Con 65 votos a favor, 27 en contra, 27 abstenciones y cero en blanco, la Asamblea Nacional no dio paso a la proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) para 2020, la programación del presupuesto cuatrianual 2020 - 2023 y el límite de endeudamiento público que envió el Ejecutivo. El debate del pleno se realizó hoy, 17 de diciembre de 2019.

Esteban Albornoz (PAIS), presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, propuso que se apruebe el documento ratificando las 17 observaciones y recomendaciones que hizo la mesa legislativa al Gobierno. Sin embargo, la moción no fue acogida.

En su ponencia, Albornoz dio algunos datos generales de la proforma que bordea los $ 35.000 millones. Aseguró que hay una reducción del 3,8% en comparación a la proforma del 2019.

En esta planificación se incluye la transferencia de $ 1.532 millones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por concepto del 40% que entrega el Gobierno para jubilaciones. Para incentivos de jubilaciones se planificó un rubro de cerca de los $ 600 millones. Se contempla además la preasignación establecida en la Ley de Suscripción Territoral Amazónica por cerca de $ 400 millones.

Albornoz mencionó que es importante tomar en cuenta que se prevé que el crecimiento del PIB el próximo año será de 0,57%. Y que el precio del barril de petróleo se lo ubicó en $ 51,30. La proyección de la producción petrolera es de 194 millones de barriles de petróleo, es decir un crecimiento del 0,2%.

El déficit global -dijo Albornoz- se prevé que será de $ 3.383 millones.

El Legislador explicó que el Ejecutivo aceptó dos de las recomendaciones de la Comisión. Una fue aumentar la asignación para erradicar la violencia contra las mujeres. El Ejecutivo planteó inicialmente un monto de $ 900.000, pero hizo un incremento de $ 700.000. Homero Castanier, de CREO, dijo que este dinero es insuficiente, pues calcula que se necesitan $ 9 millones para este fin.

Otra recomendación que consideró el Gobierno fue corregir la asignación de alrededor de $ 500 millones para un programa de servicios de cartografía. Este dinero se lo planificó de mejor manera.

Los asambleístas en sus intervenciones criticaron que no se hayan considerado las demás observaciones y recomendaciones de la Comisión, principalmente a la que se refiere al financiamiento del PGE.

César Rohon (PSC) dijo que no se puede considerar $ 2.000 millones por monetizaciones de activos del Estado como ingresos permanentes porque son concesiones que no se sabe si se conseguirán con la urgencia del caso.

Sobre este tema el Ejecutivo ya respondió a la Comisión asegurando que la monetización no implica venta de activos, que es lo que no se puede considerar como ingreso permanente. La concesión representaría un flujo periódico y permanente de recursos a las arcas fiscales durante el tiempo de vigencia del contrato.

Silvia Salgado (PAIS) dijo estar de acuerdo con la recomendación de que la Asamblea evalúe la ejecución presupuestaria del Ejecutivo de manera trimestral.

El asambleísta Fernando Callejas (CREO) apoyó la moción de Albornoz. Aseguró que de no aprobar la proforma “la Asamblea no estaría cumpliendo su función. Al aprobarlo mandamos un mensaje positivo para que el riesgo país disminuya y dé más tranquilidad económica a los ecuatorianos”, dijo.

Las observaciones de la Comisión no son vinculantes. El siguiente paso es que el documento enviado por el Ejecutivo se apruebe a través del ministerio de la ley. (I)