Dudas, críticas y fuertes cuestionamientos dejó, entre los asambleístas de la Comisión de Régimen Económico, la intervención de Mauro Andino, director del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), quien explicó ayer detalles del proyecto urgente de Ley de Reactivación Económica.

Andino fue la primera autoridad convocada por la Asamblea para el análisis de la norma cuyo informe para primer debate, de acuerdo al cronograma de la comisión, estará listo el próximo 17 de noviembre.

Si bien los legisladores sintonizaron con Andino en cuanto a la necesidad de combatir el contrabando y evitar la subvaloración de productos, las acciones planteadas en la norma generan incertidumbre.

Viviana Bonilla (AP), por ejemplo, observó riesgos en el artículo 146, el cual expresa: “por razones de utilidad pública, de interés social y nacional” el Senae podrá expropiar bienes y mercancías importadas pagando al comerciante el valor declarado más el 20% de recargo.

“Existe una discrecionalidad”, dijo cuestionando bajo qué criterios procederán los funcionarios aduaneros sin perjudicar a los importadores en sus controles.

A ello, Esteban Melo (AP) agregó que la norma contiene una serie de sanciones para los comerciantes infractores, pero no cuando las irregularidades sean cometidas por servidores públicos.

Andino justificó que el contrabando perjudica al país con más de $ 2.000 millones y que alrededor del 70% de los bienes importados ingresan al país con valores de entre $ 0,01 y $ 0,05, lo cual da indicios a las autoridades de una alta subvaloración de las mercaderías.

El debate subió de tono cuando Henry Kronfle (PSC) pidió al Director del Senae una explicación de cómo aplicará la tasa de control aduanero de $ 0,10. Dijo que la Aduana no ha respondido los pedidos de información de las cámaras de Comercio, Producción, Industrias y exportadores, aunque el funcionario aseveró que sí ha sido socializada.

“Existe una falta de transparencia y una falta de comunicación al sector importador”, reprochó el legislador socialcristiano.

Al pedido de Kronfle se sumaron otras voces, como Mae Montaño (CREO), Gabriela Larreátegui (CREO), Wilma Andrade (ID), pero Andino no dio las explicaciones requeridas hasta el final de la sesión. En cambio, argumentó que el Código de la Producción faculta a la Aduana poner tasas de servicios.

Pabel Muñoz (AP), presidente de la comisión, reconoció que “hay una gran duda sobre la tasa”. Sin embargo, aclaró que al no estar contemplada en el proyecto de ley, el titular de la Aduana no estaba en la obligación de contestar las inquietudes al respecto porque no fue citado para ese tema.

La medida fue publicada ayer en el Registro Oficial 115 y entrará en vigencia a partir del lunes 13 de noviembre. A través de esta vía, y por aranceles mixtos, el Estado prevé ingresos por $ 900 millones.

En el documento se establece una tarifa de $ 0,10 que se aplicará sobre la base imponible constituida por el coeficiente resultante de dividir el peso neto declarado por ítem (gramos) para la unidad de control (gramos). (Ver fórmula).

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Al ser abordado por la prensa, Andino señaló que la unidad de control está en función del tamaño, presentación y peso de los artículos. “La tasa va a fortalecer nuestros servicios de control”, afirmó.

El cálculo incluye un anexo que no está especificado en el texto y al que se puede tener acceso a través del programa Ecuapass que solo está disponible para los operadores de comercio exterior.

Ni siquiera el presidente de la Asociación de Industriales Textileros (AITE), Javier Dias, pudo acceder al programa. “El no poder contar con la información nos mantiene en la incertidumbre. No sabemos en cuánto impactará en los costos de producción”.

Es una “tasa inconsulta” escribió en Twitter, Daniel Legarda, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores. “Hasta ahora el Senae no ha aclarado aplicación y pedidos de información”.

La Cámara de Comercio de Quito incluso vaticina incrementos en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las importaciones.

Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, considera que “cobrar por peso, productos que se venden por pares, unidades o artículos, no tiene sentido”. (I)