupuesto General del Estado, por lo que no pueden establecer techos de inversión.

Otro tema que causó debate fue la objeción a la vigésimo sexta disposición transitoria en la que se establece que para cumplir con la regla de deuda del 40% en relación al PIB, el ente rector de las finanzas públicas deberá reducir progresivamente el indicador de deuda pública y otras obligaciones de acuerdo a los siguientes límites: 57% del PIB hasta el 2025, 45% del PIB hasta el 2030 y 40% del PIB hasta el 2032 y en adelante.

Donoso considera que la ley efectivamente ayudará a mejorar el manejo de la deuda pública y que además es el camino para adquirir créditos internacionales a través de los multilaterales.

Melo cree que este cronograma de reducción de la deuda se estableció de forma antitécnica porque no saben las necesidades de financiación que pueda tener el país en esos momentos y se desconoce la variación del PIB que puede existir en esos años.

“Lenín Moreno recibió un país con un nivel de endeudamiento del 27% (en relación al PIB), el Ministro de Finanzas señalaba hace poco que ya estamos sobre el 52%. ¿Dónde están las obras del nivel de endeudamiento que han generado?”, dice Melo.

El legislador de la Revolución Ciudadana cree que se debió permitir la financiación interna, que el Banco Central y el IESS puedan usar sus recursos en Ecuador para poder financiar de forma inmediata en una crisis como la que se vive.

Marcelo Simbaña (Creo) considera que las intenciones del Ejecutivo con esta ley son buenas. Asegura que, aunque votó por el allanamiento, hay detalles que se deben aclarar dentro de ley.

Por ejemplo, considera que para que el cronograma de reducción de deuda sea efectivo se sincerar el verdadero monto de obligaciones que tiene el país, pues el Banco Central habla de $ 60.000 millones, pero no se toman en cuenta -dice- certificados de tesorería, acumulación de contratos petroleros y pasivos corrientes de Petroamazonas. “La deuda sobrepasaría los $ 70.000 millones, el 65% del PIB”, asegura.

Augusto de la Torre, miembro del Consejo Asesor en Economía del Gobierno Nacional y catedrático de la Universidad de Columbia, considera que la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas vuelve a reintroducir en el país reglas de responsabilidad fiscal que se habían eliminado en el gobierno de Rafael Correa. “Estamos reinstitucionalizando el proceso fiscal. La ley no es perfecta, pero es buena porque le devuelve al país reglas, mecanismos y protocolos de procedimientos que ordenan las finanzas públicas”, comenta.

Según De la Torres, la normativa obliga a que haya mayor transparencia en todos los niveles del sector público y le obligan al Estado a constituir ahorros cuando haya tiempos de bonanza. “Pero necesitamos que no solo esté en la ley, sino que la sociedad valore esa norma de prudencia”, explica. (I)