El Sistema Nacional de Cultura (SNC) está en un proceso de organización, según indica la ministra del ramo, Érika Sylva, quien aclaró que no se puede ejercer la rectoría sobre las instituciones que se encierran en dicha estructura si no se aprueba la Ley Orgánica de Culturas.

Al no existir una rectoría de la política pública de cultura sobre ese conjunto de instituciones, la Constitución de 2008 crea el SNC, que obedece a un proceso que comenzó, precisamente, bajo la rectoría del Ministerio de Cultura.

De acuerdo con el  decreto presidencial 985, publicado ya en el Registro Oficial en enero, el SNC estará organizado por cinco subsecretarías: de Patrimonio Cultural,  Memoria Social, Artes y Creatividad, Emprendimientos Culturales e Identidades Culturales; cada una con sus respectivas direcciones encargadas de dictar las políticas para regir a las entidades públicas o privadas que se integren al sistema.

Además, se habla de unidades de gestión desconcentradas, que  serán reguladas fuera de la reorganización del Ministerio: la Biblioteca Nacional, la Compañía Nacional de Danza y las Orquestas Sinfónicas Nacional del Ecuador, de Guayaquil y de Cuenca. 

Lo último, según la ministra Sylva, está sustentado en el artículo 17 de la Ley de Modernización de 1993, que establece que el Ejecutivo puede eliminar, modificar y transformar las entidades que dependen de él, y que tienen una mayoría del Ejecutivo en su directorio, mediante decreto.

Lo que se viene, dentro del marco descrito, es la incorporación o transformación de entidades culturales  que actuaban de manera dispersa; el Sistema Nacional de Archivos, el Comité Permanente de Conmemoraciones Cívicas, las orquestas sinfónicas y el Conjunto Nacional de Danza.

El siguiente paso es la aprobación de la ley que en estos momentos está en la Asamblea Nacional, en consulta prelegislativa.

En enero se realizaron, justamente, reuniones de trabajo entre  representantes del Sistema Nacional de Archivos, las orquestas sinfónicas, el Conjunto Nacional de Danza, y las ministras Sylva y María Fernanda Espinosa (responsable de la cartera de Patrimonio), para explicar los alcances del decreto.

Durante las dos primeras semanas de febrero, según explicó el viceministro de Cultura, Wilson Mayorga,  se entregó una matriz guía que facilitará  la recepción de información para que las entidades que se nombran en el documento oficial presenten sus informes de trabajo desde 2007 hasta 2010, en pro de una transición ordenada -y en el marco de la ley- hacia la organización del SNC.

En Qito, Eduardo Puente,  miembro de la Red Cultural del Sur y actual director de la biblioteca de la Flacso, dijo que los procesos de socialización de la Ley de Culturas y, por tanto, de la reorganización del SNC se perdieron. Indicó que no se ha involucrado a los gestores, a los organizadores, para socializar dicho proyecto, desde los últimos debates realizados en los “100 días de la Cultura”. Aunque el ministerio alista un consejo de participación ciudadana para el 30 de mayo.

“Es visible que se ha ido estructurando un ministerio cada vez más grande, que lleva el peligro de burocratizarse y esa es mi duda como gestor cultural, ya que  -por ejemplo- ahora se ve la existencia de 5 subsecretarías y al parecer se está cargando demasiado”, opinó Puente.

Rodolfo Salazar, coordinador de cultura de Librimundi en Guayaquil, considera que en el Ecuador no ha existido una política cultural, de ahí que la gestión realizada hasta ahora haya sido manejada con más desaciertos que aciertos, por lo que no ha representado adecuadamente al ciudadano común, los artistas y al pueblo en general. Cree que toda iniciativa para mejorar permite pensar que la situación podría cambiar.

Patricia León, artista plástica y gestora cultural, dijo que apoya esta transformación, porque es una manera de ordenar instituciones y quehaceres culturales que siempre han funcionado de modo disperso. Se refiere al proyecto de Ley de Cultura como “una ley que es muy importante, pero que deberá ser socializada”, de tal forma que llegue a todos de manera más dinámica.

Jimmy Herrera, ex funcionario del Ministerio de Cultura, expresó: “Llama la atención la demora del proceso, debido a que no se ha aprobado la Ley Orgánica de Culturas es imposible que este sistema nacional empiece a regular de manera directa, como se señala en el decreto”. Teme que las políticas no puedan ser consensuadas con la ciudadanía y, por tanto, que no se llegue a un acuerdo.