En América Latina los pueblos indígenas sufren intentos de asesinato, de secuestro, intimidaciones, agresiones y discriminación a diario, por el simple hecho de defender sus derechos humanos básicos.

Esa fue la conclusión de la organización no gubernamental, con sede en Londres, Amnistía Internacional (AI), que publicó el informe ‘La larga lucha de los pueblos indígenas de América en defensa de sus derechos’.

En ese documento, el grupo denunció que los pueblos indígenas en el continente americano padecen de numerosas desigualdades y violaciones de derechos humanos. “Los pueblos indígenas de América continúan sufriendo toda una serie de abusos. A comunidades enteras se les niega el acceso a sus tierras ancestrales, mientras que otras son sometidas a represión violenta y abusos por manifestarse pacíficamente en demanda de sus derechos humanos”, destacó Erika Guevara Rosas, directora del Programa de AI para las Américas.

De acuerdo al documento, comparados con otros ciudadanos, los miembros de los pueblos indígenas tienen peores sueldos, reciben menos educación, tienen más probabilidades de morir al dar a luz, en el caso de las mujeres, y tienen menos esperanza de vida.

La organización documentó en el informe muchos casos de agresiones físicas y actos de intimidación cometidos contra comunidades indígenas y sus líderes en los últimos 12 meses.

Por ejemplo, indicó que el pasado 20 de mayo, un grupo de hombres armados intentó matar a Enrique Cabezas, quien había hecho campaña en favor del acceso a las tierras ancestrales de su comunidad en la cuenca del río Curvaradó, en el noroeste de Colombia.

Actualmente hay una base militar en las tierras, que son propiedad colectiva de las comunidades del Curvaradó y que estas reclaman.

AI destacó que a pesar de las medidas provisionales de protección que solicitó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en 2003, las comunidades del Curvaradó consideran que los esfuerzos de las autoridades colombianas por garantizarles la seguridad tienen graves deficiencias. Además, a pesar de las reiteradas órdenes de la Corte Constitucional de Colombia, no se han devuelto las tierras a las comunidades.

Guevara Rosas sostuvo en ese sentido que “es hora de que los países de América se den cuenta de que no pueden decir que son libres y justos mientras las comunidades indígenas que viven en su seno continúan sufriendo tan graves injusticias y soportando discriminación sistemática”.

Pidió, además, a los gobiernos de la región que creen y mantengan las condiciones necesarias para que los líderes y demás miembros de las comunidades indígenas “puedan defender pacíficamente sus derechos sin temor a sufrir represalias y para poner a disposición judicial a los autores de actos de violencia contra defensores de los derechos humanos indígenas”.

En su informe, la ONG británica denunció que las mujeres indígenas, en particular, sufren múltiples formas de discriminación por su cultura, su clase y su género. “A pesar de la discriminación generalizada y de las agresiones, los pueblos indígenas han seguido adelante con su lucha por la justicia y los derechos humanos. El año pasado se observaron avances en el reconocimiento y la protección de sus derechos”, indicó la nota.

Finalizó pidiendo a todos los gobiernos de América “que promulguen una legislación y creen infraestructura para garantizar que los pueblos indígenas pueden disfrutar de su derecho a la tierra, la alimentación, la educación, la salud y la ausencia de violencia y de pobreza”.

Condena a Chile

Otro caso se registra en Chile. La CorteIDH condenó al Estado chileno por su uso discriminatorio de la ley antiterrorista contra indígenas mapuche.

La norma fue creada en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y pese a las modificaciones introducidas en democracia, las Naciones Unidas han recomendado su reforma para que defina de manera más clara los delitos terroristas y aumente las garantías del proceso.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), organismo estatal que funciona de manera autónoma, ha criticado duramente su aplicación.

Actualmente una comisión creada por el gobierno de Michelle Bachelet elabora una propuesta para cambiar la criticada ley.