El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) encontró irregularidades en 1.451 contratos entre enero y diciembre de 2018.

La entidad revisó 7.076 procesos que equivalen al 6% de los 127.140 efectuados en 2018 y que generaron $ 7.000 millones. No obstante, la cantidad de contratos revisados abarca el 56% ($ 3.894 millones) de todo el monto adjudicado.

El resultado no considera procesos duplicados, dado que un mismo proceso puede ingresar a control tanto por alertas como por monitoreo de oficio.

Por monitoreo de oficio, impulsado desde el Sercop, se supervisaron 3.110 procesos valorados en $ 2.571 millones. Otros 4.073 casos por $ 1.445 millones se monitorearon a partir de reclamos, denuncias y retenciones indebidas de pago.

Los principales hallazgos tienen que ver con subastas inversas que no lograron ahorro; contratación de seguros y contratos entre instituciones públicas o sus subsidiarias con entidades no públicas. También se hicieron observaciones en especificaciones técnicas, estudios previos, presupuesto referencial, mal uso de la norma de contratación, entre otros.

Las entidades que incurrieron en estas faltas no acogieron recomendaciones de obligatorio cumplimiento emitidas por el Sercop.

Al respecto, el Servicio indicó a EL TELÉGRAFO que “se han encontrado hallazgos insubsanables”. La mayoría, 1.401 casos, fueron reportados a la Contraloría General del Estado y comprenden $ 289 millones. El monto equivale al 4% de los recursos asignados por compra pública.

Justamente en febrero de 2018 el Sercop y la Contraloría suscribieron un convenio de lucha contra la corrupción que comprende la coordinación de acciones de control, intercambio de información, asesoramiento y capacitación.

A la Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM) se remitieron otros 33 casos valorados en $ 28 millones. Se presume la existencia de actos colusorios (pacto entre dos o más personas para perjudicar a terceros) y prácticas anticompetitivas en la compra pública.

Finalmente, en la Fiscalía General del Estado se hicieron 17 denuncias de irregularidades detectadas en las provincias de Pichincha, Azuay, Guayas, Imbabura, Sucumbíos, Chimborazo y Tungurahua.

En su mayoría, los tipos penales que presumiblemente se han cometido se relacionan con delitos contra la eficiencia de la Administración Pública y Contra la Fe Pública.

Por concusión existen tres denuncias, una por peculado, nueve por falsificación y uso de documento falso, dos por usurpación y simulación de funciones públicas, una por asociación ilícita y otra por intimidación.

En agosto del año pasado una de esas denuncias obtuvo sentencia condenatoria de un año de pena privativa de libertad mediante procedimiento abreviado.

Fue por el delito de concusión en la provincia de Azuay, en el marco de la ejecución de órdenes de compra del catálogo de pintura del Ministerio de Educación. La ilegalidad fue revelada por el proveedor.

Los 16 procesos restantes se encuentran en etapa de investigación previa, por el presunto accionar ilícito de funcionarios públicos.

Los procesos por falsificación y uso de documento falso, el Sercop señala que en su mayoría han sido cometidos por proveedores del Estado dentro de procesos de contratación.

A pesar de estos hallazgos, el Sercop no posee el personal ni recursos suficientes para aumentar su capacidad de control. Así lo reconoció en enero Gustavo Araujo, subdirector general, durante un taller de compra pública.

Mencionó que apenas 20 funcionarios están a cargo de revisar todos los contratos, lo cual limita las funciones de la entidad porque no se dan abasto. (I)