Siete meses después de que el escritor Raúl Pérez Torres (Quito, 1941) renunció al Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCyP) enfrentará un juicio político, la tarde de este miércoles 15 de enero de 2020, en el Pleno de la Asamblea Nacional.

El motivo principal es que el exfuncionario habría realizado la asignación del presupuesto para la Sede Nacional y los Núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), pese a que la Ley Orgánica de Cultura −aprobada en 2017− determina que el MCyP debe limitarse a realizar las políticas públicas para el sector. Una gestión que todavía está pendiente.

En su comparecencia del 26 de junio de 2019, en la Asamblea, Pérez Torres admitió que el reglamento de la ley citada establece la forma de distribuir recursos entre los núcleos, pero que eso derivaría en una “antinomia” si para ello también se creaba un acuerdo ministerial, “por ese motivo hemos propuesto −a la Presidencia− una reforma al reglamento”, dijo.

La distribución, adicionalmente, ha sido señalada por "inequitativa y centralista", pues más del 50 % de los recursos se concentran en la Sede de la CCE −que preside Camilo Restrepo, un excolaborador de Pérez−, lo cual ha generado la protesta de varios núcleos de la institución que fundó Benjamín Carrión en 1941. Además de un estado de crisis en algunas ciudades del país.

En octubre de 2019, el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) aprobó el juicio político contra el escritor, que presidió la CCE hasta 2017, y que estuvo al frente del MCyP durante poco más de dos años. Hace dos meses, la mesa de Fiscalización de la Asamblea −con unanimidad de los nueve legisladores− recomendó al Pleno que proceda con el juicio propuesto por los asambleístas Lira Villalva y Juan Cristóbal Lloret.

Los parlamentarios tomaron en cuenta las conclusiones del informe sobre su primera comparecencia, en el cual se señala que “la inequidad en la distribución de los recursos atentaría contra el derecho de los ecuatorianos de acceso a la cultura y de los gestores culturales, e impediría un adecuado mantenimiento de la infraestructura administrativa y patrimonial de las provincias”.

El proceso del juicio político

La convocatoria al juicio está prevista para las 14:00 de este miércoles 15 de enero de 2020. Raúl Pérez Torres ejercerá su derecho a la defensa por el lapso máximo de tres horas, según el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Luego los asambleístas interpelantes tendrán dos horas para ejercer su función, antes de que el exfuncionario los replique, para lo cual tendrá una hora adicional.

César Litardo, presidente de la Asamblea, declarará abierto el debate en ausencia del enjuiciado, con intervención de los asambleístas, de diez minutos cada una. De no presentarse al término del debate una moción de censura, se archivará la solicitud.

En caso contrario (artículo 131 de la Constitución) se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del parlamento, con excepción de las ministras o ministros de Estado y los miembros de la Función Electoral y del Consejo de la Judicatura. Es decir, las dos terceras partes, conforme lo determina el artículo 84 del articulado que norma la Función Legislativa. (I)

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