Quito y Guayaquil.-

La consolidación de empresas sostenibles fue el centro de debate del XII Congreso Industrial del Ecuador, que reunió el jueves a representantes del sector productivo y autoridades del Estado, quienes compartieron criterios para concretar las alianzas público-privadas.         

El diálogo fue organizado por la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Contó con la presencia de Nathalie Cely, ministra Coordinadora de la Producción, Empleo y Competitividad, y Eduardo Egas, titular de la cartera de Industrias y Productividad.

Richard Martínez, presidente de las Cámaras, mencionó que el sector aporta con el 40% del Producto Interno Bruto (PIB) no petrolero del país. Dijo que el desarrollo social es viable solamente con la existencia de empresas que puedan trascender en el tiempo.

El 76% del total de empleos adecuados del país corresponde al sector productivo, según Martínez.

Citando un estudio elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señaló que “un fuerte desarrollo económico requiere un balance exitoso de todos los frentes de agenda de política, no solamente políticas de desarrollo productivas sólidas”.

DATOS

Las alianzas público-privadas o PPP (Public-Private Partnership) no son un sistema nuevo. El Banco Mundial (BM) las define como un acuerdo en el “que parte de los servicios o labores que son responsabilidad del sector público son suministrados por el privado bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos para el abastecimiento de la atención pública o de  la infraestructura en un país”.

Según esta descripción, usualmente no se incluyen contratos de servicios o contratos ‘llave en mano’, ya que estos son considerados como de privatización de los servicios públicos en los que existe un rol limitado del sector estatal.

La ministra Cely, por su parte, instó a los empresarios a prepararse para un entorno mundial difícil invirtiendo en innovación y productividad. Solo 3 de cada 10 compañías ecuatorianas implementan mejoras de productos o realizan innovaciones de proceso.

Al respecto, Cely expuso que de acuerdo a una reciente encuesta del Banco Mundial (BM), el gasto de las empresas en materia de innovación es del 0,33% cuando el promedio de América Latina es cercano al 1%.

El Estado, a través del Ministerio de Industrias, trabaja en la definición del programa ‘Competitividad de los servicios industriales en el país’, que entraría en vigencia a partir de 2016 con crédito externo.

El programa está siendo diseñado con el aporte del Banco Mundial. “En su esencia está tratando de estimular la demanda empresarial a través de cofinanciamientos para mejorar la capacidad de las compañías en innovación, tanto en sus procesos como en sus productos”, resumió la funcionaria.

Martínez y Cely coinciden en que el proyecto de Ley para Alianzas Público-Privadas (APP) significa un factor positivo para fortalecer al sector empresarial.

Otro punto de acuerdo fue la reducción de los trámites. En el proyecto de Ley APP se contempla un artículo especial para disminuir al máximo los trámites.

El empresario agregó como aspecto favorable la exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para pagos de créditos en el exterior, la discusión para la disminución de barreras a las empresas domiciliadas en paraísos fiscales (en trámite), y la aclaración sobre el respaldo del dinero electrónico.      

La ministra Cely recordó que el cuerpo legal es una herramienta más para atraer recursos a la economía local, sobre todo del extranjero, para proteger el empleo en medio de la coyuntura actual, afectada por los bajos precios del crudo y la desaceleración de China.

El portafolio de alianzas público-privadas suma alrededor de $ 6.500 millones. La meta es que $ 3.500 millones se desembolsen en los siguientes años. Entre las obras la funcionaria mencionó la autopista Río 7 en Huaquillas y el puerto de Machala, ambos en El Oro, así también el puerto de Posorja, todas financiadas con fondos  de la empresa privada (ver infografía).

¿Cuáles fueron las propuestas de los empresarios?

La Federación de Cámaras de Industrias presentó el jueves un documento con varias recomendaciones al Gobierno, bajo el argumento de estimular el crecimiento del sector productivo con un mejor rendimiento. El texto fue elaborado con el aporte de la Organización Internacional de Trabajo.

El informe aborda varias áreas: fiscal, monetaria, productiva, de emprendimiento, de comercio exterior, entre otras.

De ahí que una de las principales sugerencias es ratificar el acuerdo con la Unión Europea y procurar convenios con Estados Unidos, principal socio comercial.

En el sector monetario y financiero se potenciaría la obtención de recursos externos que sirvan de soporte para inyectar nuevos capitales, a través del sistema privado.

El gremio se hizo eco de las peticiones de la banca de permitir la ampliación de las reservas en las entidades financieras, sin que aquello derive en una carga tributaria adicional. En el ámbito fiscal apuntan hacia la aceleración del proceso de optimización del aparato Estatal, así como la reducción y focalización adecuadas de los subsidios.

Richard Martínez, a nombre del sector, convocó a un ‘Pacto Fiscal’ alrededor del Presupuesto General del Estado (PGE), “con el afán de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo”. (I)