Inversionistas que mantengan o suscriban contratos de inversión mayores a $ 10 millones podrán pactar con el Estado mecanismos técnicos, confiables e independientes de arbitraje para resolver disputas contractuales.

El veto parcial a la Ley de Fomento Productivo plantea que las controversias sean solucionadas “de acuerdo al ordenamiento jurídico ecuatoriano”.

Definir alternativas de arbitraje ha sido uno de los constantes pedidos y observaciones de los sectores productivos como una medida que garantice protección a los contratos de inversión y genere un ambiente atractivo para captar mayores capitales extranjeros.

La propuesta del Ejecutivo se sostiene en el artículo 190 de la Constitución que reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos de solución de conflictos. También se apoya en la Ley de Arbitraje y Mediación que determina requisitos para que las entidades del sector público puedan someterse a arbitraje.

Ahí se señala que el convenio arbitral se pactará con anterioridad a la controversia, será de carácter contractual, deberá incluir la forma de selección de los árbitros y deberá ser firmado por la persona autorizada para contratar a nombre de la institución pública.

El texto que aprobó la Asamblea Nacional el 21 de junio dispone que el Estado ofrecerá a favor de los inversionistas y/o contratistas, arbitraje regional en derecho.

Pero el veto presidencial refuta que lo aprobado pretende garantizar sin ningún tipo de condiciones que inversionistas o contratistas, nacionales o extranjeros, accedan directamente a mecanismos de arbitraje nacional o regional, respecto de cualquier tipo de disputa que surja con el Estado, exista o no, una relación contractual.

El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, explicó que el tema tendrá mayor definición en el proyecto de Ley de Inversiones.

“Esto va a tener garantías dentro de los proyectos de inversión y, además, se está trabajando en los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y convenios de inversión”, adelantó Martínez.

A criterio de Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), el veto envía señales confusas, pues si bien hay importantes incentivos no hay claridad sobre el arbitraje internacional. Lo dijo porque el Ejecutivo suprimió la posibilidad de traer al país instituciones extranjeras de arbitraje.

Para Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), debe existir una política de Estado de fomento a la inversión que no se limite a aspectos tributarios sino también regulatorios.

En ese sentido, el veto dejó como una disposición transitoria el desarrollo y promulgación de una política nacional de inversión en un plazo de 120 días contados desde la publicación de la ley en el Registro Oficial.

Desde la otra orilla, Cecilia Olivet, quien presidió la Comisión de Auditoría Integral de los Tratados de Inversión y del Sistema de Arbitraje (Caitisa) creada en 2013, advirtió que los arbitrajes internacionales “han sido altamente dañinos para el país”.

Señaló que EE.UU. se negó a aceptar el arbitraje de inversiones en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. (I)

Auditoría
16 TBI fueron denunciados
En mayo de 2017 el gobierno del expresidente Rafael Correa  puso fin a 16 tratados bilaterales de inversión (TBI) por “su incompatibilidad” con la Constitución. Una auditoría concluyó que estos instrumentos privilegiaron al inversor.     

6 árbitros internacionales presentaron conflicto de interés, según el informe de Caetisa.   

Nuevo instrumento  
En marzo de 2018 la Cancillería ecuatoriana presentó un nuevo modelo de convenio bilateral de inversiones (CBI). (I)