Con 35 años, Andrés Arauz Galarza, quiteño de nacimiento (1985), tiene una licenciatura en Matemáticas y Economía en la universidad de Michigan, Estados Unidos, una Maestría en Economía del Desarrollo en la Flacso (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) y postula al doctorado en Economía Financiera, por la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Domina lenguas como el francés, inglés y ruso, logró una plaza en el Banco Central del Ecuador en 2009, a través de un concurso de méritos. En el segundo mandato de Rafael Correa fue designado como subsecretario de la Secretaría de Planificación y Desarrollo (Senplades). 

En el 2015 el mismo presidente Correa lo escogería para ser ministro del Conocimiento y Talento Humano, puesto desde donde dirigiría la coordinación y supervisión de la ejecución de políticas, programas y proyectos de los ministerios de Educación, Cultura, Educación Superior, Ciencia y Tecnología. 

No registra actividad económica en empresas o sectores privados de la economía, pues su única trayectoria ha sido en el sector público. 

Al final de ese gobierno se retira del servicio público y forma parte del Observatorio de la Dolarización y desde allí se ha mantenido alejado de la actividad política hasta que Rafael Correa lo designó como candidato vicepresidencial en binomio con él, pero al no ser aceptado por el CNE, Arauz estará en la papeleta con el periodista Carlos Rabascall. 

En aquella producción de bienes y servicios en donde no se compromete la vida, derechos o necesidades básicas, es
necesario para reactivar la economía que los mercados sean verdaderamente dinámicos y menos explotadores, lo cual
requiere el diseño de políticas de competencia que faciliten el acceso a los recursos productivos —incluidos los factores
de producción más importantes, como el conocimiento y la tecnología— y restrinja las prácticas de competencia desleal.

El fortalecimiento de la competencia fomentará tanto la innovación y el desarrollo tecnológico como la reducción de la
desigualdad.

Es preciso fortalecer los mecanismos de protección de los consumidores, con políticas como la extensión de la protección a la transparencia de los contratos, así como la prohibición de las cláusulas abusivas y la proscripción de las cláusulas
de arbitraje. El Estado deberá establecer mecanismos expeditos, eficientes y gratuitos para la resolución de conflictos
derivados del abuso a los consumidores.

También hay que democratizar el acceso a los recursos financieros mediante un fortalecimiento de la banca pública y las
finanzas populares como motor de la inversión nacional. Y otra acción urgente es disminuir de manera generalizada las
tasas de interés activas en el país, en todos sus segmentos, con especial énfasis en los créditos a las microempresas que
desempeñan actividades productivas, en detrimento del crédito de consumo suntuario.

Por otra parte, hay que proteger a los sectores articulados a la economía popular y solidaria y fortalecer su posición en el
mercado. De manera complementaria, a través del SENADI, hay que divulgar las tecnologías en dominio público, es
decir, las patentes vencidas o vigentes en otros países, pero que no son sujeto de protección en el Ecuador, para el fortalecimiento del sector tecnológico nacional. Y así se apoyará a MIPYMES y actores de la economía popular y solidaria en el uso de las herramientas de gestión del conocimiento, para que optimicen la tecnología divulgada.

Un sector históricamente relegado es el campo; hay que impulsar especialmente a la agricultura familiar y campesina. Para ello es imprescindible crear institucionalidad para la soberanía alimentaria, desarrollar una institucionalidad propia
para la acuacultura y pesca, establecer una política nacional de comercialización, distribución y almacenamiento.


De la misma manera, hay que impulsar la agregación de valor y la agroindustria; reducir la dependencia tecnológica en
las cadenas productivas nacionales; desarrollar las fuerzas productivas con equidad territorial, desde una perspectiva
de cadenas de valor; e impulsar una agenda de la calidad que fomente el acceso a nuevos mercados de exportación y haga
sostenible el consumo en el Ecuador.

Fundamental, en este marco se debe implementar una reforma tributaria progresiva que paguen más los que más riqueza
tienen, elevar los niveles de liquidez en le economía a través de elevar el coeficiente de liquidez doméstica, incentivar la
repatriación de capitales otorgando beneficios a los empresarios que lo hagan, poner los dólares en “cuarentena” evitando la fuga de divisas, salvaguardias cambiarias, sobretasas arancelarias permitidas por la Organización Mundial del Comercio, para asegurar que la liquidez se recicle internamente varia veces.

Asimismo, se generarán los mecanismos para redirigir la liquidez a donde requiera la economía, a través de sobregiros, títulos del Banco Central, dinero electrónico con el fin de resguardar la dolarización y mantener sano el sistema de pagos. Tal liquidez buscará poner el dinero en los bolsillos de los ecuatorianos para enfrentar la crisis (ej. Pagar a médicos, docentes, proveedores) y así poner nuevamente en marcha la economía.

