Este 19 de junio se desarrollará en la Asamblea Nacional el segundo y definitivo debate del proyecto de Ley Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad Fiscal.

En el último informe que fue aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico, el pasado viernes, se incluyeron beneficios para la economía popular y solidaria (EPS).

El texto para ser debatido propone que las entidades financieras púbicas -entre las que se encuentran el Banco de Desarrollo, BanEcuador, Corporación Financiera Nacional (CFN) y Corporación de Finanzas Populares (Conafips)- constituirán un fondo de garantías para fomento productivo de este sector, con énfasis en lo asociativo, el cual se nutrirá con hasta el 50% de sus utilidades.

Para Lucía Calderón, presidenta de la Cámara de EPS, la creación de este fondo es positiva, pues uno de los mayores problemas que enfrenta el sector es el acceso a créditos productivos.

Sin embargo observa con preocupación la reducción del gasto público como política económica, que se evidencia también en esta iniciativa, ya que el 98% de los ingresos de los actores de la EPS provienen de las compras que hace el Estado.

El proyecto hace reformas a la Ley de Contratación Pública para que las entidades públicas que contraten servicios de la EPS paguen un anticipo para que las asociaciones reinviertan, como forma de compensación.

En otro aspecto, dentro de las reglas de equilibrio fiscal se establece que si las estadísticas del Banco Central presentan tres trimestres consecutivos de decrecimiento, previo a la aprobación del presupuesto del siguiente año, este podrá tener un déficit primario de hasta el 1% del PIB para facilitar la corrección en la economía, por un plazo máximo de hasta dos años.

La creación del Fondo de Estabilización también fue modificada. A diferencia del texto original, el informe de la Comisión establece que el fondo se formará con los ingresos excedentes de la explotación de recursos no renovables, pero primero se debe descontar el porcentaje que por ley les corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

En cuanto a la devolución del impuesto de salida de divisas (ISD), los exportadores habituales tendrán derecho por los pagos en importación de materias primas, insumos y bienes de capital, cuya oferta no exista en el mercado nacional; es decir, que no se fabriquen en el país.

En lo que corresponde a la remisión de intereses, multas y recargos se incluyó a los deudores del Banco Nacional de Fomento (BNF) en liquidación con obligaciones de hasta $50.000.

Previamente al primer debate, desarrollado la semana pasada, Israel Avilés, representante de los deudores de la banca pública, sostuvo que muchos agricultores obtuvieron préstamos para producir sus tierras y que por los fenómenos naturales las perdieron y no pudieron cubrir sus compromisos. Hoy se ven envueltos en juicios coactivos, embargos y persecución de la banca pública.

Atendiendo a esta petición, la inclusión de los deudores del erario público dentro de los beneficiarios del proceso de remisión fue uno de los criterios en los que coincidió la mayoría de legisladores.

Otro de los puntos de convergencia fue el fomento a los agricultores, por lo que el segundo informe incluyó para el debate una propuesta para que las adquisiciones de capital, repuestos de maquinaria, insumos y arrendamientos de tierras esten exentos del Impuesto del Valor Agregado (IVA). También se incluyó la creación de un seguro agrícola. (I)