La Ley de Fomento Productivo cumple un año y medio de vigencia. La propuesta fue enviada por el Ejecutivo con el fin de que Ecuador sea un destino más atractivo para las inversiones.

Si bien esta ley ha permitido que se concreten nuevos contratos con empresas privadas, todavía están pendientes algunas reformas estructurales para que su impacto sea más palpable.

Dos economistas consultados por este Diario analizan la norma y otras opciones para que el país perciba más ingresos nacionales y extranjeros.

La ley se caracteriza por incentivos tributarios como la exoneración del Impuesto a la Renta por hasta 20 años para inversiones nuevas o la exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas para la importación de materias primas.

En febrero de 2020, el presidente Lenín Moreno informó que entre 2018 y 2019 se suscribieron 76 convenios con empresas nacionales y extranjeras que suman $ 2.000 millones y generan 10.000 plazas de trabajo.

Pero para que la ley genere aún más las condiciones para que la inversión despunte, “es necesario la reforma laboral y la reforma de seguridad social”, indica el analista Jorge Calderón.

El experto cree que la ley tiene buenas intenciones, “pero si no se puede operar, se tiene problemas en la estructura de costos del país y se pierde competitividad, la inversión no va a venir”.

El economista Héctor Delgado también coincide con este punto, pues cree que la reforma laboral es un pilar fundamental para cualquier inversionista extranjero. “Las normas ecuatorianas son bastante rigurosas, como los costos de la seguridad social”.

Otro punto clave para atraer la inversión es mejorar la competitividad a través de costos de producción más baratos. Calderón comenta que Ecuador tiene margen para ello a través de la energía eléctrica, por ejemplo.

Héctor Delgado añade que existen factores externos a la economía ecuatoriana que dificultan la llegada de recursos. Citó el riesgo país, que hasta el 28 de febrero fue de 1.466 puntos.

Este indicador varía principalmente con el precio del petróleo. En enero se festejaba un alza en su valor, sobre los $ 60, debido a la situación entre EE.UU. e Irán.

Ahora, debido al brote de coronavirus en China, el precio del barril se ubica alrededor de los $ 48. Esto significa que Ecuador percibe unos $ 40 por barril, cuando se presupuestó $ 51. “Eso deja ver la vulnerabilidad de la economía ecuatoriana”, asegura Calderón. Cree que es necesario hacer un cambio definitivo en la matriz productiva y apostar a la agricultura y ganadería, para no depender de acontecimientos internacionales.

En la misma línea, Delgado explica que el riesgo país es lo primero que los inversionistas analizan para decidir dónde colocar sus capitales, además de la seguridad jurídica. Señala que las empresas están algo temerosas por ser el 2020 un año preelectoral, “lo que hace que se mantengan al margen y no se vea una reactivación como tal”.

Ambos especialistas tienen una alta expectativa frente al futuro acuerdo comercial entre Ecuador y EE.UU. Para Delgado, es un excelente mensaje el hecho de que los presidentes de ambas economías se hayan sentado a analizar el tema y espera que se suscriba pronto.  Este instrumento le ayudará al país a competir sobre todo con Colombia y Perú que ya tienen acuerdos con EE.UU.

Además se facilitará el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico. “Pero hay que negociarlo bien, se (deben poner) barreras y condiciones para no afectar a ciertos sectores que con el tiempo puedan modernizarse y entrar a temas de tecnología e innovación”, dice.

Calderón recuerda que el trabajo que tiene que hacer el equipo negociador debe ser sin imposiciones. “Ecuador ya parte de una base que son los sectores sensibles ante un acuerdo”. (I)