La Ley Humanitaria crea mecanismos que permiten la reactivación económica y protección del empleo, entre ellos líneas de créditos productivos de rápido desembolso con condiciones especiales.

El artículo 10 establece que a partir de la promulgación de la ley, las entidades del sistema financiero otorguen estos financiamientos con periodos de gracia, amplios plazos de pago y tasas de interés preferenciales.

Las entidades del sistema financiero que otorguen créditos entre abril y diciembre de 2020 a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), del tipo comercial ordinario, productivo o microcrédito superiores a $ 25.000 a un plazo mínimo de 48 meses, podrán deducir “del impuesto a la renta el 50% del valor de los intereses recibidos por pago de estos préstamos”, señala el  documento.

Además, la banca pública deberá crear líneas de créditos específicas, destinadas a cobertura de pagos de nómina y capital de trabajo por montos equivalentes a tres meses de operación.

La ley, además, fortalece el trabajo que las instituciones públicas financieras han realizado, como BanEcuador que junto al Ministerio de Agricultura ejecutan una línea de financiamiento productivo con enfoque social para la mujer del campo.

Xavier Lazo, ministro de Agricultura y presidente de BanEcuador, dijo que la mujer rural, como pilar de la economía del campo, merece total acceso a líneas de créditos ajustadas a sus necesidades productivas.

Gracias a la política de reactivación económica implementada, las instituciones financieras han recibido fondos de organismos internacionales, como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La  Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (Conafips) está recibiendo $ 93,8 millones para fortalecer la colocación de estos créditos a actividades productivas, según indicó el presidente del directorio, Roberto Romero.

El presidente de la República, Lenín Moreno, a través de su cuenta de Twitter, presentó el crédito Reactívate Ecuador. “Mil millones de dólares a disposición de las micro, pequeñas y medianas empresas”.

Tasa de interés al 5% a 36 meses plazo, con seis meses de gracia.

Este punto de apoyo a la producción a través de créditos no tuvo cuestionamientos en la Asamblea Nacional. Empresarios y emprendedores apoyan la medida.

Por su parte, José Villavicencio, vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), dijo que el rechazo del sector es a las reformas laborales que llevan a la esclavitud y a salarios miserables. “Se quiere confundir que hay cosas positivas cuando lo grave está en los pactos entre empleador y trabajador”, dijo Villavicencio.

Diferimientos en los créditos
El artículo 12 señala que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera deberá emitir una resolución para que las entidades del sistema financiero, incluidas las emisoras de tarjetas de crédito y las personas jurídicas que tengan como giro de negocio operaciones de créditos, efectúen procesos de acuerdos con sus clientes para reprogramar el cobro de la cuotas mensuales.

La Cámara de Comercio de Quito cree que esto genera que muchos negocios que venden al por menor y a crédito se vean obligados a recibir numerosas solicitudes y reprogramar con cada uno.

“Esto operativamente es complejo y, además, financieramente, con la previsible disminución en ventas, es difícil de sostener”. (I)

Ley suspende pagos y alza de valores en servicios
A estos temas se suman otros, como la suspensión del cobro de multas e intereses de todos los procesos de matriculación vehicular y revisión técnica generadas durante la vigencia del estado de excepción.

Las empresas de seguros generales y seguros de vida reprogramarán el cobro de las cuotas mensuales.

Se prohíbe, desde el estado de excepción y hasta un año después, el incremento en valores, tarifas o tasas de servicios básicos, incluyendo telecomunicaciones e internet.

Los centros educativos no podrán suspender el registro de asistencia y evaluación por retrasos justificados en los pagos de pensiones.

El IESS extenderá las coberturas de prestaciones de salud hasta 60 días adicionales a los establecidos por la ley por cese de aportaciones. (I)