Acogiendo la moción del presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Esteban Albornoz, con 84 votos afirmativos, 16 negativos, 1 blanco y 1 abstención, el Pleno de la Asamblea observó la proforma 2020, la programación cuatrianual 2020-2023 y el endeudamiento público.

De esta manera, el Parlamento formuló alrededor de 20 observaciones y devolvió la pro forma al Ejecutivo, el cual tiene 10 días para enviar un nuevo documento o insistir en su propuesta original, conforme lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 295 de la Constitución.

Albornoz dijo que Ecuador debe contar con un presupuesto, cuyo principal objetivo sea la gente, no una simple lista de ingresos y egresos; convertirse en herramienta eficaz para generar mayor productividad, empleo, desarrollo sostenible, que permita eliminar las desigualdades.

VOTACIONES ➡
En el Pleno 632 el Legislativo resuelve observar la #Proforma2020, el Ejecutivo
tiene 10 días para pronunciarse pic.twitter.com/Ajf6hIdnN4

— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) November 28, 2019

El debate

El debate realizado el miércoles 27 de noviembre del 2019 se centró en el informe de la Comisión de Desarrollo Económico. El documento establece 17 recomendaciones.

Para el próximo año 2020, se contempla un Presupuesto General del Estado (PGE) de $ 35.498 millones, que incluye la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios.

El informe de la comisión destaca el trabajo del Ejecutivo al disminuir algunos gastos en un 3,7% de la proforma 2020, frente al presupuesto codificado con corte a septiembre de 2019. Sin embargo, los legisladores advirtieron sobre una elevación de los egresos no permanentes, por lo que recomiendan al Gobierno Nacional priorizar y racionalizar los gastos.

Los ingresos permanentes estimados corresponden a $ 23.853 millones de los cuales la recaudación tributaria es el mayor componente con $ 14.323 millones, es decir, el 40,34% del total de la proforma.

Dentro de los ingresos permanentes de la proforma también están identificados $ 2.000 millones por concepto de monetización de activo del Estado.

Homero Castañeda, asambleísta de CREO, dijo que ese monto “es una expectativa”. “Se habla de Sopladora, Banco del Pacífico, y CNT, pero no sabemos cuándo se van a ejecutar y en qué condiciones”.

El legislador también señaló que es necesario conocer el destino de esos $ 2.000 millones. Acotó que es importante conocer cuál es el plan de contingencia si no sucede esa monetización.

Los asambleístas sugirieron que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) revise la clasificación de esos ingresos, en cuanto a su condición de permanente y no permanente en el PGE.

En la proforma se destaca una priorización para el sector social. La asignación para este rubro asciende a $ 9.157 millones y representa el 25,7%, seguido por el de seguridad (8,3%).

Otra de las observaciones de los asambleístas es que el MEF, en conjunto con el Ministerio de Trabajo, informe sobre el pago de los haberes pendientes por incentivo a la jubilación de los servidores públicos. Dicha ejecución presupuestaria debería ser notificada a la Asamblea Nacional de manera trimestral.

Sobre los recursos destinados a las universidades y escuelas politécnicas, la proforma cumple con la preasignación de recursos a partir del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo), pero se disminuyen los recursos fiscales en las asignaciones por gratuidad y otros rubros que afectan al monto global asignado.

Los legisladores recomiendan al Ejecutivo que realice la reasignación de recursos fiscales por concepto de gratuidad y apoye el acceso a crédito educativos. También sugieren que la inversión al sector de la educación contemple la reparación, terminación y habilitación de la infraestructura educativa a nivel nacional que se encuentra deteriorada, priorizando el sector rural.

El asambleísta Guillermo Celi (SUMA) manifestó su preocupación por los recursos asignados al sector de la salud. Según el informe de la comisión, en la proforma 2020 se elimina el rubro de creación e implementación de servicios de la red de salud mental comunitaria y centros estatales de recuperación de adicciones.

“Se están disminuyendo $ 6’100.000 a los centros de salud mental de los ecuatorianos que han caído en las garras de la drogadicción. No pueden ser indolentes quienes planifican este presupuesto, al menos deberían mantener los valores del año pasado”, refirió Celi. (I)