Solo los funcionarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana  Benjamín Carrión (CCE) podían ingresar a la casona de la institución la mañana del viernes pasado, en Quito. El presidente de la entidad, Camilo Restrepo,   ordenó que los guardias impidieran el acceso de personas que no se identificaran para evitar que los rumores de una ‘toma’ por la fuerza  de su despacho se concretaran.

Fue un día nublado, tenso  para la cultura pese a las fiestas de la ciudad que obtiene la mayor parte de recursos de la CCE destinados a fomentar las artes y la cultura.

La acción de hecho no ocurrió y, al no poder salir de su oficina, el director del Núcleo Pichincha de la CCE, Francisco Ordóñez, habló de un ‘secuestro’. Lo hizo en su oficina, la cual funciona junto a la Dirección Administrativa y de Compras Públicas de la CCE, a 15 metros del despacho de Restrepo.

“Una pared redujo el espacio que teníamos”, contó a este diario Luis García, secretario de Ordóñez. Ambos trabajan en un equipo conformado por 15 personas, en un sitio que no sobrepasa los 40 metros cuadrados.

Las diferencias entre la sede nacional de la Casa de la Cultura, que encabeza Restrepo, y el Núcleo Pichincha empezaron cuando los candidatos se presentaron para la segunda, la cual funciona por mandato legal: su existencia está avalada en la Ley Orgánica de Cultura,  aprobada por la Asamblea Nacional a fines de 2016.

La CCE tiene 24 núcleos, uno en cada provincia de  Ecuador, los cuales serán “ejecutores” de las políticas públicas que elabore el Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCyP), dice la ley. Este último es el “ente rector” de la cultura, mientras que la sede nacional de la Casa será Coordinadora de los Núcleos.

En la oficina de Ordóñez, hace tres días, hubo una sesión extraordinaria de su Directorio -en la que intervinieron él, Paulina Izurieta, García y Alejandro Salguero, secretario jurídico del MCyP- para planificar lo que realizarán con las extensiones de la CCE en Pichincha, explicó Ordóñez, quien dijo que tampoco le permitieron salir de su oficina. “Eso fue un secuestro, un atropello que vulnera mis derechos”, indicó el comunicador, quien describió la situación referida como “desagradable” y que terminó después de una hora de espera, cuando Restrepo llegó a su oficina, a las 11:00.

La comunicación entre la sede y el núcleo se da con normalidad en la capital, coincidieron ambos funcionarios, pese al altercado. “Esto desdice el trabajo cultural que hacemos en esta institución”, expresó Ordóñez, quien se desempeñó como director de Comunicación de la CCE en la gestión de Raúl Pérez Torres, actual titular del MCyP.

“No se cumple con la Ley de Cultura, que determina que el Núcleo de Pichincha y la nueva estructura administrativa de la CCE tenía que estar operativa hasta el 30 de marzo de 2017”, se quejó Francisco Ordóñez, quien considera que el reglamento de ley tampoco se ha aplicado y que no hay autonomía, pues “operamos los recursos asignados por el Ministerio de Finanzas, a través de la sede, es decir siguiendo el modelo anterior”.

En cuanto a los presupuestos, la proforma del núcleo que dirige Ordóñez fue de $ 2’500.000 para el último cuatrimestre de este año. El cálculo se basó en el articulado, el cual dispone que la dependencia manejará los fondos destinados a la provincia por la antigua matriz de la CCE en 2016 que, en total, administró $ 11’000.000 para los 23 núcleos.

Pero $ 251.000 es la cifra que maneja el equipo de Ordóñez a través de una autorización expedida por la sede nacional. “Si hasta el 15 de diciembre no se regulariza esta situación, 2018 será un año en que tengamos que pasar por lo mismo”, considera Ordóñez, quien no ha legalizado las compras públicas de servicios para activar el Núcleo de Pichincha.

En su última reunión -el pasado 30 de octubre-, la Junta Plenaria de la CCE decidió que hasta el próximo 30 de diciembre se regularicen las extensiones de los núcleos. El 25 de noviembre pasado, el Ministerio de Educación entregó una edificación en Machachi. El resto de dependencias están en otras 10 parroquias de la provincia.

Camilo Restrepo, en su despacho, ratificó que recibió una llamada telefónica con el rumor de una “toma” forzada de su oficina. “Dispuse que solo ingresen funcionarios del Núcleo de Pichincha y de la sede nacional para evitar conflictos”, señaló. “Ellos (funcionarios del núcleo) quisieron sacar mesas y escritorios para decir que no los dejan trabajar, en el empeño de generar circunstancias que llamen la atención porque no están empoderados de sus funciones después de seis meses de accionar”.

Restrepo dio el nombramiento a Ordóñez para que tenga una partida presupuestaria como empleado público de la CCE, al igual que a García. La gestión se hizo en los ministerios de Trabajo y Finanzas, consta en la documentación que archiva la CCE.

Sobre el espacio que requiere el Núcleo de Pichincha de la casa, Restrepo dijo que “no debieron hacer contrataciones si iban a seguir en un espacio pequeño. Ellos tienen la llave de la plataforma que las Naciones Unidas construyó para el Hábitat III, ¿por qué no la habilitan, usan ese espacio?”, cuestionó. En el reglamento de la ley no se dispone su lugar de acción en Pichincha, pero se establece que los recursos de la cultura deberán distribuirse entre los 24 núcleos (art. 140). “Es una actitud infame que dejen a la sede sin un centavo”, concluyó Restrepo.

Ley de Cultura podría  reformarse en enero de 2018

El Registro Único de Artistas y Gestores Culturales (RUAC) contiene la lista de ciudadanos que pudieron acceder a los Fondos Concursables que entregó el Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCyP) el viernes pasado. Estar inscrito en este mecanismo fue uno de los requisitos para aprobar los incentivos pese a que Raúl Pérez Torres (ministro de Cultura y Patrimonio) y Francisco Ordóñez (presidente del Núcleo de Pichincha de la CCE) no están de  acuerdo con el proceso que se sigue para la aprobación de los postulantes.

Pérez Torres presentó una propuesta de reforma al Reglamento de la Ley Orgánica de Cultura al presidente de la República, Lenín Moreno, hace cuatro meses. El reglamento de ley vigente fue aprobado en mayo de 2017, en la presidencia de Rafael Correa, y publicado en el Registro Oficial el 6 de junio.

Entre las reformas propuestas también están las que disponen quiénes serán miembros de la CCE que, según la Ley Orgánica de Cultura aprobada en 2016, deben constar en el RUAC.

Sobre sus funciones de coordinación en la CCE desde la sede nacional, Restrepo dice que trabajaría con los elencos nacionales que deberán crearse por mandato legal. “Daremos directrices generales”, explicó en entrevista con EL TELÉGRAFO: “hay territorios en los que no actúan los núcleos provinciales, pero la sede sí tendrá esa capacidad. El Teatro Nacional, por ejemplo, es de la sede nacional, pertenece a todas las provincias y a la institución”.

En agosto de este año la creación del núcleo pichinchano de la CCE fue comparada por Pérez Torres con la de un “núcleo del Banco Pichincha para esta provincia”. Para el funcionario, el nuevo organismo cumpliría las funciones que ya tiene la sede nacional concebida como matriz. “Solo estaría de acuerdo con un núcleo que esté en los extremos de la ciudad”, dijo en una entrevista radial. En 2018 el Poder Ejecutivo se pronunciaría sobre las reformas solicitadas a la Ley de Cultura, cuya aprobación tomó una década a los asambleístas. (I) et