A propósito de las declaraciones efectuadas recientemente por representantes de los pacientes renales, el director subrogante del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop),  Juan Pablo Bermeo, explica las características de los actuales procesos de adquisición de medicamentos en el país.

¿Cuáles son los resultados del proceso de subasta inversa corporativa de medicamentos?

Hasta el viernes de la semana pasada, se adjudicaron 152 de los 425 medicamentos del portafolio inicial. En esa adjudicación, el país consiguió un ahorro promedio del 53% con respecto al presupuesto referencial, es decir, un ahorro por unos $ 86 millones.

Estas medicinas fueron adjudicadas porque presentaron la documentación habilitante que incluye, fundamentalmente, la presentación del registro sanitario válido y vigente en Ecuador emitido por el ente rector en esa materia, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).

En la comisión técnica conformada por delegados de las máximas autoridades de todos los miembros de la Red Pública de Salud (RPS), se constató que aquellos registros sanitarios cumplan exactamente con las especificaciones requeridas en las fichas técnicas de los medicamentos.

¿Existió información pública sobre la subasta y sus etapas?

Los procedimientos fueron publicados en enero de 2016 y luego prosiguió el flujo propio de la contratación pública que está determinado en la ley. Una vez que los oferentes le hicieron la mejor oferta económica al Estado -luego de que declararon que presentarían ofertas que cumplen las especificaciones técnicas- se dio la puja y se declaró al grupo ganador. A continuación, entre marzo y abril, quienes ofertaron tuvieron 60 días para presentar la documentación habilitante. Este lapso concluyó el 19 de mayo y, a partir de esa fecha, se verificó que la documentación cumpla con lo exigido en el pliego y en las fichas técnicas. Para el caso de los 152 medicamentos adjudicados, esa verificación ya culminó.

¿Cuántas empresas participaron y qué se les requirió para hacerlo?

Se registraron 265 proveedores nacionales y extranjeros. De aquellos, 161 le hicieron una oferta en firme al Estado ecuatoriano, es decir, se adhirieron para presentar un medicamento y propusieron un precio. Para participar en la subasta se exigió tener RUC, domicilio fiscal, domicilio permanente o, en el caso de las empresas internacionales, un apoderado legal en el país. La razón social de las empresas podía ser: productoras o comercializadoras de medicamentos.

¿Tienen estos fármacos cualidades para responder a las necesidades de los pacientes?

En primer lugar, como consta en el instructivo que norma la subasta y en los pliegos que son públicos, la empresa o el proveedor tiene que presentar el registro sanitario vigente emitido por Arcsa para poder recibir la adjudicación.

Y, para poder recibir ese certificado, el suministrador debe demostrar y presentar los estudios necesarios que acrediten que su producto es idéntico a lo que se está solicitando, que es eficaz y eficiente, que es seguro y que cumple con la normativa de empaquetamiento y etiquetado. Es decir, el distribuidor debe demostrar que cumple con todas las especificaciones técnicas y exigencias requeridas.

Además, para poder emitir un registro sanitario, Arcsa solicita que se demuestren buenas prácticas de manufactura. Así garantizamos la calidad del medicamento que se entregará a la red pública de salud.

¿Existen criterios internacionales para verificar esa calidad?

Como rector de la contratación pública y signatario de los convenios marco en representación del Estado, el Sercop generó el instructivo para conformar el sistema de alerta para el control de calidad. Y lo hizo en coordinación con Arcsa y con el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Este sistema define que los remedios estarán sujetos a un control  y una acreditación continua de la calidad mediante el envío de muestras aleatorias de los mismos a laboratorios nacionales e internacionales. Entre estos se encuentran aquellos que trabajan para agencias de regulación y control como la ‘Administración de Drogas y Alimentos’ de Estados Unidos.

Todo lo anterior no tiene nada que ver con lo que se dijo en una entrevista de televisión, insinuándose que el Sercop y la red pública de salud están experimentando nuevas drogas en los pacientes. En gran parte, esos medicamentos ya son vendidos en el mercado nacional e internacional. Lo que ha sucedido es que se ha diversificado mucho más el portafolio de proveedores. En muchos casos, el proveedor ha cambiado, es decir, uno nuevo ganó la adjudicación.

