El pleno de la Asamblea aprobó esta tarde el Código Monetario y Financiero. La normativa obtuvo 91 votos a favor, 22 en contra y 3 abstenciones. Estuvieron 116 asambleístas presentes en la sesión.

Oswaldo Larriva, presidente de la Comisión de Régimen Económico,  reconoció el trabajo de todos los asambleístas, incluso de aquellos que tuvieron observaciones sobre el proceso. Dijo que en la elaboración de la norma participaron todos los legisladores con sus inquietudes. "Qué bueno que sé dé este tipo de dificultades en ocasiones ideológicas, legales, jurídicas, eso nos permite hacer que está legislatura tenga presencia, vida en el pueblo ecuatoriano".

El plazo de 30 días para aprobar el proyecto económico-urgente vencía mañana. Una vez aprobada, la norma pasará al Ejecutivo, quien tiene 30 días para sancionar u objetar la norma. Sí hay un veto parcial, el proyecto regresa una vez más a la Asamblea, si no hay objeciones el proyecto se publica en el Registro Oficial.

Durante la sesión de esta mañana no se permitió ningún debate, solo participó el asambleísta Oswaldo Larriva, presidente de la Comisión de Régimen Económico, quien dio a conocer los últimos cambios de la norma.

Dijo que se acogieron las sugerencias de varios legisladores entre ellos Paola Pabón, Roxana Alvarado, Carlos Viteri, Mauro Andino, entre otros. 

Entre los cambios están las acciones judiciales en contra de los titulares o delegados de la Junta de Política y Regulación. La disposición transitoria novena establece que los procesos a título personal, por actos, resoluciones o decisiones tomadas en el seno de dicho cuerpo colegiado "será ineficaz y los jueces que la conozcan deberán desecharlas, salvo aquellas acciones que inicie la Fiscalía por los delitos contra la Administración Pública y la acción judicial de repetición".

Así, también se dispone que los superintendentes contemplados en este Código no estarán exentos de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones y serán responsables administrativa, civil y penalmente por sus decisiones. "Las responsabilidades serán determinadas por los organismos de control del Estado, la Fiscalía General del Estado y los jueces competentes".

Esa norma, también, establece que las acciones judiciales impulsadas en contra de actos de las Superintendencias serán interpuestas contra dichas entidades. "Cualquier acción judicial en contra de los titulares de dichos organismos a título personal será ineficaz y no será admitida a trámite alguno, salvo las interpuestos por los organismos de control del Estado, la Contraloría General del Estado y la Fiscalía, sin perjuicio de la acción de repetición establecida en el artículo 11 numeral de la Constitución", según se agrega en la norma.

También, el Código establece las disposiciones generales para el cierre de la crisis bancaria de 1999. Además brinda facilidades para los Deudores de Buena Fe y establece los mecanismos para el cierre del Banco Ecuatoriano de la Vivienda. Protege a los colaboradores de esta empresa, pues dictamina que pasarán a otras entidades públicas.

La normativa aprobada esta tarde no contemplaría ninguna disposición sobre el fondo de cesantía del magisterio. Desde esta mañana, integrantes de la Red de Maestros acudieron al pleno del Legislativo para seguir de cerca el debate.

Sesión del martes

El martes pasado el debate se centró sobre las potestades de la Junta de Regulación y sobre la posibilidad de interponer acciones a los miembros de la Junta Política y de Regulación como un cuerpo colegiado y no de manera individual. Los integrantes de la Junta tendrían fuera de la Corte Nacional de Justicia. La entidad estará integrada por los ministros de Estado y un delegado del presidente de la República.

El proyecto se trabajó al interior de la Comisión de Régimen Económico, presidida por el asambleísta Oswaldo Larriva, quien manifestó que para el segundo debate se realizaron 55 cambios.

En el debate del martes, Larriva señaló que "el fundamento de un país está en la economía" y que por ser clave su tratamiento debe tener "mucho cuidado".

El legislador manifestó que el Código cambia las prácticas financieras nacionales con base a la prevalencia del ser humano sobre el capital, así como la inclusión y equidad, además la subordinación de los ámbitos monetario y financiero de seguros y valores "como instrumentos de la economía diaria".

Señaló que el Estado toma mayor capacidad de supervisión y control de estas áreas de la economía, así como que protege los derechos ciudadanos en lo relativo al manejo económico,"fortalece la confianza como pilar de todo sistema financiero (...) permitirá que los ecuatorianos tengan mayor confianza en el sistema monetario y financiero".

Agregó que se analizó con cuidado la norma para que ninguna disposición afecte los principios constitucionales y que por ello se otorga un trato preferencial a la economía popular y solidaria, así como se establece la prohibición de retención y congelamiento de depósitos. "El Estado no será el responsable de la solvencia de las entidades del sector privado y de la economía popular y solidaria", dijo.

Larriva argumentó que se mantiene el presupuesto del Estado para Solca y el sistema de maternidad gratuita.

Así como que la Junta de Política y Regulación promoverá el acceso al crédito a las personas en movilidad humana, grupos de atención prioritaria y madres solteras, a estos grupos también se mantendrá el sistema de garantía crediticia.

La normativa también dispone el traslado de los funcionarios de las entidades que se cierran.

Sobre la Junta de Política y Regulación, reiteró que la entidad estará sin representantes del sector privado. Así como que también se crea el Consejo Consultivo de la Junta de Regulación, que sí tendrá representación del sector privado y de la economía popular y solidaria.

Acotó que la norma creará el Fondo de Seguros Privados, que será parte de la Corporación de Seguros de Depósitos y Fondo de Liquidez, que administrará y cubrirá riesgos de las empresas de seguros que entren en liquidación forzosa.

El proponente de la ley habló también sobre el sistema de moneda electrónica que en el nuevo Código estará respaldada por los activos líquidos del Banco Central del Ecuador.

Además se creará el sistema de garantía crediticia. "Se establecen normas específicas sobre conflictos de intereses o grados de parentesco que inhabilitan la pertenencia a los órganos de control", apuntó.

Así como que también se establecerán los costos máximos por los servicios de tarjetas de crédito, delito y de otras de similar característica.

La normativa modifica cerca de 300 leyes. Está integrada por más de 500 artículos.