La Comisión de Desarrollo Económico aprobó con ocho votos el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del Covid-19, enviado por el Ejecutivo como urgente en materia económica. Los legisladores modificaron en un 70 % el informe.

Uno de los principales cambios tiene que ver con la contribución especial que realizarán personas y empresas sobre su ingreso neto mensual. La comisión plantea que el aporte sea en relación al ejercicio fiscal 2019 y la tabla partirá desde los $ 720 y no de los $ 500 como lo planteó el Ejecutivo.

Sobre el aporte del 5% de empresas con utilidades superiores al millón de dólares, los parlamentarios coincidieron que sea con base en el ejercicio fiscal 2019 y no del 2018 como originalmente planteaba la propuesta.

Los asambleístas incorporaron un artículo en el que también se realizará una contribución solidaria sobre bienes inmuebles y derechos representativos de capitales existentes en el Ecuador, de propiedad de sociedades residentes en paraísos fiscales y otras jurisdicciones en el exterior.

En el informe se detalla, también, que el valor declarado y pagado de las contribuciones establecidas en la normativa podrá ser utilizado como crédito tributario para el pago de Impuesto a la Renta, a partir del ejercicio fiscal 2022.

Durante la discusión del informe se planteó, además, que de la contribución humanitaria solo quede exonerado el sector de salud.

El documento establece los destinos de los recursos de la Cuenta Especial de Asitencia Humanitaria e Impulso a la Economía. Los recursos que provengan de la contribución de las personas naturales servirán para financiar planes, programas, proyectos y actividades de salud y sustento de personas en estado de vulnerabilidad, incluyendo transferencias monetarias.

Mientras que con las contribuciones únicas de personas jurídicas se utilizarán para la sostenibilidad del empleo y la reactivación productiva, dando prioridad en la atención a las zonas deprimidas. El resto de recursos que alimenten la cuenta especial serán destinados a enfrentar la emergencia sanitaria y las consecuencias derivadas de ésta.

Los recursos de la Cuenta Especial no podrán utilizarse para pago de deuda externa. En forma excepcional se podrá adquirir bienes y servicios del exterior con la confirmación previa de que no se disponga de oferta nacional. Aquí también se incorporó un artículo sobre los créditos y ayudas públicas para garantizar las fuentes de trabajo.

En lo referente a la suspensión temporal de desahucio en materia de inquilinato también se extendió el beneficio para el sector comercial, siempre que demuestre que sus ingresos han sido afectados, desde febrero, en al menos un 30 %.

El articulado también contempla que la reducción de la jornada laboral puede ser de hasta un 50% y que los acuerdos entre trabajadores y empleados sean colectivos. Los comisionados decidieron suprimir la propuesta de reducir en un 10% los sueldos de todos los servidores públicos, de manera permanente.

El pleno de la Asamblea Nacional debatirá este informe el jueves 30 de abril a las 15:30 (I)