Finalmente, Supercines se ha pronunciado. Ayer publicó en varios medios una carta de la cadena, firmada por Johnny Czarninski Baier, su presidente ejecutivo. Esto se produce luego de que Czarninski fue llamado para una declaración preliminar ante la Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM), por lo que ha retomado fuerzas el debate que se originó a inicios de este mes, cuando El Telégrafo, tras una conversación con uno de los directores de la cinta, Manolo Sarmiento, publicó que la cadena se había negado a proyectar la película por “motivos políticos”.

El estreno de La muerte de Jaime Roldós en las otras salas de cine del país –Cinemark, Multicines, Cinemática, Mis Cines y OchoyMedio- tuvo un emotivo arranque el pasado viernes, como narró El Telégrafo en una nota publicada el domingo.

Sin embargo, las salas de proyección de esas cuatro cadenas se encuentran solo en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato. Es por eso que al saberse que Supercines no exhibiría la película en sus complejos (que llegan a 10 ciudades más), se generó un debate ciudadano en que se discutía la decisión de la sala, perteneciente a Corporación El Rosado.

Santiago Roldós decía que antes que una intervención del Estado, cabía una acción ciudadanaEn ese debate aparecieron ideas como que el proyecto de Ley de Culturas debería complementar a la Ley de Comunicación, que establece cuotas de proyección para producciones nacionales en televisión.

Otros llegaron a llamar a dependencias públicas para que intervinieran en la decisión, lo que generó reacciones de parte de ciudadanos que se oponían, aduciendo que Supercines debería estar amparado en la libertad de empresa.

Pese a que en general existía malestar frente a la negativa de Supercines y elogios a la película por su dimensión histórica y  su importancia frente a la memoria colectiva del país, la discusión se volcó hacia otro plano: ¿Debería o no el Estado interceder?

Santiago Roldós, fundador de Muégano Teatro, e hijo de Jaime Roldós, decía que antes que una intervención de dependencias públicas, lo que cabía en este caso era una acción desde la ciudadanía, y propuso una iniciativa: el envío de cartas individuales a Supercines en las que los ciudadanos se expresen en contra de la decisión.  

Carlos Andrés Vera, cineasta y editor de la revista SoHo, planteaba en La República que la negativa de la cadena de cines con más sucursales en el país debería motivar a los realizadores a buscar, incluso desde antes de producir sus filmes, las vías de distribución.

La cinta muestra una parte olvidada de la historia, un periodo breve del retorno a la democraciaEn la web GkillCity se abordó el tema desde distintas perspectivas. José María León, editor de la página, se oponía a una intervención estatal, pero también apelaba a los orígenes judíos de la familia Czarninski. “No es posible que gente perteneciente al mismo pueblo que ha luchado e insistido en mantener vivo el recuerdo del programa en su contra desatado en Europa en el siglo pasado, no tenga la empatía para permitirle a un país –casi tan pequeño como el suyo– presenciar una revisión de un pasado que exige todavía respuestas y que para obtenerlas precisa no caer en el olvido”, decía León en ese texto.

Sin embargo, otro colaborador de GkillCity, Juan Pablo Morales Viteri, profesor de derecho en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), por su parte, en una columna publicada en la web el 18 de agosto, decía: “Yo creo que la libertad de empresa no es absoluta y tiene límites que vienen impuestos fundamentalmente por los derechos de las personas y que exigen analizar dos situaciones: la posición dominante del mercado y la responsabilidad social de las empresas”.

El viernes pasado, el ministro de Talento Humano, Guillaume Long, envió un oficio a la Superintenencia de Control del Poder de Mercado (SCPM) en que solicitaba que se investigara si la negativa de Supercines constituía “un abuso de poder”. Esta solicitud se produjo luego de que el Consejo Nacional de Cine (CNCine) pidiera a la cadena una explicación sobre su decisión.

Poder de mercado       

Long fundamentaba su solicitud en los artículos 37, 38 y 48 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, que facultan a la SPCM a investigar para determinar si existe o no ese “abuso de Poder”, una figura que se describe en el artículo 9 de la mencionada ley, como detalló EL TELÉGRAFO en su edición del 13 de agosto.

El artículo 37 indica que “Corresponde a la Superintendencia (SIC) la sanción y eliminación del abuso de poder del mercado, de los acuerdos y prácticas restrictivas”.

Para ello, el artículo 38 indica que la Superintendencia podrá realizar los estudios e investigaciones de mercado que considere pertinentes. Para ello podrá requerir a los particulares y autoridades públicas la documentación y colaboración que considere necesarias.

