El proyecto para segundo debate de la Ley Orgánica de Cultura fue publicado por la Asamblea Nacional, en su portal web, el viernes pasado. El Poder Legislativo es el organismo encargado de la aprobación de la normativa que ha sido un tema pendiente en la agenda de 9 ministros de Cultura.

El 10 de junio, en una reunión que mantuvo con medios de comunicación, el escritor y exdiplomático Raúl Vallejo Corral, quien está al frente de la Cartera de Estado dedicada a la Cultura y al Patrimonio desde mediados de mayo, le pidió al asambleísta Raúl Abad Vélez -que preside la Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea- que la difusión del articulado sea amplia.

Vallejo también aclaró: “El ministerio no puede ser un ente ejecutor (en el ámbito artístico), pues los ejecutores son los actores culturales, los gobiernos autónomos descentralizados o la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE). En otras palabras, debe existir un ministerio que sea rector, que emita políticas públicas pero que no interfiera en la ejecución. Esta institución tampoco debe organizar eventos”.

En el artículo 13 del proyecto de ley se establece la conformación del Sistema Nacional de Cultura (SNC), que estará dividido en 2 subsistemas: el de Memoria Social, Patrimonio Cultural e Interculturalidad y el de Artes e Innovación.

El primero abarcará a un Instituto de la Memoria Social (IMS); a la Casa de la Cultura “Benjamín Carrión”; museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, cinematecas, mediatecas, repositorios, centros culturales y entidades de patrimonio que reciban fondos públicos y los que se vinculen voluntariamente al Sistema Nacional de Cultura; los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y los entes de la cultura que reciban fondos públicos.

La CCE y los GAD también serán parte de Artes e Innovación, subsistema que aglutinará al Instituto para el Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad (Ifaic); elencos nacionales; Instituto de Cine y Audiovisual; teatros, salas audiovisuales y espacios de creación. Los organismos que se vinculen al SNC, de forma voluntaria, lo podrán hacer “previo cumplimiento de requisitos y procesos determinados por el ente rector” (sic) señala el articulado.

Sobre la gestión de patrimonio desde los gobiernos locales

El IMS contendría al actual Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), según el proyecto de ley cultural. El segundo organismo será el encargado de la investigación sobre patrimonio y su control técnico.

Sobre la actividad de los GAD en cuanto al patrimonio, dentro del articulado se enfatiza que esta se desarrollará “en el ámbito de sus competencias”. A inicios de este año, la entonces viceministra de Cultura y Patrimonio, Ana Rodríguez, recordó, en entrevista con este diario, que pese a que hay “una (disposición) transitoria que transfiere la gestión del patrimonio a los GAD, la gestión del inventario patrimonial tiene que ver con unas condiciones que deben ser manejadas por un instituto nacional y que deben respetar el hecho de ser signatarios de convenios internacionales y sus definiciones de patrimonio mundial”.

En el marco de la ley, el IMS tendría como atribución “coordinar con los GAD y orientar la adecuada gestión de los repositorios de la memoria social (que estén) bajo su jurisdicción y competencia”. Para esto, el instituto brindaría “asesoría técnica a las entidades públicas y privadas que lo requieran en materia de repositorios, museos, archivos, bibliotecas y procesos de memoria social”.

Las extensiones zonales del INPC se mantendrían dada su capacidad administrativa y pese al alcance que pueden tener en ciudades grandes, como Guayaquil En otros casos, los GAD han decidido el destino del patrimonio arquitectónico bajo la premisa de que pueden decidir sobre eso sin atender a sus especificidades o valor estético y testimonial.

El que los gobiernos locales vean y administren como suelo a algo que tiene un valor histórico sería evitado con las modificaciones del proyecto de ley. Mientras que los repositorios de la memoria social, archivos y bibliotecas serán registrados, supervisados e inventariados por los gobiernos municipales a través de un procedimiento que definirá el INPC, entre cuyos deberes y atribuciones (Artículo 42 del proyecto) está: “Comunicar al Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCyP), mediante informes técnicos cuando se haya producido violaciones a la (...) Ley por los GAD o las instituciones públicas o privadas, que impliquen evidente descuido, destrucción total o parcial de bienes patrimoniales, a fin de que se tomen medidas sancionatorias y administrativas” (sic).

