El fortalecimiento de los actores de la Economía Popular Solidaria (EPS), con más participación en el sector productivo, motivó el inicio de la reforma total a la ley vigente hace 4 años, que está a cargo de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional.

El pasado 16 de diciembre la comisión emitió el informe para el primer debate en el pleno. El documento contiene varios argumentos para reemplazar la norma existente, que adolecería de insuficiente regulación, lentitud en el registro, catastro y obtención de personería de los actores del sector, dificultades para la obtención de títulos habilitantes, insuficiencia de las medidas de incentivo, fomento y promoción del sector, entre otros.

Para la organización del sector, el artículo 6 del proyecto reformatorio establece que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) mantenga un catastro público que contenga la nómina de organizaciones constituidas, intervenidas, en proceso de liquidación y liquidadas. También dispone una nómina de los integrantes de órganos directivos y de administración y de los socios.

Actualmente funcionan 8.154 organizaciones de la EPS, según datos hasta mayo de 2015 proporcionados por la SEPS y recogidos por la revista Chakana de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades). A partir de esta información se desprende que 7.237 entidades pertenecen al sector real y son organizaciones comunitarias, asociaciones, cooperativas y unidades económicas populares. (Ver infografía)

Sin embargo, según Virgilio Hernández, presidente de la Comisión de Régimen Económico, en Ecuador habría un mayor número de organizaciones que funcionan sin tener registro jurídico. “La mayor dificultad es la falta de asociatividad porque una buena parte de los pequeños productores no tienen los suficientes incentivos o mecanismos para que puedan articularse”, indica Hernández.

Recalca que se requiere cambiar la percepción habitual que se tiene de la Economía Popular y Solidaria como un segmento minoritario “de pobres y para pobres”, sin mayor peso en la economía nacional.

En octubre, en las ‘Jornadas por la Igualdad y Erradicación de la Pobreza’, Betty Tola, titular del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), dijo que “las EPS son actividades económicas y prácticas sociales desarrolladas por sectores populares con la intención de garantizarse mediante el uso de su propia fuerza de trabajo. No buscan el lucro individual, sino la distribución equitativa de la ganancia”.

La normativa reformatoria coincide con este criterio al establecer en su artículo 1 que la economía popular y solidaria privilegia al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital.

La comercialización de los bienes producidos por los actores de la Economía Popular y Solidaria continuará mediante perchas y lugares de exhibición en cadenas de supermercados, de acuerdo a un porcentaje que será establecido por la Superintendencia de Control de Poder del Mercado (SCPM).

Según datos de la entidad, las perchas de las cadenas de supermercados acogieron 437 nuevos productores provenientes de la EPS y de las micro, pequeñas y medianas empresas. En el primer semestre de 2015 la venta de productos de economía popular y solidaria aumentó $ 300 millones aproximadamente en los supermercados del país.

El asambleísta Hernández repara en que, si bien las normativas sobre la participación en percha apuntan a una presencia de al menos el 15%, en la práctica todavía no se ha podido alcanzar esa meta por varios factores, entre ellos, la calidad y nivel de producción de los bienes. De ahí que se dará mayor énfasis en estas áreas.

Entre los principales cambios que propone la nueva normativa se encuentra la ‘Economía del Cuidado’. Desde esta se busca proteger el trabajo productivo no remunerado realizado por personas naturales, cuyos bienes y servicios están destinados   a satisfacer las necesidades del hogar y de cuidado de personas en el ámbito familiar.

Las cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, y cajas de ahorro integrarán el Sector Financiero Popular. Los registros de la SEPS indican que existen 917 entidades financieras.

Con respecto a la participación de los actores de la EPS como proveedores del Estado, la reforma propone que el Sistema Nacional de Contratación Pública, a través de los procedimientos de contratación pública, implementará márgenes de preferencia, reserva de mercado obligatoria y progresiva, entre otras, a favor de las personas y organizaciones amparadas por la ley.

La Feria Inclusiva será uno de los procedimientos de contratación que las entidades contratantes utilizarán en forma obligatoria y progresiva, en un monto no menor al 10% del total de compras que realicen las instituciones estatales.

Para el martes 29 de diciembre fue convocado el pleno de la Asamblea Nacional para tratar el proyecto de reforma a la Ley de la Economía Popular y Solidaria en primer debate. El asambleísta Hernández aspira a que la reforma a la ley sea aprobada en el transcurso del primer trimestre de 2016. (I)