La Ley 010 establece la distribución de las rentas petroleras entre los gobiernos autónomos descentralizados de la Amazonía. La norma establece que los excedentes serán repartidos entre municipios, prefecturas, juntas parroquiales y el Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (Ecorae).

En ese sentido, este diario intentó contactarse con los seis prefectos que tiene el Oriente, pero solo tres respondieron a los llamados.

La prefecta de Orellana, Guadalupe Llori, no habló con EL TELÉGRAFO, pero en reiteradas ocasiones se ha opuesto a la explotación de las reservas petroleras que hay en el parque Yasuní. Justamente en su provincia es donde está la mayor parte de la reserva natural.

La postura ha ocasionado un distanciamiento con el alcalde de Aguarico, Franklin Cox. En este cantón está el parque Yasuní.

El burgomaestre está a favor de la explotación de los yacimientos Ishpingo, Tambococha y Tiputini siempre y cuando los trabajos se realicen con el menor impacto ecológico posible.

Esa diferencia de criterios ha causado un alejamiento entre Cox y Llori, así lo reconoce el primero. El alcalde se identifica como militante de PAIS, mientras la prefecta llegó a su cargo por Pachakutik.

Los prefectos de Morona Santiago y Sucumbíos tampoco hablaron con el diario público. El primero se excusó por su apretada agenda   y el segundo no contestó su teléfono.

Pese a esas diferencias, en la Amazonía el prefecto que más se opone a la explotación del Yasuní es el de Zamora Chinchipe y uno de los líderes de Pachakutik, Salvador Quishpe.

De hecho él estuvo en Quito el jueves pasado cuando se presentó la propuesta de pregunta para una eventual consulta popular sobre el Yasuní.

Quishpe también se enfrentó al Gobierno, en su momento, por la explotación minera en su provincia, concretamente en el cantón El Pangui. Los prefectos de Napo y Pastaza sí están a favor de perforar los pozos petroleros que hay en el parque Yasuní.

Puntos de vista

Sergio Chacón
Prefecto de Napo

“Tenemos que cambiar”

“El Presidente ha tomado una decisión que fue meditada. Nosotros respaldamos las acciones del Gobierno. Nosotros tenemos una fracción del Yasuní.

Esperamos que los trabajos se realicen con un impacto mínimo y que los recursos ayuden al desarrollo de Ecuador y de manera particular a las comunidades de la Amazonía.

Necesitamos el apoyo decidido del Gobierno Central para cambiar la matriz productiva. Tenemos comunidades que hasta hace 40 años eran totalmente pescadores o recolectores de productos, pero esas actividades hoy son prohibidas. Tenemos comunidades que necesitan cambiar de actividad económica porque les hemos restringido la pesca y la caza con fundamentos”.

Jaime Guevara
Prefecto de Pastaza

“Necesitamos recursos”

“Nosotros tenemos un pozo que lo explota la compañía Agip Oil, importantísimo, donde no se han hecho mayores afectaciones.

Si se toman las precauciones que ha dicho el Presidente, nosotros apoyamos la explotación. Nosotros como gobiernos seccionales necesitamos recursos. Se invierte de acuerdo al plan de desarrollo.

Nosotros apostamos al turismo. Tenemos 1.000 kilómetros de vías internas a cargo. Hemos arreglado 200 con préstamos.

Acá no han habido grandes manifestaciones, hay sectores que se oponen pero dicen que quieren más recursos. Hay que pensar en los seres humanos, a nosotros llegan a pedirnos que les resuelvan las necesidades”.

Salvador Quishpe
Prefecto de Zamora

“Son territorios irreductibles”

“Nosotros hemos hecho saber nuestra posición sobre el Yasuní. Siempre hemos pedido que los territorios ancestrales de los pueblos indígenas sean respetados tal como manda el artículo 57 de la Constitución. Son territorios irreductibles, no es aceptable ni siquiera el uno por mil.

No es esto un asunto solo por la biodiversidad del Yasuní sino, sobre todo, porque ahí hay pueblos en aislamiento voluntario. No puede olvidarse que al explotar el Yasuní se configurará el delito de etnocidio, así dice el artículo 57.

Si es necesario una consulta popular, no tenemos ningún inconveniente en hacer una minga nacional y recoger las firmas necesarias, pero vamos pidiendo al CNE que no pongan trampas”.