Ya en su plan de gobierno Arauz ha expresado varias veces su idea de retomar el concepto de billetera electrónica, más aún en esta situación de emergencia sanitaria y distanciamiento social. Como propuesta de política económica, considera que se debe retomar el dinero electrónico para que los pagos y transacciones se puedan hacer electrónicamente, promoviendo la participación ciudadana y lo que él llama la democratización económica. 

Se autodefine como pos keynesiano (teoría económica de Jhon Keynes, economista inglés 1883-1946: Teoría general del empleo, el interés y el dinero) dice ser un progresista y demócrata y cree que el Estado debe tener un rol protagónico en la vida de los ciudadanos; está convencido además del concepto de la economía social y solidaria. Afirma que el Ecuador sí tiene recursos fuera del país y parte de su plan económico será el de repatriar esos capitales para que sirvan en el desarrollo del país. 

Serían 30 mil millones de dólares en diferentes países y según su teoría, dinero que tendría el propio Estado ecuatoriano en bancos de Suiza, unos 6 mil millones de dólares que tendrían un grupo de los más grandes bancos del Ecuador, lo que puede ser repatriado mediante resoluciones del Banco Central e inyectarse en capital de trabajo para pequeñas y medianas empresas. 

Finalmente, unos 21 mil millones de dólares que tendrían los grandes grupos económicos en varios países, que según su teoría usarían la técnica de subfacturación y sobre facturación que, mediante buenos controles, políticas de cruce de información, evitará desde su gobierno que sigan saliendo o que retornen a la economía. 

Sobre la relación con organismos internacionales como el FMI, piensa que evaluar el estado de la deuda y conversar con los funcionarios del organismo, será una prioridad para estabilizar la economía. 

Ante un eventual triunfo de UNES y él como presidente electo, no dará una amnistía a su mentor Rafael Correa, pero si considera que la justicia está politizada y que, con la misma justicia a nivel nacional e internacional, se deberá presentar nuevos recursos, para que la propia justicia se encargue de resarcir, lo que ja su juicio fue ilegal e injusto, por ello no será necesaria la amnistía presidencial. 

La prioridad de su gobierno, será la reactivación económica, la salud de los ciudadanos y la implementación de nuevas infraestructuras; para ello impulsará el comercio electrónico, la simplificación de los trámites y servicios públicos. 

En el presente, miles de ecuatorianos hemos sido víctimas de una justicia selectiva que ha actuado al margen del principio
del debido proceso, con retardo y trabas en unos casos y celeridad procesal en otros, en negligencia, denegando la justicia, abusando del derecho, quebrantando la ley, con mala fe procesal, litigio malicioso y temerario, afectando la dignidad
de las personas, la naturaleza del proceso judicial y alterando la convivencia social pacífica.

Hemos visto con estupor cómo el sistema de justicia ha sido tolerante frente a las prácticas corruptas que de manera recurrente han denunciado ciudadanos y ciudadanas por diversos medios, protegiendo a los corruptos y corruptores, que
así han tomado ventaja para transgredir las leyes y apropiarse de ingentes recursos públicos.

Urge recuperar la capacidad constitucional para limitar el poder y someter sus actuaciones al marco de los derechos, las
normas y las relaciones democráticas. Apremia fortalecer las instituciones de justicia y avanzar en el cambio de la cultura
jurídica, para que los procesos judiciales sean el medio para la protección del más débil y dejen de ser la puerta giratoria
para negociar los principios y valores democráticos, la dignidad de las personas y el destino del Ecuador.

Una sociedad justa es aquella que otorga el mismo trato a todas y todos los ciudadanos frente a la norma jurídica y las
instituciones que la rigen, a la vez una que es sensible a las desigualdades y diferencias, adoptando medidas orientadas a
equilibrar situaciones de desventaja o discriminación preexistentes.

Esto implica tanto la eliminación de los privilegios de los poderosos como la inclusión social y la eliminación de la discriminación de los históricamente excluidos. El Derecho y la Administración de Justicia pueden ser vías de transformación y profundización de la democracia, cuando tienen estos objetivos en su mira.

Para eso es necesario despolitizar la justicia y desjudicializar la política tomando acciones para recuperar la independencia de la Función Judicial y la Fiscalía para que cumplan con su función de sancionar delitos y no personas; condenar la
utilización de la justicia como un mecanismo de persecución política, así como la aplicación del derecho penal del enemigo
y el populismo legal.

