Dos décadas de lucha le tomó levantar su casa en terrenos arrebatados a una compañía forestal en el sur de Chile: Ramón Llanquileo defiende el combate frontal del pueblo mapuche para lograr la restitución de sus tierras ancestrales. En estos terrenos “recuperados”, Llanquileo, uno de los líderes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), y su esposa, Cecilia Paine, padres de 2 pequeños, cultivan papas, maíz y porotos; crían gallinas y cerdos tal como lo hacían sus antepasados.

Hace 6 meses, con maderas extraídas de bosques hasta hace poco en manos de empresas, Ramón levantó una pequeña casa en terrenos en los que la CAM ejerce control territorial después de desalojar a la forestal Mininco, al interior de Cañete, unos 600 km al sur de Santiago.

“Nuestra estadía aquí obedece precisamente al plan de ir haciendo retroceder poco a poco a las empresas forestales” del territorio mapuche, dice a la AFP Llanquileo, quien perdió un ojo en un enfrentamiento. Hasta este lugar, que parecía abandonado por la forestal Mininco -que no respondió a las consultas de la AFP-, se accede por un sinuoso camino de tierra que tiene como fondo a la cordillera de Nahuelbuta, con notorios espacios deforestados resultado de años de explotación maderera.

→En Temulemu también luchan por recuperar la cultura ancestral. En esta comunidad, 22 niños estudian en una escuela de carácter intercultural. Foto: AFP

Antes de que se establecieran los conquistadores españoles en Chile en 1541, los mapuches eran dueños de las tierras desde el río Biobío hasta unos 500 kilómetros más al sur. Durante la colonia persistió esta “frontera”, hasta que este territorio fue ocupado por el Ejército chileno, en una campaña militar que comenzó en 1861 y se prolongó por dos décadas.

Los mapuches, tras sucesivos procesos, fueron reducidos a vivir en cerca del 5% de sus antiguos dominios.

Agrupados en pequeñas comunidades, sin espacio para sembrar o criar animales, y divididos, la mayoría debió renunciar a su medio de subsistencia tradicional y migrar a las ciudades.

Seis años de cárcel

Para la CAM, la autosubsistencia como la de Llanquileo, representa uno de los mayores logros de dos décadas de lucha para reconstituir la ‘Nación Mapuche’, en las regiones chilenas de La Araucanía, Biobío y Los Ríos.

En esa zona se asentaron miles de familias alemanas a partir de la segunda mitad del siglo XIX, invitadas por el Estado chileno para explotar un inmenso territorio casi despoblado. Con unos 150 miembros, la CAM denuncia la represión por las fuerzas policiales con la aplicación de la severa ‘Ley Antiterrorista’, que data de la dictadura de Augusto Pinochet y por la que organismos internacionales han condenado a Chile.

Llanquileo y Héctor Llaitul, líder histórico de la CAM, purgaron seis años de cárcel tras ser condenados en 2008 por el ataque a un fiscal y el robo de madera, cargos de los que se declaran inocentes.

Para gremios empresariales de la zona, ambos lideran una organización que ha sembrado el terror, obligando al despliegue de 3 mil policías, con ataques a intereses de la industria forestal y camiones que transportan madera, así como agricultores no mapuches. “Como transportistas entendemos las demandas del pueblo mapuche; en lo que no estamos de acuerdo es la forma en que ellos están tratando de visibilizar esta situación”, se queja Alejo Apraiz, presidente de los camioneros de La Araucanía.

El gobierno de Michelle Bachelet destaca que al final de su mandato habrá restituido casi 66.000 hectáreas de tierras fiscales a comunidades indígenas. Pero no todos los mapuches han optado por las ocupaciones forzadas. Tildadas de “institucionales”, algunas comunidades negociaron con el Estado.

Temulemu, en Traiguén, firmó en 2011 junto con otras dos comunidades un acuerdo para recuperar 2.500 hectáreas de Mininco, poniendo fin a 15 años de disputas, marcadas por un violento desalojo en 1998 y el arresto durante cinco años por terrorismo del ‘lonko’ o líder de la comunidad, Pascual Pichún.

El caso llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a condenar al Estado chileno. “Cada comunidad es libre y autónoma de tomar su propia decisión de cómo avanzar más rápido”, dice el actual lonko de Temulemu, Juan Pichún. (I)