Los actores políticos y sociales de oposición ya se mueven, con protestas o reuniones, para evitar el cierre del fideicomiso Yasuní-ITT, que buscaba no explotar el petróleo en esa reserva natural  a cambio de un aporte económico internacional como compensación.

Sin embargo, ningún grupo ha tomado el liderazgo de presentar una propuesta para una posible consulta popular ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Nadie aún se atreve a retirar los formularios para reunir el 5% de apoyo del padrón electoral, lo que permita convocar a un referendo.

En respuesta, el presidente Rafael Correa recalcó, a través de su cuenta en Twitter, que “el mundo es una gran hipocresía”, haciendo referencia a la falta de compromiso internacional con la propuesta ecuatoriana.

También criticó el manejo que le dan al tema varios periódicos. “Ahora los mayores ‘ecologistas’ son los diarios mercantilistas. Bueno, si vamos a consulta popular propondremos también diarios solamente digitales para ahorrar papel y evitar tanta tala indiscriminada de árboles. Veremos quién es quién”, escribió.

Ratificó, además, su pedido a los ciudadanos para que “no se dejen engañar, hay grupos que están politizando el Yasuní-ITT para por fin ‘derrotar’ al Gobierno y manipulan, sobre todo  a los jóvenes. Para nadie ha sido más doloroso esto que para mí. Recuerden: se afectará menos del uno por mil del parque”.

Por su parte, Marcela Aguiñaga, segunda vicepresidenta de la Asamblea, pidió “a la ciudadanía su confianza y que reciba  la información de fuentes oficiales, mas no de los llamados ‘defensores de la naturaleza’”.

La solicitud debe ser remitida al Legislativo acompañada de dos informes de los ministerios de Justicia y Ambiente. Luego se recibirán a los actores sociales para escuchar sus argumentos y valorarlos.

El proceso tomará alrededor de 90 días, pero Aguiñaga manifestó que “(los asambleístas) seremos veedores y fiscalizadores, en caso de que se apruebe la explotación, de que se utilice la mejor tecnología”.

Pero la oposición está dividida. Salvador Quishpe, prefecto de Zamora Chinchipe, dijo que a los  territorios y pueblos no contactados los protegen los Derechos Colectivos prescritos en el artículo 57 numeral de la Constitución.

Para él hay una confusión constitucional y jurídica de buena fe en varios líderes sociales al pedir que se aplique el artículo 407 de la Constitución y se llame a una consulta popular. Indicó que el artículo 57 habla sobre garantías de derechos y estos están por encima de cualquier precepto constitucional por lo que se opone al referendo.

“Si vamos a consulta propondremos también diarios solamente digitales para ahorrar papel”Patricio Donoso, asambleísta de la Comisión de Desarrollo Económico e integrante de CREO, detalló que su agrupación no ha conversado con otras fuerzas políticas para participar de protestas. “Somos una oposición responsable y por ello esperaremos a que se nos convoque en la Asamblea para argumentar nuestra postura”, manifestó.

Mientras que Alonso López, dirigente del MPD en Guayas, señaló que ellos están dispuestos a recoger las firmas. En la tarde de ayer estaba prevista una concentración en el parque Centenario en Guayaquil.

Por otra parte, Patricio Chávez, de  Acción Ecológica, detalló que el próximo jueves presentarán la solicitud de consulta popular de forma oficial al CNE.

CASO YASUNÍ: LEGISLADORES A LA ESPERA

Los asambleístas están pendientes de que llegue el proyecto de resolución sobre el pedido de autorización para la explotación petrolera en el parque Yasuní.

El artículo 4 del Decreto Ejecutivo 74, firmado por el presidente Rafael Correa, señala que en cinco días hábiles desde que se publique en el Registro Oficial, la solicitud de declaración de interés nacional se enviará al Legislativo.

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), la petición deberá ser calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Posteriormente, se enviará a una de las 12 comisiones especializadas permanentes, que podría ser la de Biodiversidad y Recursos Naturales.

El asambleísta Virgilio Hernández (PAÍS) dijo que la petición recibirá el mismo tratamiento que un proyecto de ley, es decir el informe para primer debate será elaborado en un mínimo de 15 días. La mesa entregaría el informe para segundo debate en 45 días.