El pleno de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles, con 71 votos a favor, la Proforma Presupuestaria 2018 que asciende a $ 34. 818 millones; la Programación Cuatrianual 2018-2021 y el límite de endeudamiento.

Para esto se tomó como base el informe de la Comisión de Régimen Económico, presidida por Pabel Muñoz, que incluyó 12 recomendaciones.

La jornada registró, además, 32 votos negativos, 7 blancos y 17 abstenciones.

Una de las recomendaciones sugiere elaborar una programación para el pago de la totalidad del incentivo a la jubilación de los servidores públicos, garantizando que los montos asignados sean al menos iguales a los dispuestos en el año 2017.

Hasta el momento existe un déficit de $ 60 millones, de ahí que se solicita al Ministerio de Finanzas adicionar una cantidad igual.

También se recomienda al Gobierno Central registre y utilice los catálogos y clasificadores presupuestarios, especialmente el orientador del gasto en políticas de igualdad y ambiente, así como el funcional y el geográfico.

Además, que asegure los recursos suficientes para ejecutar el Plan Nacional de Erradicación de Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres.

Se insiste en la necesidad de actualizar el estudio sobre el cierre de brechas territoriales, informar los programas o proyectos que podrían verse afectados por la disminución de los recursos asignados al Plan Anual de Inversiones 2018, elaborar un plan de fortalecimiento de la formación técnica, tecnológica y definir un esquema para la utilización de los recursos asociados con la devolución del IVA y el Impuesto a la Renta para las universidades.

Otra recomendación prevé un monitoreo permanente del comportamiento de la balanza comercial, la entrega de información detallada sobre los recursos asignados, fuentes de financiamiento y ejecución del Plan Toda una Vida, con las modificaciones en los subsidios en desarrollo social, desarrollo urbano y vivienda.

Igualmente, requiere un informe de la política, metodología de cálculo y los objetivos del gobierno sobre endeudamiento público, así como un informe que muestre los avances en la ejecución del Plan Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con énfasis en los proyectos relacionados con seguridad vial. 

Ley de reactivación económica

Esta jornada, la Asamblea también aprobó también el proyecto de Ley de Reactivación Económica, Fortalecimiento de la Dolarización y Democratización de la Gestión Financiera. Registró 71 votos afirmativos, 32 negativos, 7 blancos y 17 abstenciones.

En el debate hubo posiciones a favor de la propuesta, que argumentaron que se establecen incentivos para los emprendimientos micro, pequeñas, medianas empresas, lo cual impulsa la matriz productiva. También posiciones en contra, que pidieron el archivo para consensuar una normativa que permita "la efectiva reactivación económica".

Esteban Albornoz destacó los puntos de la normativa. Dijo que es partidario de impulsar al sector artesanal para mejorar su anclaje en el mercado mundial.

La asambleísta Mae Montaño indicó que la propuesta no reactiva la economía, no fortalece el dólar ni democratiza la gestión financiera, más bien crea mecanismos que da poder discrecional al SRI y al Servicio Nacional de Aduanas (Senae). 

Entre las observaciones incorporadas constan: reprogramar las deudas de los cantones fronterizos que se acogieron a la canasta transfronteriza; la disposición para que se tomen en cuenta a los deudores de buena fe que se relacionaron con la reestructuración de deudas al Banco Nacional de Fomento y pagaron hasta el 5 % del total de la obligación.

También que la Junta de Regulación Monetaria y Financiera actúe, conjuntamente con representantes de la banca, para que exista una reducción de tasas en varios servicios, con el objetivo de entregar un incentivo a los clientes y fomentar el pago a través de medios electrónicos.

Para quienes producen cocinas de inducción, se les dará un crédito tributario sobre el Impuesto al Valor Agregado para que puedan comercializarlas. Se eliminó, además, la parte donde se permitía que se le pague al Banco Central con acciones de entidades financieras.

El proyecto incorpora reformas a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria. (I)