La disponibilidad de información en tiempo real sobre el proceso de compra pública permite a las autoridades actuar de manera inmediata frente a una irregularidad, como se ha hecho en los últimos casos de corrupción en hospitales públicos.     

Ademas, el Gobierno trabaja en un sistema unificado de compra de medicamentos para optimizar los procesos. Silvana Vallejo, directora del Sercop, abordó ambos temas en una entrevista con este diario.

¿Cómo entender las denuncias de corrupción en las compras públicas considerando todos los controles que se han anunciado?

Uno de los elementos principales que no se han visibilizado es que hemos tenido la información a tiempo, que muestre qué entidades están haciendo la contratación por emergencia. Antes no teníamos información en tiempo real sobre quién se declaró en emergencia, qué compró, a cuánto y en qué momento. El rol del Sercop es transparentar los procesos para actuar sobre estas irregularidades.

¿Qué implica la compra pública por emergencia?

La emergencia es una modalidad de contratación extraordinaria de la compra pública. Los tiempos para poder actuar son mínimos. En un proceso normal deberían haber términos de referencia, estudios de mercado, convocatorias y calificación (a proveedores) y en cada una de estas fases el Sercop actúa por oficio o por alertas y nos da tiempo a detener el proceso. El contrato, a partir de la adjudicación, es potestad de la Contraloría; nosotros estamos en el proceso precontractual. En emergencia casi no existe proceso precontractual. Los tiempos los ponen las entidades contratantes porque son las llamadas a resolver la emergencia. 

Pero debe haber un control…

Se tomó la decisión de aportar con información. Se emitieron las resoluciones 104 y 105 que obligan a las instituciones a publicar sus declaraciones de emergencia. Esto no había antes. Un poco más de 1.000 entidades del Estado se han registrado y eso incluye a los GAD, juntas parroquiales, Asamblea, todas. De estas, un poco más de 500 han realizado adjudicaciones por alrededor de $ 79 millones en la emergencia y decidimos revisar y supervisar el 100% de las emergencias porque sabemos qué sucede.

También están la ética y responsabilidad de las personas que contratan. No podemos poner todos los controles más allá de cuando ellos publican, por eso hemos normado la emergencia y somos la fuente primaria para detectar las irregularidades y denunciar.

¿La emergencia de estas 1.000 entidades está justificada?

De las 1.000 entidades que se han declarado en emergencia, 55% publicó su resolución, mientras que el 45% aún no y ya hemos hecho un llamado de atención para que lo hagan. Hemos visto que los GAD hacían adquisiciones de maquinaria, eso no es una emergencia, muy bien lo pudieron hacer por régimen común y en eso se pone más atención. La normativa 104 indica que si un proceso ya estaba planificado y ahora se lo pasa por emergencia, hay  parámetros para poner alertas.

Es común que en emergencia los precios varíen, pero ¿cuál es el margen para evitar elevados sobreprecios?

El mercado se regula y cuando hay escasez de un bien, los precios tienden a subir. Si tuviéramos un precio referencial podríamos establecer un margen permitido. Sin embargo, la escasez es mundial y no se puede establecer un precio referencial. El Sercop, además, no es el llamado a hacerlo sino las entidades rectoras. De hecho, el Ministerio de Salud tiene una subsecretaría de fijación de precios. En el caso de medicamentos o insumos médicos no hay precios referenciales o un margen. La entidad contratante debe hacer un mínimo de análisis de los precios en ese momento y debe justificar si ese es el precio que persistía ese instante en el mercado. Es por eso que otro de los elementos que dispone el Sercop es que las entidades publiquen el proceso de compra en su web y en la del Sercop para poder enviar la información masiva a todos los proveedores registrados, así garantizamos más participación de oferentes y bajan los precios.

¿De qué se trata el sistema unificado de compra de medicamentos anunciado por el Presidente?

Este es un proyecto que  hemos trabajado durante un año. Al visitar las bodegas de 130 hospitales evidenciamos que no estaban en condiciones óptimas  y que no contaban con un sistema de inventarios ni de distribución de medicamentos. Por eso, a través de elementos técnicos y legales, se efectuará un cambio estructural del modelo de gestión de los hospitales y de la red pública de salud para que se realice una adquisición transparente de los medicamentos.

¿En qué consiste?

Se va a externalizar la distribución y a colocar tecnología desde el momento en que el médico emita la receta. Esta tendrá un código para que vaya al sistema de la farmacia hospitalaria y se actualice automáticamente el inventario. Ya no es necesario que los hospitales manejen sus bodegas, esto lo puede hacer un operador logístico especializado. Y si no encuentra el medicamento en la farmacia pública, lo puede hacer en una privada, pero lo importante es que tenga el tratamiento y así evitar más congestiones en la red de salud.

El fin último de esto es instaurar un modelo de gestión que permita en tiempo real conocer la distribución de los medicamentos, su demanda y  almacenamiento. Eso no va a estar de la noche a la mañana, pero vamos a trabajar para tener resultados este año. Se realizará una licitación corporativa para gestionar este proyecto y para seleccionar a las farmacias privadas que quieran participar.

¿Cómo se ahorrarán los $ 400 millones que se anunciaron?

Se ahorra al consolidar la demanda de toda la red pública y hacer una compra aprovechando la economía de escala, con invitaciones masivas a proveedores nacionales e internacionales y con procesos de puja a la baja se conseguirán mejores precios.

Otro ahorro se hará al encargar las bodegas a un operador logístico. No es necesario tener tanta bodega ni pagar tanto arriendo. Tal vez es necesario tener un solo centro de acopio y desde ahí distribuir a las farmacias, como lo hace el sector privado. Además reduciremos la caducidad de los medicamentos controlando los inventarios. En el primer año el ahorro será de $ 400 millones y en los siguientes años el monto puede disminuir porque los precios se irán acercando a los valores justos. (I)