En el artículo 48 se detalla que durante el procedimiento de investigación, la SCPM puede solicitar cualquier tipo de información o llamar a declarar a cualquier individuo, según lo estime conveniente.

Atendiendo a la solicitud de Long y a las facultades que le conceden los artículos antes mencionados, la SPCM citó a Johnny Czarninski Baier, presidente ejecutivo de Supercines, a rendir declaración (de naturaleza preliminar, cabe indicar), que está prevista para hoy.  

Supercines no quiere política

Supercines publicó un comunicado en varios medios del país firmado por Johnny Czarninski, donde sostenía que la decisión de no proyectar el documental se basaba en que la cadena “es una empresa de entretenimiento y no de comunicación”, por lo que opina que “le asiste el derecho de evitar dentro de lo posible la proyección en sus salas de documentales, películas y comerciales cuyo contenido implícita o explícitamente pueda entenderse como de carácter político”.

En el comunicado, Czarninski argumentaba que la cadena “es la que más ha apoyado y apoya al arte y al cine nacional”, y que Supercines “oferta  miles de películas al año y tiene que seleccionar entre esas películas las que estima van a ser de mayor entretenimiento para las miles de personas adultas y para los miles de niños que nos visitan”.

Pero además, explica que Supercines -una cadena que en 2011 proyectó Con mi corazón en Yambo (Fernanda Restrepo), sobre la desaparición de los hermanos Restrepo durante el gobierno de León Febres Cordero- “no quiere convertirse en el campo de batalla de diferentes actores políticos del país”.   

Para argumentar lo anterior, Czarninski citó una parte del editorial Carta a Santiago Roldós, publicado el 26 de mayo de 2013 en El TELÉGRAFO, por el director de este diario, Orlando Pérez, que  dice: “¿Te imaginas el poder que tiene el documental político (SIC) para hacer política desde otras sensibilidades y argumentos?”.    

Memoria histórica

Un grupo de cineastas ecuatorianos, entre los que se encuentran Camilo Luzuriaga, Javier Andrade, Fernanda Restrepo o Tania Hermida, además de los propios realizadores, han firmado una carta abierta pronunciándose sobre la negativa de Supercines, donde afirman que es un “terrible precedente que afecta a los cineastas de hoy, y los afectará mañana”.  

La misiva explica que “las obras que producimos buscan entretener y conmover a la audiencia, pero también invitarla a reflexionar en torno a una enorme diversidad de temas”, pero puntualiza que “estas obras solo cobran sentido cuando encuentran a su audiencia”.

En ese sentido, la carta también dice que “si los exhibidores de cine censuran al cine ecuatoriano, éste está condenado a desaparecer”.

La muerte de Jaime Roldós muestra una parte olvidada de la historia del país, un periodo breve que inauguró el retorno a la democracia, y en la que se ahonda la proyección internacional que adquirió Jaime Roldós cuando promovió la Carta de Conducta, un documento que firmaron varios de los países iberoamericanos que no eran gobernados por dictaduras.

Curiosamente, existe una especie de paralelismo entre la actual negativa de Supercines a proyectar el Documental La muerte de Jaime Roldós y la idea que promovía la Carta de Conducta. Tal como declara Santiago Roldós en el documental, el principio de la Carta de Conducta era el mismo que en 1999 se aplicó para que el juez español Baltazar Garzón extraditara al ex dictador chileno Augusto Pinochet con el fin de juzgarlo por sus crímenes contra los derechos humanos durante los 17 años que gobernó Chile.     

La Carta de Conducta era un tratado que decía que los países suscritos podían intervenir por la vía diplomática en los otros cuando estuvieran ocurriendo violaciones a los derechos humanos, sin que ello significara irrespetar la soberanía de esos países.

Esa idea sirve para preguntarse si la indagación de la SCPM y la intervención estatal que se plantea desde un lado del debate, es en realidad un atropello a la libertad de la cadena de decidir qué se proyecta o no en sus salas, o si debería pensárselo desde la necesidad de un país de recuperar su memoria colectiva.

DATOS

La cinta fue realizada por Manolo Sarmiento y Lisandra  Rivera. Ellos ocuparon alrededor de siete años en la investigación en la que se basa el documental.

Al momento La muerte de Jaime Roldós está en las carteleras de varias salas comerciales y alternativas del país.

Para la cita de hoy se usarán las áreas de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, ubicada en José Bosmediano E15-68, y José Carbo, en la capital.