La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, calificó como una “deuda legislativa” el proceso tras la aprobación de la Ley de Cultura, que pasó un segundo debate en el pleno. Ayer, en el Salón José Mejía Lequerica del Palacio Legislativo, inició el seminario nacional ‘Análisis, reflexión y aportes a la Ley Orgánica de Culturas del Ecuador”, en que el participaron cerca de una veintena de gestores y organizaciones culturales a través de ponencias y debates según los ejes temáticos planteados: Formación académica, Promoción, Patrimonio y Financiamiento culturales, y el Sistema Nacional de Cultura (SNC).

Garantizar “un concepto básico de trabajo artístico y su reconocimiento por parte del Estado ecuatoriano, -más allá de los recursos que se puedan inyectar al sector cultural o los concursos al año que se realicen-” sería el planteamiento de este sistema, según la asambleísta del Movimiento Alianza PAIS, quien recordó que, “desde mayo de 2013 ha estado en nuestra agenda la necesidad de tratar la Ley de Cultura”.

Guillaume Long, ministro de Cultura y Patrimonio, señaló que, actualmente, unas 25 leyes rigen la cultura. De esos reglamentos, se “ordenarían y reformarían 17”.

En cuanto a la rectoría, gestión y ejecución del SNC, Long señaló que el Ministerio que representa se hará cargo para “no tener rectorías solapadas con otras instituciones, ni clientelismos nefastos (...) No podemos tener un escenario en que Ministerio de Cultura y la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE) jueguen el mismo rol”, indicó.

Las autonomías fueron otro tema que puso en tela de debate el ministro, “por supuesto que las respetaremos en cultura, como lo hicimos en educación, la cual hemos  respetado totalmente”, dijo y puntualizó: “los núcleos de la CCE tienen que seguir eligiendo sus presidentes, pero eso no significa que no habrá transformaciones institucionales importantes: tener mayor eficiencia o democratizar el acceso”.

La Seguridad Social para artistas y creadores, “quienes no trabajan de forma lineal y tienen otros requerimientos”, también fue nombrada por Long, quien, en relación al régimen laboral de estos actores sociales, dijo que habría que “distinguirlos de los servidores públicos”, por ejemplo, e “instaurar un escalafón”.

En cambio el presidente de la CCE, Raúl Pérez Torres, dijo que el acuerdo entre los dos funcionarios tuvo que ver con “conservar la autonomía de las casas de la cultura, su personería jurídica y el derecho de elegir autoridades propias (...) pero hay una cosa que está en discusión: con el actual modelo del CNC desaparecería la institucionalidad nacional de la Casa de la Cultura, se desmembrarían las posibilidades de proyectos a ese nivel, al eliminar la matriz y añadir un núcleo de Pichincha”.

Al concluir la inauguración del encuentro, que culmina hoy, Guillaume Long dijo que “hay que cerrar las direcciones provinciales del Ministerio de Cultura porque la CCE debe hacer el trabajo territorial y si Pichincha tiene un núcleo en la Casa, se tomará en cuenta su peso demográfico e infraestructura para presupuestarla”. (I)