El pedido del sector financiero privado de bajar el tope de imposiciones de 500 a 200 salarios básicos unificados para la entrega de créditos para vivienda, ayer, no tuvo acogida en el pleno de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, presidida por el legislador Paco Velasco.

Hoy deberá presentar el texto borrador al ente legislativo para que vote por el informe para primer debate, que entrará en el seno legislativo en los próximos días.

El argumento fue que, de aceptar o pensar en una base menor a la planteada por el Ejecutivo, no “se cumpliría con el espíritu de la ley”, aseveró el asambleísta del Movimiento Popular Democrático (MPD), Ramiro Terán; quien a la vez manifestó que se debe legislar para todos los ecuatorianos y no solo para un sector. Por eso pidió que en este tema se incluya al sector agrario para que realicen sus respectivos créditos hipotecarios.

Velasco calificó la propuesta como  riesgosa porque “aquello significa que el agricultor que no pueda pagar su deuda se quedará sin su tierra para trabajar”.

Por su parte, el asambleísta socialista Eduardo Encalada señaló que es momento de proteger los intereses de la clase media, que en la promulgación de varias  leyes fue la menos favorecida.

“La clase media  es la clase sánduche, de todas las medidas que se adoptan en el país. Es decir, los pobres están subsidiados, los ricos no necesitan, los de la clase media son los que finalmente subsidian a los pobres y pagan ciertas cosas a los ricos”, acotó el asambleísta Juan Carlos Cassinelli. 

El legislador reconoció que era partidario de analizar un tope menor de lo planteado por el Ejecutivo si la media de créditos otorgados, según los datos que arroja el Ministerio Coordinador de la Política Económica, es de 36 mil dólares, pero “que en la reflexión realizada ayer durante el debate de la comisión, 500 salarios básicos está bien porque precautela a la clase media y se garantiza que la gente que se ubique en este sector adquiera su primera vivienda familiar”.

Encalada enfatizó que es importante atender y priorizar los intereses del sector medio y el popular por las ayudas que recibe del Estado y de los gobiernos locales.

En tanto Cassinelli recalcó que no está de acuerdo con la hipoteca cerrada, sino mantener la  modalidad abierta y que “el contrato de mutuo esté ligado a la garantía hipotecaria” porque la garantía cerrada limita solo al préstamo original, imposibilitando hacer nuevas garantías para arreglos o ampliaciones del bien inmueble.

Por ello el legislador señaló que esta garantía abierta debe expresar en sus cláusulas  que garantiza exclusivamente el crédito, renovaciones o estructuraciones que tengan que ver con esa primera vivienda. Propuesta que tuvo apoyo de los legisladores del oficialismo y oposición, porque en las cláusulas de la hipoteca se indicará que no se puede extender su cobro a otros bienes.

Mientras que Silvia Khon, asambleísta del partido Sociedad Patriótica (SP), pidió que la propuesta se incluya en el artículo 3, la cual hace referencia a que la deuda del bien adquirido no puede extender su cobro a otros bienes; por lo que manifestó que, a más del artículo 2327, debe incluirse el artículo 2367 del Código Civil, “para considerar que no puede haber embargos de otros bienes”.