La meta de ahorro del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) para este año está por cumplirse. Entre enero y noviembre se economizaron $ 347,6 millones.

Silvana Vallejo, directora de la entidad, cree que en este mes llegarán al objetivo de $ 400 millones. Respecto al monto total de la contratación pública, Vallejo calcula que en 2019 habrá una reducción de $ 1.000 millones frente a 2018.

Ese año se destinaron $ 7.000 millones a ese rubro; mientras que entre enero y noviembre de 2019 la cifra es de $ 5.326 millones. “No ha bajado necesariamente la compra sino la concurrencia”, asegura Vallejo. Se refiere principalmente a la participación de los proveedores y su selección.

Por ejemplo, el uso del régimen especial (contrato directo sin concurso) ha disminuido a un 21%. Entre 2013 y 2017, el 53% de los contratos eran adjudicados por esta modalidad.  

En cambio, el uso del régimen común (concurso entre varios proveedores) creció del 47% al 78,7%, indica la titular del Sercop. Agrega que ahora el 61% de los procesos de contratación tiene más de tres proveedores.

El tener más ofertantes para la adjudicación de un contrato permite bajar los costos y mantener la inversión. Vallejo explica que dos proveedores reducen el monto en un 25%; y con tres o más proveedores la disminución es de hasta el 50%. También se han eliminado los proveedores únicos dentro del catálogo electrónico, lo que ha permitido un ahorro de $ 16,7 millones.

Para el consultor Xavier Vizcaíno, la disminución del 12% en la contratación pública se debe a las limitaciones económicas del Estado, pero sí es una buena señal respecto al control del gasto.

Destaca la reducción de los contratos bajo régimen especial, que según sus proyecciones sería de un 20% al cerrar 2019. “Esto no solo se debe a la contracción del gasto sino a una decisión institucional”, apunta. Sin embargo, considera que esta forma de contratación aún debe ser regulada.

Certificación de funcionarios

El Sercop determinó que la mayoría de irregularidades detectadas en los procesos de contratación ocurren por el desconocimiento de los servidores públicos.

Los efectos de eso son procesos ineficientes y casos de corrupción. Por eso, desde 2018, se ejecuta el Plan Nacional de Capacitación al funcionario público para mejorar la calidad del gasto del Estado.

Entre 2018 y 2019 se capacitaron a 4.685 funcionarios, de los cuales 739 se certificaron en contratación pública con más de 8/10.

Las entidades que obtuvieron más certificaciones en 2018 fueron: SRI, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Empresa Eléctrica y otras. En total son 3.000 entidades contratantes las que participan en los procesos de contratación.

Los resultados de las evaluaciones arrojan que quienes requieren más capacitación son los responsables de elaborar los términos de referencia y los administradores de contratos.

Vizcaíno considera positiva la certificación y que se debe apuntar a la profesionalización en compras públicas. (I)