Mecanismos de control más rigurosos para evitar la evasión del impuesto a las herencias aceptó ayer la mayoría de la Asamblea Nacional, tras aprobar el proyecto de ley que regula el tema.

La norma no modifica la franja exenta ni la tabla de tarifas para el pago del tributo gravado a los incrementos patrimoniales provenientes de herencias, legados, donaciones, hallazgos y todo tipo de acto o contrato por el cual se adquiera el dominio a título gratuito de bienes y derechos existentes en el país.

El impuesto empieza a cobrarse con una tasa del 5% a partir de los $ 71.220 y grava con 35% a montos que van desde $ 854.630 en adelante.

La misma tabla aplica para quienes protegen sus bienes a través de fideicomisos y otras figuras jurídicas con el objetivo de evadir. “Si se utilizan fideicomisos o fundaciones para esconder el patrimonio, y muere el causante y eso está destinado a los herederos o legitimarios, entonces se tiene que pagar el impuesto de la misma manera que pagan todas las personas a quienes les corresponde hacerlo”, precisó Virgilio Hernández (AP).

Según cifras oficiales, 3 de cada 1.000 ecuatorianos reciben herencias. Y de cada 100 mil ciudadanos 3 reciben más de $ 50.000.

La ley se aprobó con 91 votos a favor, entre los cuales constan asambleístas de oposición como Franco Romero (PSC-MG), quien reiteró su apoyo al objetivo de la normativa.

Agregó que las personas que evaden son “los más ricos, los que tienen capacidad económica para poder constituir fideicomisos en paraísos fiscales”. Los fondos serán destinados a becas para grupos de atención prioritaria del quintil más pobre, grupos étnicos e hijos de migrantes.

En promedio, por el impuesto a la herencia, se recaudaban $ 9 millones al año; sin embargo, en 2015, se recaudaron $ 28 millones, por las confusiones generadas tras el anuncio que hizo el Presidente de la República. Con la nueva ley se proyecta llegar a $ 15 millones. (I)