Los miembros de la Unión de Afectados por las Operaciones de la Petrolera Texaco (Udapt) resolvieron pedir al presidente Rafael Correa que revea su decisión de iniciar la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, "teniendo como sustento los preceptos constitucionales relacionados con la protección de la naturaleza y los pueblos originarios que viven en este Parque", indica un comunicado.

Esta organización considera que las acciones extractivas en la zona "implicará afectar a uno de nuestros paraísos naturales y a los últimos seres humanos libres, que por centenares de años han vivido en el lugar en el que siempre ha sido su casa".

La Udapt es la organización que aglutina a los 30 mil afectados y afectadas por las operaciones de la petrolera Texaco (hoy Chevron).

La resolución añade que "como pobladores de las provincias de Orellana y Sucumbíos, que han vivido las consecuencias de las operaciones petroleras, tienen argumentos y motivos suficientes para oponerse a la realización de cualquier actividad extractiva en la zona del Yasuní".

Argumentan que "no existe tecnología alguna que evite los daños ambientales en una zona extremadamente sensible cultural y ecológicamente hablando, por lo que consideran que los impactos negativos serán inminentes".

Además, consideran que, si bien existen avances en el control estatal sobre las operaciones hidrocarburíferas, "la debilidad del Ministerio de Ambiente para ejercer su autoridad ante las empresas petroleras, no garantizan el verdadero control sobre sus operaciones en el Yasuní".

También les preocupa "las violaciones a los derechos fundamentales de las poblaciones que habitan en las zonas de actividad petrolera, zona decretada como intangible, lo que está provocando reacciones de indignación” en sus comunidades", dice el comunicado.

En lo que se refiere al proceso jurídico que llevan adelante en contra de Chevron, resolvieron agotar todos los caminos legales "para precautelar los principios y la integridad del juicio". Por ello hicieron un fuerte llamado a los actores políticos para que no utilicen el caso"con fines electorales" o "para cualquier acción en contra o a favor del gobierno".