La Comisión de Biodiversidad actualmente  sistematiza las observaciones presentadas el viernes último,  durante el primer debate del pedido del Presidente de la República para declarar de interés nacional la extracción de crudo en los bloques 31 y 43.

De acuerdo al artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, esa mesa especializada tiene 45 días, contados desde el sábado pasado, para presentar a la presidenta de la Asamblea el informe para segundo debate. Los legisladores pueden hacerlo antes del plazo establecido.

“Durante 12 horas de debate no hubo referencia al informe de la Comisión. Quienes al menos algo mencionaron fueron Ramiro Aguilar, Luis Fernando Torres  y Lourdes Tibán. Lo que habría esperado es que la oposición realizara un examen exhaustivo, pero esas fueron las únicas intervenciones que tuvieron relación con el informe y, además, no se presentaron observaciones”, lamentó Virgilio Hernández, integrante del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y militante de Alianza PAIS.

“Ellos (oposición) pensaron que nosotros solo íbamos a decir sí o no, y no una resolución argumentada de 16 puntos en la que se topa cada uno de los temas, y por eso hay desconcierto en la oposición”, insistió el legislador.

Asimismo, cuestionó la posición de Torres, quien advirtió que tiene que considerarse el artículo 57 de la Constitución referente a los derechos colectivos, los cuales prohíben la extracción en áreas intangibles. Hernández recordó que el artículo 407 de la Carta Magna establece una excepción.

Precisó que el informe reconoce a los pueblos en aislamiento, garantiza que el área intervenida no será mayor al uno por mil del área actual del Parque Nacional Yasuní. Tampoco están permitidas actividades extractivas en la zona intangible tagaeri-taromenane, delimitada mediante Decreto Ejecutivo 2187, en enero de 2007.

La titular del Legislativo, Gabriela Rivadeneira, indicó que las puertas de la Asamblea están abiertas para recibir aportes y sugerencias de los grupos ciudadanos y organizaciones sociales.

Así mismo, expresó su apertura para debatir una eventual ampliación de la zona intangible, tomando en cuenta que los pueblos en aislamiento voluntario están en constante movilidad, tras aclarar que el tema de la consulta popular es facultad y atribución de la Corte Constitucional.

El documento determina que una empresa pública será responsable de la operación de los bloques y del cumplimiento de la resolución que dicte la Legislatura y la norma constitucional sobre la garantía de derechos, cuidados y remediación ambiental efectiva.

Los asambleístas de PAIS insisten en la necesidad de usar los recursos del ITT para  invertir en servicios básicos y saneamiento, cambio de la matriz productiva, construcción de la sociedad del conocimiento, fomentar una política de Estado que permita reducir la pobreza y atender las necesidades de los territorios y de los gobiernos autónomos descentralizados para cumplir con el Plan Nacional del Buen Vivir.

Además, si se aprueba el proyecto tal y como está, el Ejecutivo deberá  promover una política regional encaminada a la protección de los pueblos en aislamiento voluntario.

Esteban Melo señaló que la explotación es el camino para el crecimiento real del país, al tiempo de llamar a la responsabilidad y conciencia ambiental, mientras que Carlos Velasco recordó que en 1937 se entregó más de la mitad de la Amazonía para la explotación petrolera; sin embargo, la deuda externa creció en aquella  época petrolera y el 46% de recursos se invirtió en el pago de deuda.