En un dictamen emitido ayer, los jueces de la Corte Constitucional (CC) resolvieron que para la emisión del dictamen previo y vinculante de constitucionalidad de las convocatorias a consulta popular  de  iniciativa ciudadana, el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá remitir, junto con la petición de consulta, el informe favorable de cumplimiento de la legitimación democrática.

Es decir que el organismo electoral debe presentar si el grupo proponente del referendo cuenta o  no con el 5% de las firmas del padrón electoral como respaldo.

Este porcentaje equivale a 583.772 rúbricas. El CNE deberá verificar -además del número- si los respaldos son válidos.

El pasado martes, el jurista Julio César Trujillo y varios representantes del colectivo Yasunidos acudieron a la CC para exigir una respuesta sobre la constitucionalidad de la pregunta presentada el pasado 22 de agosto.

Ellos plantean una  consulta sobre la explotación petrolera en el Yasuní. La propuesta reza así: “¿Está usted de acuerdo con que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo?”.

Mediante una carta, Trujillo advirtió al organismo que debía pronunciarse  sobre su pedido, ya que han pasado más de 20 días hábiles desde que se inició el trámite.

Mencionó que esta acción se realizó basada en el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el cual califica  un dictamen favorable en el caso de que  la CC no resuelva la petición, dentro del término de 20 días siguientes de iniciado el respectivo control previo.

Patricio Chávez, representante de Amazonía por la Vida, esperaba que este organismo califique como constitucional  la pregunta presentada. Ahora  solicitará  que esta entidad emita una certificación de que las firmas que recolectarán en los próximos días sean utilizadas para este pedido.

Luego de conocer esta decisión, el colectivo convocó a las 17:00 de ayer a un plantón en los exteriores del Ministerio de Agricultura (Magap), en Quito, para acudir al CNE y retirar los formularios para recoger las firmas de respaldo.

En tanto, Esperanza Martínez, vocera de Acción Ecológica (ONG que promueve la pregunta citada), anunció la recolección de  firmas. “La mejor manera de enfrentar la angustia que reina en el país debe ser respondida con rapidez”, señaló la ecologista.

Una vez que sean notificadas oficialmente en el casillero judicial las partes involucradas y siguiendo el procedimiento jurídico, se retirarán los formularios ante el CNE.

Dentro del fallo, la CC ordena al CNE adaptar su normativa interna “a los parámetros establecidos en el dictamen” y que realice una adecuada difusión del mismo.

La Corte Constitucional analizaba ya tres preguntas para  una eventual  consulta popular sobre la explotación petrolera en el ITT.

La segunda interrogante fue presentada por el Frente de Defensa de la Amazonía: “¿Está de acuerdo con declarar al Ecuador libre de toda actividad extractiva, como proyectos hidrocarburíferos, mineros?”.

Finalmente, los alcaldes amazónicos propusieron esta pregunta: “¿Apoya al presidente Rafael Correa en su propuesta para la explotación del petróleo en un área no mayor al 1x1.000 del Parque Nacional Yasuní y que el producto se destine a la lucha contra la pobreza?”.