Hay que garantizar el principio de independencia de las Funciones del Estado y generar las condiciones desde la ciudadanía para un Pacto por la Justicia Independiente, en donde la Corte Constitucional, el Tribunal Contencioso Electoral, la
Función Judicial y sus órganos jurisdiccionales, administrativos, auxiliares y autónomos asuman el compromiso irrestricto de cumplir con efectividad y probidad la garantía de que los procesos judiciales se resuelvan en apego a las normas
constitucionales, convencionales y legales, y a los procedimientos y tiempos judiciales correspondientes.

Es necesario promover legislación para evitar la intromisión de los poderes fácticos, incluidos los poderes mediáticos, en
la administración de justicia; promover legislación que garantice la independencia interna de la Función Judicial, equilibrando las atribuciones sancionatorias del Consejo de la Judicatura frente a la facultad jurisdiccional del juez; y apoyar
a la Función Judicial en el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Consejo de la Judicatura que aseguren la
transparencia y la meritocracia en los procesos de selección, evaluación y promoción de los jueces y demás servidores judiciales; así como la transparencia y debido proceso en su régimen disciplinario.

También es urgente luchar contra la corrupción, comenzando por acordar un pacto ético de toda la sociedad para fortalecer nuestros principios de convivencia social guiados por el bien común. Hay que promover una cultura anticorrupción
a través de políticas de prevención, fortalecimiento institucional y apoyo a su sanción justa y socialmente efectiva. Y
será necesario desarrollar políticas para la erradicación de la corrupción sistémica en el ámbito público, tales como la selección, evaluación y promoción transparente y meritocrática de los servidores públicos; cumplimiento de los principios
constitucionales de los servicios públicos; realineamiento de incentivos para la modificación de las conductas individuales;
protocolos de actuación; mejora de los sistemas de información; un adecuado control y rendición de cuentas.

Si bien la injusticia es un fenómeno multi-causal, una de sus raíces se hunde justamente en los desequilibrios históricos y estructurales: entre mujeres y hombres; entre mestizos e indígenas, negros, montubios y otros grupos excluidos; entre generaciones jóvenes y generaciones mayores, etc. Estos desequilibrios se originan con frecuencia en los estereotipos, así como en la inequidad y discriminación que traen consigo.

Estas inequidades aumentan los riesgos de que mujeres y otros grupos excluidos sufran abuso, relaciones violentas y explotación, debido a la dependencia económica, la diferencia de oportunidades, la brecha salarial, y las dinámicas de poder y subordinación que aún imperan en muchas relaciones sociales (de pareja, familiares, laborales, políticas, mediáticas, etc.).

El menoscabo general, además, se hace evidente en el abandono de la agenda neoliberal de la cuestión social, que se ha traducido en falta de políticas de prevención integral de las violencias, en el relegamiento de programas significativos especialmente en las áreas de salud y educación, en la ausencia de financiamiento de actividades estratégicas para asegurar el goce pleno de los derechos de ciudadanía a la población femenina y a otros grupos excluidos.

En el período neoliberal la justicia igualitaria ha menguado también por un conjunto de razones entre las que sobresale el terrible deterioro económico, que afecta a los hogares, la pérdida de empleo, el incremento de la violencia en todos los órdenes de la existencia, la discriminación en el mercado laboral y los procedimientos institucionales violentos. Esto ha aumentado las asimetrías producidas por el sistema patriarcal, que impone el machismo y los imaginarios de la blanquitud como aspiraciones normativas de una sociedad alienada de su propia realidad.

En el fondo, el rechazo institucionalizado de la diferencia es una condición necesaria para el régimen neoliberal: cuando lo único que importa es la ganancia los diferentes son solo vistos como el ejército de explotación de reserva. Como miembros de este sistema, todos hemos sido condicionados para responder con temor y rechazo a las diferencias: o bien se trata de ignorarlas, o se pretende asimilarlas suprimiendo su diferencia, o simplemente se destruyen. 

Será una prioridad luchar contra la discriminación y violencias de todo tipo. Para ello se implementará un Plan de Lucha contra las Violencias y Discriminación, y se crearán Observatorios contra las Violencias de todo tipo, así como refugios, redes de prevención, capacitaciones, entre otras.

También se fortalecerán los mecanismos de concepción, planificación y ejecución de las políticas públicas con perspectivas inclusivas, y articulación de acciones con los respectivos Ministerios y la sociedad civil. En coordinación con las instancias correspondientes, se asumirá la obligación de realizar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencias de género y otros tipos de violencias, que incluye el deber de contar con un marco jurídico adecuado de protección.

