Aprobado el informe para solucionar la crisis de 1999
La Comisión de Desarrollo Económico aprobó ayer por unanimidad, tras varias horas de discusión, el informe para segundo debate del proyecto de Ley para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999, que envió el presidente de la República, Rafael Correa, con el carácter de urgente en materia económica, confirmó el titular del organismo legislativo, Juan Carlos Cassinelli.
El legislador prevé que el tratamiento de la propuesta de ley en el pleno de la Asamblea Nacional se cumplirá el próximo martes, a fin de que sea enviado al Ejecutivo para su sanción u objeción.
Dijo que dentro de los aspectos más relevantes está lo relacionado a los deudores no vinculados, en donde se mantuvo la propuesta original del 5% y 5 años plazo para el pago de la deuda, “pero se incluyó una disposición en la que todos los valores que hayan pagado los deudores no vinculados se aplicarán primero al capital, es decir, que se imputan al capital, y sobre el saldo que hubiera se aplica la fórmula del recálculo”.
Cassinelli sostuvo que esta norma es beneficiosa y justa para aquellos deudores que sí hicieron un esfuerzo por pagar, y que no son vinculados a la banca cerrada. Mientras que a los que no hicieron ningún pago se les aplica la fórmula del recálculo establecido en el proyecto original.
En el caso de los acreedores (depositantes), se determina que la devolución que se les hará hasta los 75.000 dólares deberá ser en efectivo, “y no por acreencias, sino por acreedor”.
Además, se estableció que se debe hacer el recálculo de pensiones jubilares que no estuvieron bien calculadas en su momento, de jubilados de distintas instituciones financieras cerradas.
“A la gente que luego de haberles devuelto los $ 75.000 les queda un saldo, en el proyecto original se extinguía su derecho. En el informe para segundo debate ponemos su derecho, estableciendo que quedará registrado un certificado o una acreencia depositaria, que podrían negociarla, pero que en el peor de los casos les tocará cobrar después de que el Estado cobre, es decir, se les puso en un nivel de prelación”, aseveró el legislador.