La Asamblea General de la ONU debate hoy sobre la devolución de propiedades culturales robadas a sus países de origen, foro que pudiera adoptar una resolución sobre el tema.

En sesión plenaria, el principal órgano deliberativo de Naciones Unidas recibe un reporte de la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que refleja sus actividades en los últimos tres años en materia de combate al tráfico ilícito de patrimonio cultural y su restitución a los estados afectados.

El texto recoge preocupaciones por el impacto en el contrabando de obras y bienes del auge del extremismo violento en países como Siria e Iraq.

Al respecto, señala los pasos dados para movilizar a la comunidad internacional contra la destrucción del patrimonio cultural por los fundamentalistas e impedir que estos obtengan financiamiento a partir del saqueo del mismo.

Según la Unesco, también merecen destaque la incorporación desde 2012 de Austria, Bahréin, Chile, Kazajstán, Lesoto, Luxemburgo, Myanmar, Palestina y Suazilandia a la Convención acerca de las Medidas para Prohibir y Prevenir la Importación, Exportación o Transferencia Ilícitas de Propiedad Cultural.

Con esta decisión, suman 129 los estados partes del instrumento adoptado en París, en 1970.

Se espera que la Asamblea General apruebe un proyecto de resolución promovido por más de 40 países con el objetivo de fortalecer la lucha contra el contrabando de propiedades culturales e impulsar la devolución de obras robadas a las naciones de origen, bajo la guía de la Unesco.

En Ecuador, la recuperación de los bienes por parte de Ecuador responde a la política de Estado de combatir, prevenir y recuperar el patrimonio cultural que ha sido objeto de tráfico ilícito.

En 2014 se realizó la más grande recuperación de bienes culturales nacionales. Ecuador logró la repatriación de 4.360 piezas patrimoniales provenientes de Italia, siendo esta la recuperación más grande de su historia, y puso fin a un largo proceso legal e institucional que duró varios años.

Un hecho que reafirmó la gestión del gobierno del Ecuador para cumplir con el mandato constitucional de tutela del patrimonio histórico, cultural y artístico. (I)

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