Otro asunto fundamental, que ha cobrado relevancia durante la cuarenta, es la economía de los cuidados. En el presente es imprescindible desarrollar legislación para definir los cuidados como un derecho fundamental y una responsabilidad social inseparable de la vida misma, y que garantice su acceso y su provisión de manera universal a partir de una dotación presupuestaria suficiente y de unos servicios públicos adecuados. 

Esto requiere crear un Sistema Nacional de Cuidados que garantice la autonomía funcional de las personas que lo requieran sin que su peso recaiga en los cuidados informales de otros miembros de la familia.

El modelo neoliberal, además de sus limitaciones éticas y políticas, tiene limitaciones ecológicas: es insostenible, irracional y autodestructivo. En el centro de la visión neoliberal está la noción de desarrollo como crecimiento económico infinito, que desconoce los límites del sistema natural y conlleva alteraciones, en muchos casos irreversibles, en los ciclos fundamentales que sostienen la vida en el planeta.

De ahí se derivan los grandes problemas ambientales globales que han dado lugar a una crisis de civilización: calentamiento global, pérdida de la biodiversidad, degradación de los ciclos del agua, alteración de la vida marina, y un conjunto de otros problemas asociados, como es el caso de las enfermedades virales que afectan gravemente la salud humana (por ejemplo la pandemia de coronavirus).

El sueño de cambiar el cauce autodestructivo que impone el modelo neoliberal implica un cambio en las relaciones de poder y la posibilidad política de sostener un proceso de modificación sustantiva de la matriz energética vigente, que es predatoria de los recursos naturales y devasta el medio ambiente. Es una predicción científica confirmada: o reducimos drásticamente, y pronto, las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero, o los efectos del cambio climático serán irreversibles.

Contrarrestar la tendencia destructivas del neoliberalismo implica una política responsable que adopte como premisa la justicia ecológica con un paradigma alternativo, como el que se planteó el pueblo ecuatoriano con la recuperación de la visión de los pueblos originarios que se resume en el buen vivir o sumak kawsay, que abre el cauce de las transformaciones profundas que requieren nuestro país y nuestro planeta si queremos sobrevivir.

En una sociedad ambientalmente justa se debe recuperar el equilibrio de las vidas; es decir, la armonía entre los seres humanos, no humanos y la naturaleza. No habrá justicia ambiental sino se pone en el centro del debate la necesidad de garantizar los derechos de la Pacha Mama. Así mismo el derecho al acceso a la tierra y los recursos hídricos, y la protección de los productores agrícolas que dan el sustento de soberanía alimentaria que es imprescindible para el país. De esta forma, y en el marco de la justicia transnacional e intergeneracional, la justicia ambiental defiende al medio ambiente en tanto bien común de toda la humanidad.

Nuestro país tiene condiciones únicas por su biodiversidad y esto abre una posibilidad para convertir al país en una potencia científica para ser vanguardia en la lucha mundial contra el cambio climático y la producción de energías renovables y tecnologías verdes. Ecuador puede y necesita hacerlo. Pues no se trata solo de rescatar el planeta, sino también de crear cientos de miles de empleos de calidad mediante la transformación de la matriz energética del país.

Como parte de esta gran transformación para la justicia ecológica y la transición energética proponemos fortalecer el Ministerio del Ambiente para que cumpla efectivamente su rol como garante de los principios ambientales y los derechos de la naturaleza incorporados en la Constitución de 2008.

También es necesario realizar un Plan de Emergencia para recuperar nuestro patrimonio natural y potenciar la biodiversidad; potenciar la ejecución de una Estrategia Nacional de Cambio Climático, articulando en el territorio las intervenciones para la adaptación y mitigación. Ahí se establecerán acciones para promover la reducción de emisiones de gases que contribuyen al cambio climático, y fomentar la sustitución, mediante productos ecuatorianos, de derivados del petróleo, plásticos y productos petroquímicos.

El cuidado de la naturaleza debe ir de la mano con la promoción de la transición energética. Para eso hay que garantizar
a todos los ecuatorianos el acceso a energía confiable y sostenible como un derecho humano fundamental. Esto implica
avanzar en el cambio de la matriz energética y productiva del Ecuador enfatizando en la demanda de energías alternativas
para incentivar el cambio de patrones de consumo. A la par, se establecerá un Plan Nacional de Movilidad Alternativa,
con políticas para incentivar la movilidad con energías limpias y tecnologías alternativas, con criterios de inclusión social.

Se retomará políticas de eficiencia energética como el de cocinas de inducción, importación y producción de autos eléctricos, entre otros. (I)