Subastar medicinas topa intereses económicos muy fuertes. Existen empresas interesadas en deslegitimar la calidad de aquellas por el simple hecho de que su proveedor es nuevo.

Por conseguir ahorros a través de la compra de genéricos, ¿se están adquiriendo medicamentos que afectarán a los pacientes y que podrían implicar por ello mayores costos para el Estado a posteriori?

Una medicina genérica es un producto exacto, idéntico, con los mismos componentes que los originales solo que no tienen una marca específica. Según la Ley Orgánica de Contratación Pública y su reglamento, el Estado no puede establecer marcas en absolutamente nada de lo que compra porque aquello significaría sesgar la adquisición, coartar la participación o reducir la competencia.

Lo que se hace es comprar principios activos en una forma farmacéutica específica, en una concentración y en una presentación. Esto lo determina la red pública de salud siguiendo una metodología. Para ello se definen criterios de morbilidad, perfiles epidemiológicos, existencias históricas de inventarios y proyecciones de demanda, entre otros. Todo esto, incluso, lo determinan los médicos de la red.

En la entrevista de televisión, se presentó un medicamento cuyas instrucciones estaban en idioma mandarín, ¿Es posible esto?

El Estado no compra todavía ningún medicamento de la subasta. A partir de julio, los 425 estarán disponibles para ser adquiridos por la red pública de salud. Lo que está llegando actualmente a las casas de salud no proviene de esa fuente. El Sercop no ha participado en esos procedimientos y, de hecho, la ley prohíbe que ingrese un medicamento cuya etiqueta no cumple con aquello que la red pública de salud determina. Entre lo último se encuentra que la presentación esté en idioma español. Esas no son medicinas adjudicadas por esta subasta.

Por otra parte, se debería averiguar si la muestra presentada en televisión es un producto entregado efectivamente a alguna institución pública. En algunos casos muy específicos, la ley sí permite adquirirlos de manera emergente. Por eso se debería verificar si ese fármaco ‘en chino’ es un medicamento donado o un medicamento muy particular que algún paciente lo requería con urgencia. Un ejemplar, así, llevado de manera aleatoria a una entrevista con difusión nacional, no implica que alguna institución pública de salud esté comprándolo.

¿Se ha evitado adquirir medicamentos para enfermedades raras o catastróficas?

Su subasta fue diseñada de tal manera para que tengan todos los incentivos y así poder garantizar una alta concurrencia de oferentes. Por eso, llegamos a tener hasta 40 competidores en cuanto a algunas medicinas. A diferencia de lo que sucedió en la subasta de 2011 - cuando el 60% de los medicamentos se dio por negociación única-, el 95% de los casos ocurrieron ahora con ‘pujas ciegas’. Es decir, gracias al uso de mecanismos electrónicos durante el proceso, los proveedores desconocían contra quién estaban rivalizando y cuál era el precio ofrecido por su competidor.

El sistema solo les notificaba si estaban ganando o no. Esto les obligó a que, en cada movimiento, los oferentes tuviesen que transparentar sus costos para ganar el procedimiento. Todos estos elementos generaron una competencia sana y una reducción de precios.

Antes de la subasta, ¿se socializó adecuadamente la información sobre las medicinas?

Es completamente falso que no se haya socializado la información. Desde el año anterior, el Sercop y la red de salud pública hemos tenido más de 10 momentos de participación ciudadana.

Se realizaron consejos consultivos en Quito, Guayaquil y Cuenca. Se interactuó con los observatorios de compra pública. El Observatorio de Salud de la Universidad Central, por ejemplo, ha estado fuertemente vinculado al proceso.

Incluso, hace poco tiempo firmamos un convenio con la Asociación de Facultades Ecuatorianas de Ciencias Médicas y de la Salud (Afeme). Con esta institución estamos diseñando la hoja de ruta para el sistema de verificación posterior. (I)