El debate sobre explotar o no las reservas petroleras que hay en el parque Yasuní parece encaminarse a la Corte Constitucional (CC), organismo que ya tiene en sus manos una propuesta de consulta popular.

El grupo “Frente de Defensa de la Amazonía”  acudió ayer  a los exteriores de la CC para presentar una nueva pregunta encaminada a un referendo sobre el Yasuní.  

Cerca de 100 personas se dieron cita para protestar en contra de la decisión del Gobierno de explotar el crudo de los campos Ishpingo, Tambococha y Tipunini.

David Íñiguez, vocero de la organización, entregó a la CC un manifiesto que contiene  la pregunta: “¿Está de acuerdo con declarar al Ecuador libre de toda actividad extractiva y en general libre de proyectos que afecten a la Pachamama y al patrimonio ambiental como proyectos hidrocarburíferos, mineros, entre otros?”.

Esta pregunta, en comparación con la que propusieron otros colectivos, entre ellos Acción Ecológica, es   más amplia porque aquella solo pedía prohibir la extracción de crudo únicamente en el bloque 43.

Íñiguez explicó que en este caso se propone el cese de todo tipo de actividad extractiva de  los recursos naturales no renovables del país; la anterior pregunta solo se refiere al yacimiento ubicado en el Yasuní. “El daño ambiental ha llegado a un punto de no retorno”, cuestionó.

Según el activista, esta iniciativa es ciudadana, en términos de defensa del medio ambiente, por lo que  no están adheridos a movimiento y partido político alguno. Pero hay el “Frente de Defensa de la Amazonía”, constituido en 1994 y presidido por Wilmer Meneses, que rechazó el uso de su nombre.

En un comunicado de prensa, Meneses aclara que no forman parte de la iniciativa planteada ante la CC y pide a los medios de comunicación no hacer uso de su nombre.

En tanto, el Colectivo Yasuní.si, integrado por Diabluma y varias organizaciones, también se pronunció en contra de la explotación de la reserva natural. A través de un manifiesto, el grupo propone alternativas a la extracción de crudo.

El vocero de este grupo, Gabriel Buitrón, afirmó en una  rueda de prensa, ofrecida ayer en Quito, que entre sus propuestas está eliminar el subsidio a la gasolina súper, aumentar los impuestos a las ganancias extraordinarias de las grandes empresas, nacionalizar las telefónicas y gravar con diez centavos de dólar a las bebidas alcohólicas, cigarrillos y botellas de plástico. “Este grupo lucha por la conservación del Yasuní, por el cambio de la matriz productiva, por cuidar a los pueblos y culturas amazónicas y por consultar al pueblo las decisiones trascendentales”, dijo.

El documento reconoce que producto de la dolarización, el país necesita un ingreso permanente de divisas provenientes del exterior.

Sin embargo, menciona que estos  recursos pueden tornarse más efectivos si se optimizan o se vinculan con el ahorro. En este caso, proponen usar un dispositivo creado en  Ecuador para reducir hasta un 40% el uso de gasolina en todos los motores. Este colectivo apoya el desarrollo de motores a base de hidrógeno (hidroxiecuador).

“Se propone el cese de todo tipo de actividad extractivista de los recursos naturales no renovables”
David Íñiguez activistaEl texto afirma que la mayoría del país pretende conservar el Yasuní y al mismo tiempo salir de la pobreza. “La consulta popular, que hasta el momento se ha planteado,  solo resuelve una de estas dos demandas. Por ello, es momento de construir colectivamente una propuesta que resuelva las dos”, insiste.

Paralelamente a estas iniciativas, el debate legislativo continúa. La Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, encargada de elaborar el informe para primer debate sobre el pedido del Presidente de la República para declarar de interés nacional la explotación del Yasuní, recibió en comisión general a varios delegados de las nacionalidades indígenas de Sucumbíos.

El titular de esta mesa legislativa, Carlos Viteri Gualinga, adelantó que  visitarán este fin de semana el parque Yasuní para recoger criterios de los habitantes de este sector de la Amazonía.

AMAZÓNICOS LLEGARÁN A LA PLAZA GRANDE

La Plaza Grande será hoy el  escenario de lo que se considera la más grande muestra de apoyo al Gobierno luego de que el presidente Rafael Correa decidiera explotar las reservas petroleras del parque Yasuní.

Al lugar llegarán alcaldes y ciudadanos de la región amazónica para expresar su respaldo a Correa y a la explotación racional de petróleo en la reserva natural.

De acuerdo con la agenda preparada por los organizadores, las delegaciones tenían previsto trasladarse desde anoche de los diferentes puntos de la región amazónica para hoy llegar, a las 07:30, a la capital.

A las 10:00 se trasladarán a la Corte Constitucional para entregar una petición para que se realice una consulta popular. Luego, a las 11:00, se dirigirán a la Asamblea Nacional, donde una delegación expondrá sus propuestas al presidente de la Comisión de Biodiversidad, Carlos Viteri Gualinga.

Media hora después comenzarán su recorrido hasta el Palacio de Carondelet, donde se prevé que el Primer Mandatario ofrezca un discurso.

La delegación le entregará el manifiesto de apoyo con la firma de los alcaldes que aprueban la propuesta. A este apoyo se suma el de 18 prefectos que, a nombre del Consorcio de Gobiernos Provinciales  (Congope), publican hoy en EL TELÉGRAFO un documento en el que explican las razones por las cuales el Gobierno debe utilizar los recursos naturales que existen en el Yasuní.

Los firmantes señalan que luego de analizar las causas que hicieron fracasar  el plan de dejar en tierra el crudo del Yasuní a cambio de una compensación internacional, los prefectos expresan su incondicional respaldo a la decisión “histórica, responsable y soberana asumida por el presidente Rafael Correa”, de concluir el fideicomiso y aplicar  una estrategia de extracción del recurso natural no renovable.

Agregan que, según el Gobierno, se utilizará una moderna tecnología, con responsabilidad ambiental y social, bajo los parámetros de afectación del 1 por 1.000 de la reserva ecológica, por lo que aseguraron confiar en la palabra del Jefe de Estado.

Suscriben el documento los prefectos de El Oro, Tungurahua, Manabí, Chimborazo, Pastaza, Loja, Bolívar, Pichincha, Cañar, Cotopaxi, Guayas, Imbabura, Los Ríos, Napo, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Carchi.

ASAMBLEA ANALIZA DERECHOS DE PUEBLOS AISLADOS

En el salón del ex Senado de la Asamblea se desarrolló ayer un taller de Territorialidad, movilidad y frontera sobre los derechos de los pueblos no contactados.

El Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad Humana escuchó los planteamientos de sectores involucrados en esta temática, que consideraron que es importante construir una normativa integral que sea inclusiva, plural y altamente técnica, que garantice los derechos de este sector.
 
También participaron especialistas que dialogaron sobre la Zona Intangible Tagaeri-Taromenani, que es el territorio delimitado en el parque Yasuní como exclusivo para la protección de los pueblos en aislamiento.

Delimitar una zona no sería suficiente para garantizar la supervivencia de los pueblos no contactados, dijo  Pool Segarra.