"No soy un político profesional", señaló en una parte de su defensa el exministro de cultura y patrimonio Raúl Pérez Torres (Quito, 1941). "No pertenezco a ningún partido político", insistió en la Asamblea Nacional, este miércoles 15 de enero de 2020, durante el inicio del primer juicio político contra un funcionario de la Cartera de Estado que encabezó entre mayo de 2017 y junio del año pasado.

Los asambleístas Lira Villalva y Juan Cristóbal Lloret habían propuesto el llamado a juicio luego de un proceso que incluyó una comparecencia del exfuncionario (26 de junio de 2019), en la cual ratificó lo que había acordado en una de las Juntas Plenarias (21 de junio de 2017) de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE): considerar "inconstitucional e ilegal el reglamento general de la Ley Orgánica de Cultura (LOC)", en la que está dispuesta la fórmula para asignar fondos para los 24 Núcleos provinciales de esta institución.

Durante esa comparecencia −frente a la Comisión de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología de la Asamblea−, el exministro dijo: "decidimos no hacer caso del reglamento, ver la posibilidad de que se haga uno nuevo". Pero el organismo que declara la inconstitucionalidad de un reglamento no es la CCE ni el Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCyP), recordó Lloret hoy, sino la Corte Constitucional.

Para Pérez Torres, la formula de distribución ya estaba definida, "no es reponsabilidad del MCyP, sino que le corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas". Pero fue una omisión del exfuncionario, frente a una petición de este último ministerio, la que habría originado la asignación, según los parlamentarios citados. Lo que se le pidió (según informe de Finanzas publicado el 16 de febrero de 2018) fue que "remita la fórmula de distribución de recursos (...); al no recibir contestación del representante que encabeza el Sistema Nacional de Cultura, la asignación presupuestaria se realizó con base a las directrices de 2017".

En el Informe del Legislativo sobre de Pérez Torres −elaborado por la Comisión citada− se califica su gestión de "centralista e inequitativa", puesto que más del 50 % de los recursos se concentran en la Sede Nacional de la CCE.

"Alegar el incumplimiento de una norma constitucional dirigida a todo el Estado, tratando de singularizar la responsabilidad de un solo funcionario crea un escenario de incertidumbre, de ingobernabilidad para el futuro", señaló el exministro, que aseguró haber sido convocado al juicio el 13 de enero de 2020, por lo cual no pudo cancelar una "cita médica para hoy", que le impidió continuar en el pleno y ejercer su derecho a la réplica.

En su intervención, Villava reiteró que el escritor "hizo caso omiso al mandato" de la LOC a través de su reglamento, "sobreponiéndose a la jerarquía de nuestro ordenamiento jurídico". El 30 de junio de 2017 el extitular del MCyP solicitó (Oficio 171602) a la Presidencia que derogue el Reglamento de la LOC. Pero no hay registro de que le hayan respondido.

En la moción de censura presentara por Villalva (Oficio 2020-003) se resuelve que se remita el expendiente del juicio al Ministerio de Trabajo debido a los señalamientos de inequidad en cuanto a la asignación de fondos; además, que la Contraloría General del Estado también observe el manejo de esos recursos públicos en cuestión.

En el Pleno estuvieron presentes 82 asambleístas (de 137) y los resultados de la votación fueron: 50 a favor de la solicitud de censura; 22 abstenciones. No hubo votos en contra. El Presidente de la Asamblea, César Litardo, clausuró el juicio en esta jornada, pero los asesores de Lloret y Villava consultados por este diario no descartan que se vuelva a considerar a través de una nueva votación en la próxima sesión del pleno, el 21 de enero de 2020. (I)