La Comisión de Justicia y Estructura del Estado recogió las observaciones de la Contraloría General del Estado (CGE), del Consejo Nacional Electoral (CNE), y del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), respecto del proyecto de Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero de este año.

Delegados de las tres instituciones comparecieron la tarde del miércoles en el primer día de tratamiento de la ley, la cual busca impedir que servidores públicos mantengan bienes o capitales en paraísos fiscales. Los funcionarios tienen plazo hasta el 6 de marzo de 2018 para terminar con esos vínculos, caso contrario las sanciones pueden llevar a la destitución del cargo.

Wilson Vallejo, coordinador jurídico de la Contraloría, señaló que la institución no cuenta con las herramientas y funciones para verificar los movimientos económicos que los funcionarios públicos realicen en el extranjero.

Ante ello planteó que todas las instituciones del sistema financiero intercambien información con la Contraloría sobre las operaciones en el exterior.

Añadió que se le atribuya la función de auditoría forense para determinar si las operaciones internacionales que efectúen los servidores son fraudulentas. Esa información será compartida con la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Además pidió que se defina cuál será el plazo para destituir a los funcionarios que no cumplan la norma, y aclarar a qué institución dirigir el proceso.

De su parte, Ricardo Andrade, coordinador jurídico del CNE, planteó incluir en el proyecto a asambleístas y parlamentarios andinos, dado que no están mencionados en el texto original.

El vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Edwin Jarrín, explicó que la intención es impedir que ciudadanos vinculados con paraísos fiscales puedan intervenir en los concursos de mérito y oposición que efectúa la entidad para designar autoridades nacionales. (I)