Luego del anuncio del presidente Rafael Correa de explotar el petróleo existente en el parque Yasuní, la Asamblea Nacional debe aprobar si la iniciativa es de interés nacional o si el tema amerita una consulta popular.  

Para ello, los legisladores esperan que el primer mandatario envíe la propuesta, puesto que el artículo 49 de la Ley Orgánica de Función Legislativa establece que la declaratoria de interés nacional se la haga en dos debates.

A esto se refirió la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Marcela Aguiñaga, quien consideró que no fue fácil tomar la decisión de una iniciativa que inspiró a  Ecuador y al mundo entero.

La legisladora indicó que, de conformidad con lo que determina el artículo 4 del decreto Ejecutivo 74, firmado por el Primer Mandatario, en cinco días hábiles llegará el pedido de autorización para la explotación petrolera en el Yasuní, el mismo que deberá aprobarse en dos debates. “Es un trámite correspondiente a una resolución”, destacó la legisladora Aguiñaga.

El art. 4 del Decreto  74 establece que en 5 días debe informarse sobre la viabilidad de la explotaciónEl asambleísta Virgilio Hernández, miembro del Consejo de Administración Legislativa (CAL), explicó que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la solicitud del jefe de Estado en primer lugar debe ser analizada por el CAL, instancia que enviará a una de las comisiones especializadas permanentes, que sería  la de Biodiversidad o Recursos Naturales.

A diferencia de Aguiñaga, el legislador Hernández dijo que  la petición recibirá el mismo tratamiento que un proyecto de ley. Es decir el informe para primer debate debe ser elaborado mínimo en 15 días y máximo en 45, y el mismo procedimiento se aplicaría en la segunda discusión.

Los asambleístas se basan en el artículo 407 de la Constitución, que prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal.   

Sin embargo esta misma norma señala que “excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular”.

Aguiñaga dijo que el pedido debe ser fundamentado con informes técnicos de la actividad extractiva, aclarando qué técnicas se van a implementar y cómo se van a mitigar los daños e impactos ambientales.

De su parte Lorena Tapia, ministra del Ambiente, aseguró que cuando la Asamblea  ratifique  lo solicitado  por Correa, ejercerá el debido control y fiscalización para cumplir las más “rígidas” normativas ecuatorianas y los estándares internacionales para garantizar una explotación petrolera responsable.

Carlos Viteri Gualinga, titular de la Comisión de Biodiversidad, dijo que las dos posibilidades tanto de consulta popular como de declaratoria de interés nacional serán analizadas a “profundidad”.

Por otro lado, Douglas Paredes, delegado del Colectivo Plataforma Animal, avizora una campaña para una  consulta popular que impida explotar el Yasuní ITT.

ORGANIZACIONES INSISTEN EN CONSULTA

Varias organizaciones políticas y sociales solicitaron ayer a la Asamblea que analice la necesidad de llevar la explotación del Yasuní a consulta popular. Según Humberto Cholango, presidente de la Conaie, el Gobierno deberá consultar a la ciudadanía sobre este tema. “No pueden tomar una decisión sobre la vida de los pueblos no contactados todos los ecuatorianos, defenderemos el Yasuní”, sostuvo. La organización advirtió que llevará el proceso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Carlos Pérez, presidente de la Confederación de Nacionalidades Kichwas del Ecuador (Ecuarunari), precisó que la resolución  también motivará la movilización nacional para el próximo 27 de agosto. A ello se sumarán los estudiantes de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (Fese). Lady Morales, presidenta de la Fese, señaló que espera que los alumnos regresen a las aulas para iniciar  las protestas.    

Para Pérez si la Asamblea aprueba el pedido se estaría desconociendo los derechos de la naturaleza, que estipula la Constitución.

Esperanza Martínez, de Acción Ecológica, manifestó que acudirán a la Asamblea para pedir que se abra un debate  y puedan exponer los criterios sobre la iniciativa.

Para Eduardo Pichilingue, representante del Observatorio de Derechos Colectivos, la explotación podría provocar problemas internos porque “es una zona conflictiva”. Elsie Monge, activista de derechos humanos, también se unió a la iniciativa de realizar una consulta.