La Asamblea Nacional debatió ayer el contenido de la proforma presupuestaria 2016 fijada en $ 29.835 millones, en la cual se estima el crecimiento económico del próximo año en el 1%.

El asambleísta Virgilio Hernández (AP), presidente de la Comisión de Régimen Económico, expuso que una de las recomendaciones del informe es que en caso de que los precios del crudo suban, los recursos sean destinados al sector social.

Esto porque la proforma fiscal se estructuró con un precio referencial del crudo de $ 35, cuando para el presupuesto actual el valor estimado fue de $ 79,7 por barril.

Hernández, además, explicó que el límite de endeudamiento del Estado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Constitución, es decir, que no excede el 40% del presupuesto. De acuerdo a la regla fiscal se calcula un déficit de 2,4% ($ 2.467 millones).

El Gobierno determinó que el requerimiento de financiamiento del próximo año será de $ 6.600 millones, de los cuales $ 4.400 ya están garantizados.

Recalcó que dentro del Plan Anual de Inversiones (PAI) el 60% de los recursos se destinará a tres sectores: Talento Humano $ 829 millones (unidades educativas), Desarrollo Social $ 325 millones (hospitales y centros de salud), e Hidroeléctricas $ 260 millones.

El PAI de 2016 será de $ 5.349 millones que se distribuirán en 570 proyectos prioritarios.

Cumpliendo con el mandato constitucional que cada año se incrementará obligatoriamente en 0,5% del PIB en salud y educación, la proforma destina $ 3.925 millones en salud y $ 4.921 millones en educación. Los rubros asignados significan un incremento que supera los $ 1.000 millones con relación a este año ($ 7.201 millones).

La oposición, en cambio, cuestionó lo asignado para gasto de personal contemplado en $ 8.789 millones, que comprende el pago de sueldos y salarios a los servidores públicos.

Ramiro Aguilar (Independiente), mencionó que el Estado debería reducir el número de sus funcionarios y eliminar ciertas entidades.

Mientras que para la asambleísta Marisol Peñafiel (AP), reducir el gasto de personal significaría disminuir el número de maestros, médicos, policías y demás servidores, lo cual no puede ser posible, ya que garantizan el normal funcionamiento del Estado.

Sobre la otra sugerencia de desaparecer determinadas entidades públicas, Peñafiel recordó que en el presupuesto no se puede disponer la continuidad o eliminación de entidades.

Respecto a la asignación a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), Hernández detalló que el próximo año recibirán $ 2.861 millones, el 12% menos en comparación a este año que fue de $ 3.253 millones, por el precio del crudo.

Recordó que pese a la precipitada caída del petróleo el Estado no disminuyó las asignaciones a los GAD.

Al cabo de 4 horas de debate, la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, ordenó que sea suspendido. En los próximos días se retomará la discusión antes de la aprobación. (I)