La Asamblea Nacional retomó ayer el segundo debate del proyecto de Ley de Tierras con la asistencia de 85 de los 137 asambleístas. Fausto Cayambe, jefe de la bancada de PAIS, explicó que la norma cumple  con dos principios constitucionales: garantiza la soberanía alimentaria y la conservación del ambiente.

Además se creará el Sistema Nacional de Información Agropecuaria que permitirá concentrar en un solo organismo los datos que hoy están dispersos en distintos niveles de gobierno.

Con respecto al Fondo  Nacional de Tierras, que sería administrado por la autoridad agraria,  Cayambe cree que es un gran avance porque permitirá que las tierras que no cumplan con la función productiva pasen al fondo y, en base a un reglamento, pasen a manos de quienes quieran contribuir a la soberanía alimentaria.

El vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria,  Mauricio Proaño (foto), señaló que el Fondo Nacional de Tierras está contemplado en la Constitución para facilitar la redistribución, aplicando la expropiación de tierras en base al avalúo catastral municipal para luego ser  entregadas a las organizaciones.

A ello acompañará un crédito productivo que dependerá del avalúo. Cabe anotar que esas tierras no podrán ser gratuitas y allí funcionará el crédito, con intereses preferenciales, 3 años de gracia y 15 años para que se pague la propiedad, facilitando la producción.

“Por fin ponemos un candado para que nunca más se quite la zona rural y con ello se garantiza la alimentación y la conservación del ambiente. En donde no haya vocación agropecuaria se podrá urbanizar”, dijo Cayambe.

Estaba prevista la intervención de 35 legisladores, pero cerca del mediodía la sesión fue suspendida hasta una nueva convocatoria. (I)

Tierras ociosas podrían ser expropiadas

Entre las causales de expropiación de la tierra se considerará que no haya producido por un lapso mayor a 2 años, que no cumpla una función social y ambiental y la presión demográfica.

Sobre esta última, se hallaron comunidades de 500 familias en 200 hectáreas (has) y propiedades de 2.000 has de una sola familia. La asambleísta Lourdes Tibán (Pachakutik) señala que la normativa no acaba con el acaparamiento ni la concentración de la tierra. (I)