Raúl Vallejo dijo, la semana pasada, que entre sus acciones prioritarias está atender la emergencia patrimonial tras el terremoto del 16 de abril. En la provincia de Manabí hay alrededor de 255 bienes afectados de un inventario de más de 400; y solo en Bahía de Caráquez el 88% de bienes patrimoniales ha sufrido daños estructurales.

En cuanto a estos, bienes del patrimonio que se encuentran en riesgo, el proyecto de ley señala, en el Artículo 60, que los GAD Municipales, “a fin de precautelar los bienes patrimoniales en su jurisdicción territorial que se encuentren en riesgo por destrucción o abandono, podrán declararlo de utilidad pública y expropiar dichos bienes a sus propietarios, con un porcentaje de reducción sobre el precio comercial, para lo cual, de no mediar reconocimiento nacional, podrá realizar declaratorias de patrimonio cultural sobre aquellos inmuebles históricos o culturales”.

El porcentaje de reducción se determinará en el reglamento específico que se publicaría luego de aprobada la ley. “En caso de duda de que un bien pertenezca al patrimonio cultural nacional, se estará a lo resuelto por el MCyP” (sic), se apostilla el artículo citado.

En suma, los GAD notificarán al MCyP “de manera periódica las autorizaciones emitidas para intervenciones en bienes del patrimonio cultural”.

Sobre la Seguridad Social y el régimen laboral de los artistas

Los creadores tendrían sus propias condiciones en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a través del Régimen Integral de Educación y Formación en Artes, Cultura y Patrimonio (FormArte) que, según el proyecto legislativo, “tiene como ámbito la educación formal y no formal en artes, cultura y patrimonio, la programación de su estudio por niveles de formación y la sensibilización al arte, la cultura, el patrimonio, desde la primera infancia y a lo largo de la vida”.

La afiliación, “adaptada a las realidades profesionales del sector”, contemplaría mecanismos de aportación y recaudación flexibles “posibilitando el acceso y disfrute a las pensiones jubilares”.

El régimen laboral establecerá un “régimen que norme las relaciones laborales en el sector cultural, entre empleadores y trabajadores, profesionales, investigadores, creadores, artistas, productores y gestores culturales con el fin de asegurar el reconocimiento de sus derechos, modalidad de contratación, las condiciones de seguridad ocupacional y de reducción de riesgos de trabajo en sus actividades, la regularización de las jornadas laborales por tipo de actividad y, en general, el desempeño de sus profesiones en condiciones legales, sociales y económicas dignas” (Artículo 184). (I)

DATOS

El proyecto de Ley de Cultura espera un segundo debate en la Asamblea Nacional. La Comisión de Educación y Cultura del Legislativo está encargada del articulado.

La Casa de la Cultura Ecuatoriana estaría regida por los subsistemas de: Memoria Social, Patrimonio Cultural e Interculturalidad; y el de Artes e Innovación según el ámbito en que se desenvuelva.

Infracciones y sanciones están establecidas en el articulado, estas podrán ser aplicadas a “personas naturales y jurídicas, públicas o privadas (que hayan actuado) contra el pleno ejercicio de derechos culturales, la autonomía de la cultura, la creatividad y las artes, el patrimonio cultural y la memoria social, la cultura de paz o las que impidieren el cumplimiento de obligaciones institucionales en materia de cultura”.

Un foro abierto por la Ley de Cultura  reunirá a Juan Martín Cueva, viceministro de Cultura y Patrimonio -en ausencia de Raúl Vallejo por cuestiones laborales-; a Raúl Abad, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea; y a Ana Rodríguez, exministra de Cultura. El evento se realizará el martes 21 de junio en el hemiciclo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), a las 18:00.